la medida forma parte de la privatización impulsada por el ministerio del interior
Los agentes de la Guardia Civil siguen haciéndose cargo de las cámaras de seguridad y de controlar el perímetro
El Ministerio del Interior pondrá en marcha a partir de octubre el plan
de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones,
unas tareas que asumirán vigilantes privados.
pamplona. En la recién
estrenada cárcel de Pamplona, sin embargo, el control de acceso ya es
una labor que corre a cargo de trabajadores del sector de la seguridad
privada, entre ellos algún escolta que ha dejado de proteger a personas
amenazadas por ETA.
En los plantes de Interior figura que los vigilantes privados
sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil
en trabajos auxiliares como la vigilancia del perímetro exterior o el
control de las cámaras de seguridad. En ningún caso, estos refuerzos se
destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores
propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles. Además, el
mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios seguirá
estando a cargo de agentes del Instituto Armado.
En el caso del centro Pamplona I, inaugurado a principios del
pasado mes de junio, la función de controlar el acceso al recinto ya
está en manos de vigilantes de seguridad privados. En concreto, y
repartidos en dos turnos, un vigilante, acompañado por un funcionario de
Prisiones, además de un auxiliar de seguridad, son los responsables de
filtrar la entrada a la prisión que se ubica en la colina de Santa
Lucía.
Esta labor era desarrollada por agentes de la Guardia Civil en
la vieja cárcel del barrio de San Juan, que en las nuevas instalaciones
siguen haciéndose cargo del control de las cámaras de seguridad, de las
alarmas exteriores y del control del perímetro, con rondas periódicas
en vehículo.
escoltas privados El
ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ofreció esta vigilancia
auxiliar en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados
contratados en Navarra y la CAV que desde el pasado mes de marzo se
quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación
de los servicios de protección. Entre el personal que trabaja en el
control de acceso de la nueva cárcel de Pamplona se encuentran alguno de
estos escoltas.
La medida, después de iniciarse en estas comunidades,
posteriormente se ha extendido al resto de escoltas con el objetivo de
optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación
que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese
de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.
Además, Interior justifica el programa de reubicación de
escoltas en el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez
activadas, jamás se desactivaban, lo que había motivado que el número de
protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los
últimos años. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas
privados en la CAV y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas
dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200
personas.
En un principio, los escoltas de estas comunidades ofrecieron
sus servicios para proteger a las víctimas de violencia machista en
situación de riesgo extremo, pero el propio ministro explicó en su
comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado 20 de
marzo que de momento no era posible porque las competencias en esta
materia están transferidas a las comunidades autónomas.
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