El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado por terminada
la investigación sobre el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que
se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún
(Guipúzcoa) y ha preguntado a la Fiscalía y al resto de partes
personadas si debe volver a procesar a los tres imputados, archivar la
causa o realizar nuevas diligencias.
Así consta en una
providencia dictada por el juez instructor este lunes en la que pide al
fiscal Carlos Bautista que valore "los indicios existentes" respecto del
exdirector general de Políca, Víctor García Hidalgo, el exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, e interesen "las diligencias adicionales que estimen pertinentes".
El
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que han sido
"verificadas la totalidad de las diligencias en cumplimiento de lo
dispuesto" por el auto que el Pleno de la Sala de lo Penal dictó el
pasado 3 de noviembre y en el que revocaba el procesamiento de los tres imputados y le ordenaba "agotar la investigación".
En
la causa, abierta por el juez Fernando Grande-Marlaska en 2006, se
atribuye indiciariamente a los imputados un delito de colaboración con
organización terrorista y otro de revelación de secretos, aunque la
Fiscalía pidió en septiembre de 2011 que se remitiera a un juzgado de
Irún por considerar que los hechos únicamente podían ser tipificados por
este último delito o el de encubrimiento.
Según la tesis de
la Fiscalía, basada en el informe de conclusiones del jefe de la
investigación, Ballesteros se habría desplazado hasta el 'Faisán' para
entregarle un móvil a su dueño, Joseba Elosua, al que Pamies habría
comunicado la existencia de una operación policial contra ETA. Los
hechos se produjeron mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero llevaba a cabo un proceso de negociación con la banda
terrorista.
Diligencias consumadas
Ruz realiza esta
petición a la Fiscalía tras dar traslado del informe definitivo de
conclusiones que realizó la Guardia Civil, que apuntaba a Pamies y
Ballesteros como autores de la delación y descartaba que la misma
hubiera podido ser realizada por el jefe del equipo de investigación,
Carlos Germán.
Entre las diligencias practicadas por el juez
instructor también se encuentra un nuevo interrogatorio a Elosua, que el
pasado 26 de marzo contradijo la versión que ofrecieron los imputados
sobre la hora en la que se produjo el soplo.
El auto de la
Sala de lo Penal, cuyo fallo se adelantó el pasado 21 de
septiembre, destacaba que la instrucción judicial presentaba
"inconsistencias relevantes" y que se debían llevar a cabo diligencias
"complementarias o de contraste" ajenas a la tesis del equipo
investigador. Los indicios contra los imputados, según la Sala, no
eran "suficientemente firmes". "Si el cimiento falla, se desmorona el
resto del edificio", decía la resolución.
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