Vuelve ‘la Gandula’

Rubalcaba planteó la ilegalización de todo partido o plataforma que fomente el “odio ideológico” es, en su mera formulación, un ataque a las libertades constitucionales de los españoles y a sus derechos fundamentales.

Los regímenes totalitarios se han caracterizado por instituir unos sistemas de policía del pensamiento que abarcan desde el adoctrinamiento ideológico del individuo hasta la censura o la simple punición de la libertad de reunión y de expresión. La propuesta formulada ayer por Alfredo Pérez Rubalcaba en el marco de la Conferencia Política del PSOE, por la cual planteó la ilegalización de todo partido o plataforma que fomente el “odio ideológico” es, en su mera formulación, un ataque a las libertades constitucionales de los españoles y a sus derechos fundamentales.
En primer lugar, los españoles no hemos hecho una Transición democrática para que un Gobierno, arbitrariamente, nos diga lo que debemos pensar o sentir: una Constitución, precisamente, es nuestra defensa frente a la tentación intervencionista del poder político, también en el ámbito moral. En segundo lugar, con la propuesta de castigo al “odio ideológico”, se cae en una criminalización previa del pensamiento y las expresiones que puedan desagradar al Gobierno de turno, abriéndole un tan inmenso como injustificado campo de actuaciones arbitrarias en contra de la libertad de los ciudadanos.
De esto, lamentablemente, y sin salir de nuestro país, tenemos tristes experiencias previas: la tan mitificada Segunda República instituyó una Ley de Vagos y Maleantes –la Gandula– con la cual se prescribían medidas contra todos aquellos comportamientos que denotaran “peligrosidad”. Asimismo, durante el franquismo, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social –que sustituyó a la republicana, manteniendo el mismo espíritu– también penó esos comportamientos, por los que se castigaba no a los delincuentes, sino a los “peligrosos”.
Las medidas que propugna Rubalcaba en el ámbito del pensamiento participan del mismo quebrantamiento liberticida que las dos leyes mencionadas: lo que se quiere castigar no son delitos cometidos, sino la probabilidad o sospecha de que se puedan cometer. Esto constituye un atropello en toda regla del principio de legalidad que pauta la actuación del Derecho Penal. Una de las derivadas básicas de este principio radica en que un Estado de derecho sanciona comportamientos externos del individuo y no sus creencias interiores.
Asimismo, la indeterminación casi total a que abre la puerta el “odio ideológico” no sólo concede un poder arbitrario y excesivo al Estado a la hora de imponer penas, sino que crea inseguridad jurídica en el ámbito de las libertades, demonizando preventivamente unos discursos y, en la práctica, primando otros, también a nivel social. Y no es vano reseñar que, en tanto que la motivación y las circunstancias mentales, entre otras, del presunto ofensor de la ley se examinan a la luz del Derecho Penal, la ideología nunca ha sido tomada en cuenta. Ni siquiera en los llamados “crímenes de odio” (“hate crimes”) sancionados en algunos países, pues dicha categoría sólo se aplica como agravante una vez se ha cometido el delito contra el grupo étnico, religioso o social en cuestión.
No hace falta ser muy suspicaz para ver que, con el impulso de estas medidas legislativas, un Ejecutivo socialista tan sólo buscaría tener un arma con la que, bajo un velo de presunta legalidad, señalar y a continuación erradicar a sus oponentes ideológicos, es decir: a todos los que no piensan como piensa, en este caso, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al candidato socialista tal vez le gustará saber que uno de los rasgos propios de las sociedades abiertas es, justamente, la tolerancia: a ella recurrimos para pensar como pensamos, y también para soportar y rebatir con plena libertad a quien no piensa como nosotros.
Las libertades fundamentales son en exceso valiosas para dejar su positivación legislativa en manos de un partido. Nuestro Estado de derecho cuenta ya con leyes tipificadas, cuya vulneración se persigue y se castiga conforme al principio de legalidad. Con el delito, tan indeterminado, de “odio ideológico”, lo que quiere Rubalcaba no es sino imponer por ley el “cordón sanitario” que siempre han querido los socialistas contra quienes tienen el valor de discrepar.

¿El huevo de la serpiente?

Cualquiera diría que ha nacido para eso. Lo lleva en la sangre y ha tenido buenos maestros en la escuela del cinismo. No en balde Felipe González instaba el jueves a «sacar por la ventana» -¿la defenestración de Mariano?- a quienes se atrevan a hacer recortes en Sanidad o Educación y se ofrecía como «agitador» profesional el viernes. Cuando el New York Times empieza a poner en boca de jóvenes españoles expresiones como «somos la primera generación que dice que votar no sirve para nada» y cuando el propio Bono, que se conoce bien a sus clásicos, sostiene que sin un gran pacto de Estado existe el riesgo de que la calle se «inflame» tras las elecciones, ¿quién puede acusar de exagerada a Esperanza Aguirre por advertir que está viendo incubarse de nuevo la «semilla del totalitarismo», o sea, el huevo de la serpiente?

epsimo y EL MUNDO_________________________

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