Los recortes dejan la cárcel con menos de 500 funcionarios hasta el año 2014

En riesgo el trabajo de 45 guardias civiles de León por privatizar la seguridad de Mansilla

Los sindicatos de prisiones ya mostraron su temor el pasado enero de que las plazas que quedaran vacantes por jubilación o porque pasaran a segunda actividad no fueran cubiertas en la cárcel de Mansilla de las Mulas, un temor que parece haberse confirmado tras el anuncio de paralización de las oposiciones hasta el año 2014. Con esta perspectiva, los recortes dejarán a la prisión leonesa de Villahierro con menos de 500 funcionarios, al menos, durante el presente y el próximo ejercicio.
Las organizaciones sindicales advierten de que tanto las jubilaciones, como los cambios de destino y la congelación de oferta de empleo público dejarán al centro penitenciario en una situación “muy precaria”, según recoge Radio León. En la actualidad, son cerca de 510 los funcionarios de prisiones –incluidos el personal laboral– que trabajan en el penal de Mansilla, que cada año suele registrar una media de veinte plazas que quedan vacantes por jubilación o porque los funcionarios pasan a segunda actividad (trabajadores con más de 25 años de servicio en vigilancia y que pasan a realizar tareas de oficina).
De momento, los sindicatos ya hablan de déficit en la cifra de funcionarios que serán menos del medio millar cuando se materialicen próximamente los trasladados. Desde Acaip, informa Radio León, estiman que serán unas 15 bajas las que se produzcan este año, mientras que en 2011 la cifra fue de 18 vacantes por jubilación, ya que no hay que olvidar que la edad media de los trabajadores de Mansilla es elevada y la paralización de oposiciones impide el relevo generacional.
El secretario general de Acaip, Valentín Llamas, indica que si los 510 trabajadores actuales a tres turnos ya resultan escasos para los cerca de 1.200 internos, la situación se tornará aún más complicada cuando los funcionarios sean menos de 500 en el penal leonés.
Por otro lado, el nuevo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, también ha dado instrucciones para cerrar la piscina que usaban los presos en verano, si bien Llamas recuerda que fue Yuste quien inauguró hace trece años la cárcel de León con piscina.
A las criticas de los sindicatos de prisiones, también se suman las de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que advierte de que el trabajo del destacamento formado por 45 guardias civiles y encargado de la seguridad en la prisión de Villahierro puede correr peligro ya que la intención del Ministerio del Interior es poner en marcha partir de octubre el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos cerca de 400 escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.
Los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de guardias civiles –sin especificar– en trabajos auxiliares como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios –que aún no se han dado a conocer– o el control de las cámaras de seguridad. En todo caso, desde Interior añaden que estos refuerzos no se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles y el mando del servicio de vigilancia seguirá a cargo de los agentes del Instituto Armado.
Desde AUGC rechazan esta privatización de la seguridad pública y aseguran que habría que haberse planteado un nuevo modelo policial puesto que el actual es “altamente costoso” con duplicidad de unidades y que no ha logrado la plena colaboración entre la Policía y la Guardia Civil; por último, insisten en que la privatización de la seguridad en las cárceles se está desarrollando sin ninguna consideración hacia los guardias civiles a los que no se les ha notificado nada y aún desconocen si la medida afectará a Mansilla.