EL GALLINERO PENITENCIARIO III: El impuesto sobre los ricos

A la mañana siguiente del saqueo generalizado de los comercios que conmocionó París el 25 de febrero de 1793, el brillante y atildado abogado de Toulouse Bertrand Barère subió a la tribuna de la Convención para advertir que el «naufragio» del «barco de la Revolución» estaba asegurado si no se respetaban «el ancla de las propiedades y el ancla de la moral pública», pues sin estas dos sujeciones no quedaría otra libertad «que la de los salvajes o los caníbales».

Su planteamiento fue, pues, equivalente en lo esencial al que tanto Esperanza Aguirre como José Bono realizaron el pasado lunes, durante la presentación de mi libro, en defensa de la democracia representativa y en contra de quienes tratan de sustituirla por la ley de la calle. Sin embargo, al final de su discurso, Barère -de quien Madame de Genlis decía que era el único al que había visto «llegar desde el fondo de la provincia con los modales de la Corte»- introdujo una nueva metáfora náutica muy reveladora del giro económico que estaba gestándose ya en el seno del partido jacobino.

-A Dios no le gustaría que yo viniera aquí a defender a los ricos, esos seres de bronce y hierro que, en medio de las convulsiones revolucionarias, no saben renunciar a ninguno de sus lujos ni de sus placeres. Que imiten a ese comerciante avaro que transportando sobre los mares cargamentos opulentos y viendo su barco batido por la tempestad, arrojó al mar una parte de sus riquezas para salvar la otra. ¡Ricos: verted en las manos de la nación una parte de ese cargamento que guardáis con tanta avaricia u os sumergiréis junto a él!

Fue tal la fuerza oratoria de la sobrecogedora imagen sugerida por Barère -los potentados sucumbiendo aferrados a sus cofres del tesoro, con tal de no contribuir a aliviar la miseria del pueblo- que la mayoría de la Convención se mostró receptiva a partir de ese día a implantar el llamado «impuesto sobre los ricos» que reclamaban las secciones parisinas con mayor porcentaje de sans culottes y algunos departamentos.

El problema llegaría a la hora de definir a quiénes se consideraba «ricos» a los ojos de la Revolución, pero el concepto tenía la gran utilidad de que servía para distraer la atención y desviar las iras del pueblo de los verdaderos responsables de la miseria que le oprimía. Es decir, de las propias autoridades de la República recién fundada.

La Revolución había heredado del Viejo Régimen un endémico déficit fiscal pues gastaba mucho más de lo que ingresaba. De hecho, entre las primeras disposiciones que siguieron a la toma de la Bastilla había figurado la supresión de los odiados impuestos sobre las mercancías que se cobraban en los fielatos que rodeaban París y su sustitución por otros que en teoría eran más justos, pero en la práctica resultaban poco menos que imposibles de recaudar.

A esos grandes males siguieron los grandes remedios de una asamblea repleta de abogados y ayuna de economistas: la Revolución comenzó a imprimir alegremente papel moneda. Los llamados «asignados» eran inicialmente unos meros bonos convertibles en las subastas de bienes incautados a la aristocracia y al clero pero pronto se transformaron en medio de pago para todo tipo de transacciones.

Tras haber visto frustradas por dos veces sus políticas de ajuste, el ex ministro Necker se burlaba de lo ocurrido desde su autoimpuesto exilio ginebrino: «La institución de una moneda ficticia, liberando a la administración del yugo imperioso de las realidades, permitió a los legisladores abandonarse con más confianza a sus abstracciones; y las necesidades de dinero, estas embarazosas groserías, no vinieron a distraerles de sus elevados pensamientos».

A medida que el esfuerzo bélico requería más y más liquidez, Francia fue inundada de billetes que provocaron la hiperinflación y el desabastecimiento. Los llamados enragés se echaron a la calle con las picas en la mano, instigando a un pueblo sin los mínimos conocimientos para entender lo que le ocurría, contra los banqueros, acaparadores y comerciantes.

A falta de moneda que imprimir, los gobiernos de los países periféricos de la zona euro han tratado de satisfacer sus insaciables necesidades en medio de la crisis emitiendo deuda y más deuda. España no es quien ha alcanzado el mayor porcentaje sobre su PIB pero sí quien ha corrido más deprisa con un déficit anual de hasta el 12%. El círculo vicioso no se ha creado mediante el alza de precios sino a través de la subida de la prima de riesgo, que cada vez ha ido detrayendo más recursos financieros de la economía productiva para poder pagar los intereses crecientes de la deuda. El ajuste sólo podía llegar a través de los salarios o del empleo; y gracias al egoísmo y la estulticia sindical ha llegado a través del empleo.

Nuestra drogodependencia de las emisiones de deuda es hoy en día idéntica a la que, según la aguda observación de Andrew Dickson White, obligaba a la Francia revolucionaria a imprimir más y más «asignados»: «La Nación estaba ebria de papel moneda. Y experimentaba la placentera sensación del borracho después de un trago... con la particularidad de que a medida que los tragos de papel moneda llegaban más rápido, la sensación placentera se iba haciendo más corta».

La ligereza con que no sólo el Gobierno central, sino también muchas autonomías y algunos ayuntamientos han estado chutando el balón del endeudamiento hacia delante durante los últimos tres años ha desembocado en España en una auténtica bacanal o más bien en un zafio megabotellón a base de bonos patrióticos, facturas escondidas por los cajones e impagos del recibo de la luz. Sin necesidad de regodearse en los renglones obscenos del despilfarro -que si unas embajadas con barretina por aquí, que si un gran premio de Fórmula 1 por allá, que si un segundo PER disfrazado de ayuda a la dependencia por acullá- el caso es que ahora nos ha estallado la burbuja del gasto público, peor aún que la del sector inmobiliario, y que frente a la encrucijada de los recortes Rajoy y Rubalcaba han empezado a retratarse.

El líder del PP lo ha hecho a través de los planes de ajuste de las autonomías que gobierna su partido, con los recién llegados Cospedal y Bauzá como genuinos heraldos de lo que serán sus recetas: adelgazamiento sustancial de las administraciones públicas para liberar recursos con los que estimular la actividad privada en un contexto de consolidación fiscal europea. Si España quiere estar en esa nueva cita con la cohesión continental -en la que volverá a haber una criba como la del Tratado de Maastricht y los que sigan siendo pigs se quedarán fuera- tiene que llevar a cabo de verdad las reformas que Zapatero se ha limitado a amagar.

En principio eso significará bronca con sindicatos e indignados, en especial en sectores como la Sanidad y la Educación que es en los que está el gasto y en los que urge introducir mecanismos de racionalidad y eficiencia. Para afrontar ese envite es imprescindible que el mandato de las urnas sea claro. Es decir, que se cumpla la predicción de los sondeos. Será preferible que Rajoy se ponga una vez colorado que ciento amarillo -por eso evoqué en su presencia la forma en que el mejor Danton hizo de la «audacia» su santo y seña- y lo único que me sorprendería es que él no nos sorprendiera a todos con unos primeros 100 días cargados de medidas de choque.

Bueno, malo o regular, lo cuente o no lo cuente, Rajoy tiene un plan. Rubalcaba no tiene ninguno que no suponga mantener la actual inercia, añadiendo la vuelta de tuerca del resentimiento social que ponga el foco sobre los chivos expiatorios hacia los que quiere canalizar la ira de los nuevos enragés. Por eso, entre el vademécum de ocurrencias que vienen circulando en medios políticos europeos, ha escogido el impuesto sobre la banca y el impuesto sobre los ricos como sus dos grandes asuntos de campaña.

Respecto a lo primero, no se entiende cómo la UE admite que la banca europea necesita 200.000 millones para recapitalizarse y a la vez le quiere hacer pagar 50.000 millones más mediante esa tasa sobre las transacciones financieras. Respecto a lo segundo, ancha es Castilla.

El restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio -arrancado a un renuente Zapatero, con mala conciencia por haber reformado la Constitución de espaldas al candidato- ha sido celebrado en la sede del PSOE con el mismo júbilo con que el 20 de mayo de 1793 se lanzaron los sombreros al aire en el Club de los Jacobinos cuando se supo que la Convención había aprobado al fin el eufemísticamente denominado «préstamo forzoso» por el que se obligaba a los «ricos» a contribuir al esfuerzo bélico.

No era una ironía preorwelliana pues al menos venía a reconocer el carácter confiscatorio de la medida, acompañándola de una promesa de devolución de lo expropiado a los tres años de que se alcanzara la paz. La sustancia del planteamiento estaba en que a la vez que demonizaba a quienes se habían «beneficiado de la Revolución» sin «sacrificarse» por ella, les ofrecía un camino de redención pecuniaria alternativo a la guillotina. Entonces no hubo peticiones masoquistas como la de las grandes fortunas francesas que ofrecían no ha mucho a Sarkozy el pico de sus bolsas, pero Danton resumió perfectamente el espíritu que ha debido animarles a dar el paso: «Crear un impuesto para los ricos es hacerles un favor… Cuanto mayor sea el sacrificio sobre el usufructo, más garantizada estará la propiedad».

Se trataba, se trata, pues, de establecer un perímetro arbitrario para que los sospechosos del pecado de enriquecimiento queden dentro y en posición de deuda con la sociedad y con el Estado. En nuestro caso se nos ha dicho que seremos 140.000 personas las que tendremos que entregar hasta un 2,5% anual de nuestros bienes por habernos atrevido a superar el millón de euros de patrimonio, vivienda incluida. Para los asalariados que llevamos toda la vida tributando como mínimo al 43% esta doble imposición sobre el ahorro significará tener que pagar hasta 17 puntos más de nuestra renta. Para quienes estén jubilados, sin empleo o simplemente no tengan ingresos anuales de cierta envergadura, este saqueo fiscal les obligará a malbaratar parte de sus propiedades para poder abonar el impuesto.

Ni las grandes fortunas van a verse afectadas -¿por qué no propone Artur Mas que la empresa familiar, tan pujante en Cataluña, tribute como cualquier sociedad anónima?-, ni se ha escuchado en los últimos tiempos mayor patraña que la de que por este procedimiento se recaudarán 1.000 millones con los que se creará empleo para jóvenes. Como Rubalcaba no tiene a su alcance ganar las elecciones, lo único que pretende es cavar una trinchera en la que quedarse con un PSOE radicalizado y en disposición de pactar con los indignados al modo y manera con que los jacobinos lo hicieron con los enragés. Y para eso es imprescindible ir echando combustible a la caldera de los odios más primarios.