LOS NACIONALISTAS catalanes han adelantado cuál será su exigencia para sumarse al acuerdo PSOE-PP sobre la reforma constitucional para incorporar al articulado el principio de estabilidad presupuestaria. Durán, portavoz de CiU, propondrá hoy a su grupo la presentación de una enmienda para que el nuevo artículo 135 incorpore también un tope máximo de déficit fiscal entre las autonomías y el Estado. CiU quiere que la ley orgánica posterior anunciada por los partidos firmantes del acuerdo, que fijará las cifras concretas, establezca que este déficit no pueda exceder del 4% del PIB de cada una de las autonomías. Lo que Durán propone -en román paladino- es que la aportación de Cataluña a la caja de la solidaridad interterritorial -que la Generalitat calcula en el 9%- tenga un límite. Se trata de una vieja reivindicación del nacionalismo catalán -también de buena parte del PSC- incluida dentro del que llaman «pacto fiscal», con el que quieren lograr un sistema de financiación semejante al del Concierto Vasco, que está exento de contribuir al fondo de solidaridad interterritorial. El pacto fiscal, según los pronunciamientos públicos de Durán y de Mas, será el caballo de batalla de su campaña electoral para las generales del 20-N. La tesis de los nacionalistas es que si en vez del 9% de déficit fiscal con el Estado tuvieran el 4%, el Gobierno catalán no pasaría por los apuros actuales de tesorería. Ahora, aprovechando que los dos grandes partidos han abierto el melón de la reforma constitucional, CiU pretende colar su programa para sumarse al acuerdo. Naturalmente que sería positivo reeditar el consenso constitucional entre todos los grupos para esta reforma. Pero no a cualquier precio. Y lo que los nacionalistas están planteando es, sencillamente, inadmisible en este contexto y en este momento. Demasiadas veces en la democracia española, los partidos vascos y catalanes han utilizado el chantaje para lograr sus objetivos debido a que el sistema electoral les ha dado el papel de bisagra para poner o quitar gobiernos sin mayoría absoluta. Sin embargo, esta vez PSOE y PP no necesitan el concurso ni de CiU ni del PNV para aprobar la reforma, por lo que no deben ceder a las pretensiones de cambiar el actual sistema de solidaridad interterritorial por la vía de una ley orgánica que -entre otras cosas- no está en absoluto pensada para eso, sino para establecer el techo del déficit de las distintas administraciones públicas.
No es de recibo intentar una corrección sustancial en el actual modelo de financiación autonómica -que tiene su marco su propia ley y su marco de discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas todas las comunidades- por la puerta de atrás. Ni se puede abordar el mecanismo de solidaridad interterritorial sólo y exclusivamente teniendo en cuenta el déficit de Cataluña con el Estado, que además es un criterio que sólo usan los nacionalistas. En todo caso, el déficit de las comunidades -que afecta también a otras- es una cuestión que podría plantearse si en el futuro se abre otro melón: el de la reforma del sistema autonómico, incluida la financiación. Sólo si se aborda en profundidad el modelo de Estado, y su deriva desde que se aprobó la Constitución, sería asumible que CiU planteara rebajas en el criterio de solidaridad, al igual que otros partidos, u otras comunidades, podrían proponer la devolución de competencias al Estado, por poner sólo un ejemplo.
MIENTRAS el Gobierno deposita su confianza en una reforma laboral que en el mejor de los casos sólo servirá para maquillar las estadísticas del paro, los datos de consumo son el espejo que refleja en toda su amargura el drama de la crisis. Que una gran empresa como El Corte Inglés haya sufrido una caída del 13% en su beneficio es la prueba más palpable de que muchos hogares españoles atraviesan una situación límite. Los rigores de la crisis han obligado a incontables ciudadanos a apretarse el cinturón, paralizando la demanda de bienes y servicios y encogiendo paulatinamente la economía española. Sin un estímulo valiente y razonado, esta coyuntura se prorrogará, lastrará la recuperación y quizá haga proféticas las palabras pronunciadas en marzo por el propietario de Mercadona: «2011 tiene una cosa buena, que es mejor que 2012». Menos pesimista es hoy en nuestras páginas el presidente del grupo García Carrión, quien considera que estamos en el peor año de la crisis, aunque advierte que ésta no se superará hasta 2015. Un triste panorama para un país que reclama a gritos un cambio de rumbo.
Gambito de Zapatero
El propio Rubalcaba se burló del líder de la oposición cuando hizo esa propuesta en el Congreso, alegando que Rajoy quería acabar con el déficit en un «plis-plas». Su entorno ha filtrado estos días a los medios que el candidato fue informado a última hora por Zapatero de una propuesta con la que, en principio, no estaba de acuerdo.
No le será fácil argumentar lo contrario de lo que él mismo ha mantenido y, mucho menos, a escasos tres meses de las elecciones.
El PSOE eliminó el techo de gasto establecido por el PP con el argumento de que los objetivo de déficit y deuda debían establecerse no por ejercicios, sino por periodos de varios años.
Era cuando gastar a manos llenas sí era socialista. Incluso hasta al ajuste establecido en mayo de 2010, Zapatero defendió que era partidario de una «salida social de la crisis», incompatible con los recortes.
La clave para este nuevo giro copernicano en la política del Gobierno no está en una reflexión en solitario del presidente, sino en una carta remitida por Jean Claude Trichet a primeros del mes de agosto, cuando el diferencial de la deuda superó los 400 puntos y forzó al BCE a salir en ayuda de España y de Italia.
¿Exigía Trichet en su misiva la reforma de la Constitución? No. Lo que pedía el presidente del BCE, tras haberlo consensuado con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, eran medidas que ayudaran a la economía española a ganar competitividad. Fundamentalmente, medidas de tipo laboral y salarial.
La idea de modificar la Constitución no surgió hasta después de la cumbre Merkel/Sarkozy, celebrada el pasado 16 de agosto, en la que el presidente francés habló de una «regla de oro» que todos los países deberían plasmar en sus constituciones para limitar el déficit público.
Si el Gobierno hubiera seguido al pie de la letra las indicaciones de Trichet y decidido, por ejemplo, una reforma laboral más ambiciosa, o la eliminación de la indexación en los convenios, hubiera tenido enfrente a los sindicatos.
La reforma de la Constitución, en cambio, le garantizaba el apoyo del PP y una respuesta matizada de UGT y CCOO si, a cambio, logran que la reforma laboral se quede, una vez más, a mitad de camino.
Zapatero discutió la reforma de la Constitución con José Enrique Serrano y con Elena Salgado, ambos muy cercanos al candidato socialista. Rubalcaba también fue informado por el presidente del Gobierno.
El cambio constitucional ha sido un mal menor que, como explicaba ayer el director de ratings de Standard & Poor's, Paul Coughlin en EL MUNDO, «no resolverá el problema de España», que tiene más que ver con la rigidez en el mercado laboral y con los costes salariales.
Por tanto, Rubalcaba no sólo tendrá que explicar hoy el cambio de su política, sino por qué éste no servirá para calmar a los mercados
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El movimiento 15-M vuelve a colapsar Madrid con una marcha frente a los cambios en la Constitución acordados por PSOE y PP. Los manifestantes aseguran que el candidato socialista “quiere utilizarnos”. Los radicales lanzaron gritos contra la visita del Papa.
El movimiento 15-M sigue dando que hablar, como un rollo que no cesa. Lo que pareció ser una renovación de aires, se ha convertido en algo que quiere acabar con la democracia.
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