¿Cuándo piensa dar la cara Rubalcaba?

. HOY se cumple el tercer día desde que EL MUNDO destapó la existencia de una trama corrupta en el Ministerio del Interior en la etapa en la que Rubalcaba estaba al frente de este departamento. Los hechos, documentados por la Policía Judicial, podrían constituir delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias y falsedad documental. Pero además, los investigadores apuntan la posibilidad de que se haya espiado la sede central del PP. El fiscal está decidido a impulsar la investigación en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid aclare qué juzgado es el competente.
El líder del PSOE, conocido por su rapidez de reacción a la hora de exigir responsabilidades al Gobierno, evitó pronunciarse el lunes esgrimiendo todo tipo de excusas. Dijo que no conocía la información (publicada a cinco columnas en nuestra portada), que había dedicado el fin de semana «a ver Juegos Olímpicos», que al estar en Alemania no era el momento... Ante la insistencia, lógica por la gravedad del asunto, zanjó: «Tendremos tiempo de hablar de ello».
Sin embargo, tampoco ayer encontró Rubalcaba ocasión para dar explicaciones. La portavoz del PSOE en el Congreso tuvo que dar la cara por él. Visiblemente incómoda, Soraya Rodríguez se limitó a echar balones fuera. «Hasta ahora lo que hemos escuchado son declaraciones de dirigentes del PP que piden explicaciones», dijo, como si no existieran unos informes policiales y unas diligencias abiertas en un juzgado de Aranjuez. Es en esa ciudad madrileña donde está la sede social de Interligare, la empresa montada por quienes eran altos cargos del Gobierno en la etapa socialista y que está en el centro de la polémica.

Los nuevos detalles que vamos conociendo del caso son inquietantes. Hoy publicamos que los directivos de Interligare tuvieron abiertas durante tres meses las puertas del complejo policial de Canillas, sede de todas las brigadas centrales. Todo ese tiempo manejaron «información sensible» de las bases de la Policía, según detallan los investigadores. Tal privilegio les fue concedido para que elaboraran un informe sobre la Memoria Histórica encargado por Garzón, amigo de algunos consejeros de Interligare. La conclusión de ese trabajo es que hubo entre 130.000 y 150.000 víctimas del franquismo. Resulta sorprendente que una labor así tuviera que encargarse a una empresa privada en lugar de a la Policía. Por el informe se pagaron 100.000 euros. El presidente de la Audiencia Nacional también debería justificar ese gasto.

Ante la acumulación de datos comprometedores para Rubalcaba, los dirigentes del PP insistieron ayer en reclamarle una aclaración. El portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, pidió una «explicación política y pública». Cospedal, por su parte, ahondó en la tesis del espionaje. Dijo que los datos que ahora salen a la luz demuestran que las «sospechas» que denunció en su día de pinchazos telefónicos a dirigentes de su formación «no eran tan infundadas como se dijo».
Cada día que pasa, el silencio de Rubalcaba se vuelve más escandaloso. Ha llegado el momento de que la transparencia y ejemplaridad que prescribe a los otros se las recete a sí mismo.

epsimo y EL MUNDO