La auditoría que descubrió que el regionalista cántabro Francisco Javier López Marcano, delfín de Miguel Ángel Revilla, pagó con dinero público 60.000 euros en gastos de mini-bar también desvela que el ex consejero de Cultura y Turismo evitó la licitación pública de contratos que suman un millón de euros en 2008 camuflándolos como contratos menores a través de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, de la que era presidente.
Hay contratos, por un valor total de 611.000 euros, que directamente superan el límite de la Ley de Contratos del Sector Público (50.000 euros en el caso de obras y 18.000 en el resto) para ser considerados contratos menores y, por tanto, poder ser adjudicados directamente.
Otras facturas detectadas, que en conjunto suman 388.000 euros, fueron en realidad contratos fraccionados. En unos casos se presentan facturas por el mismo concepto pero correspondientes a distintos periodos a lo largo del ejercicio. Las empresas Sergio Vélez, publicista de cabecera de Marcano, son las que más emplean esta fórmula.
Los auditores también encontraron otra forma de fraccionar los contratos, consistente en que el mismo trabajo lo facturaban diferentes empresas. Un caso en el que se hace evidente el mecanismo es el de una factura de 45.881 euros presentada por una imprenta, Gráficas Martínez, que se anula. Luego, la empresa pasa cuatro facturas consecutivas por el mismo concepto cuya suma es exactamente los 45.881 euros mencionados.
Subvenciones encubiertas
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, también desvela que muchos de los contratos de patrocinio o de colaboración firmados por la Sociedad Regional de Turismo son en realidad subvenciones (entregas dinerarias sin contraprestación) encubiertas. De este modo, se elude la Ley de Subvenciones de Cantabria. En este tipo de contratos también hay otros que, en realidad, son de prestación de servicios, gestionados por tanto al margen de la norma pertinente, o que correspondería pagar a otra entidad diferente de la Sociedad Regional de Turismo. En total, hay 23 acuerdos bajo sospecha cuyo montante total supera los 10,6 millones de euros.
Otro punto destacado de las auditorías son dos contratos otorgados por concurso, de casi tres millones en total, que los auditores no creen justificada la adjudicación final. el
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