El Ministerio del Interior ha puesto ya fecha para comenzar a privatizar
la seguridad de los ciudadanos. A partir de octubre entraran en las
prisiones a hacer el trabajo de los guardias civiles las empresas
privadas de seguridad.
Desde que AUGC tuvo conocimiento de la intención del Ministerio de
acometer esta privatización la Organización ha dejado muy clara su total oposición a esta medida, no sólo porque supone un primer paso para comenzar a desmantelar la “seguridad pública”,
sino porque “se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que
afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y
libertades de todos los ciudadanos españoles”.
Para AUGC se acomete una privatización cuando antes
habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que “supere el
patrón arcaico” con el que contamos en la actualidad. Un modelo que,
para la Asociación de Guardia Civiles, es altamente costoso,
con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la
plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de
Seguridad del Estado: Policía y Guardia Civil. Por lo que AUGC considera
prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se contemple
la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
Da la sensación de que este gobierno y este ministerio del Interior
han vuelto a recuperar la famosa premisa del que fuera delegado del
gobierno en Madrid, Francisco Ansuátegui, que pasará a los anales
políticos por su frase “quien quiera seguridad que la pague”.
AUGC no va a aceptar “que se juegue con la seguridad de todos” los
ciudadanos, “que son además los que la pagan con sus impuestos”. Y
espera que esta privatización no sea el primer paso hacia una privatización a gran escala de la seguridad ciudadana, porque para AUGC con la seguridad de los españoles ni se hace política ni se juega.
AUGC denuncia también que esta privatización de la seguridad en las cárceles se está llevando a cabo sin ningún tipo de consideración hacia los trabajadores –los guardias civiles-, a los que a día de hoy, no se les ha notificado de manera oficial ningún tipo de información sobre esta reforma,
de la que son actores principales. Pero además pretenden ponerla en
marcha en el mes de octubre cuando el nuevo curso escolar ya ha
comenzado. Esto supondrá además, a razón de la AUG, de “un grave
perjuicio laboral para los agentes, una total falta de respeto y
consideración hacia sus familias, a las que les podría suponer hasta un
cambio de domicilio.” Además, con esta decisión la Dirección General de
la Guardia Civil, más concretamente del DAO, “se va a faltar a la
palabra” dada a las asociaciones profesionales, a las que se aseguró que
el proceso de privatización se haría con el menor perjuicio a los
agentes y sus familias.
Interior sustituirá por seguridad privada a funcionarios y agentes...
uentes del Ministerio del Interior consultadas ayer no concretaron ni fechas ni nombres de prisiones. "Aún no se sabe porque se está perfilando", señalaron.
...
recortes del Gobierno y ante la imposibilidad de dar cobertura los
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