No habrá vigilantes jurados en el
interior de las prisiones. Instituciones Penitenciarias descartó ya
definitivamente la idea de que agentes privados sustituyan a algunos
funcionarios en el interior de los centros para rebajar costes, tal y
como propuso el pasado junio en una polémica comparecencia en el
Congreso el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa.
El
número 2 del Ministerio del Interior adelantó en aquella comisión que a
su departamento «no le quedaba más remedio que buscar alternativas» en
la «seguridad privada», ante a la imposibilidad de aumentar la plantilla
de funcionarios debido a los recortes. Así, aseguró, que estudiaba la
posibilidad de que agentes privados desarrollaran funciones dentro de
los centros como podía ser «mirar un monitor dentro de una cárcel».
Ulloa llegó a proponer la «contratación» de «ciudadanos con una mínima
formación» para realizar esas funciones y mejorar así la vigilancia de
los internos sin necesidad de convocar nuevos concursos públicos. Sin
embargo, ese proyecto, que desde el principio fue criticado en el seno
del propio ministerio, fue definitivamente enterrado. En una carta, el
secretario general de Instituciones Penitenciarias se compromete a que
los vigilantes jurados no entren en los centros. En la misiva —firmada
el pasado 10 de julio de puño y letra por Ángel Yuste y dirigida a
responsables de centros y representantes de los trabajadores— el máximo
responsable asegura tajante que «actualmente no existe iniciativa ni
proyecto que tenga por objeto sustituir a funcionarios de Instituciones
Penitenciarias por vigilantes jurados en la función de vigilancia
interior de los centros».
No obstante, en esa misma carta, Yuste
admite que Interior sí que está estudiando otras «alternativas
sostenibles» porque los recortes presupuestarios hacen inviable abrir
los nuevos centros «licitados y adjudicados por la anterior
administración» por la falta de personal.
Interior no descarta el
uso de agentes de seguridad en los perímetros exteriores, que son
vigilados por efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y no por
funcionarios de prisiones.
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