Lo medicamentos se han adquirido a empresas farmacéuticas mediante procedimientos de licitación negociados sin publicidad. En todos los casos se trata de comprimidos de los distintos activos que se utilizan para tratar la enfermedad, como Lamivudina, Abacavir, Duranavir, Nevirapina o Zidovudina, por citar algunos. La mitad del importe se gastó en envases Truvada, de la empresa Gilead Sciences S.L., por algo más de once millones de euros.
En febrero de este año, últimos datos disponibles, había en nuestro país 73.766 personas privadas de libertad, el 92,27% hombres (68.064) y el 7,73% mujeres (5.702). Los delitos contra la propiedad (muchos de ellos protagonizado por drogodependientes) y contra la salud pública (hay gente que trafica pero no consume) acaparan el mayor número de ingresos y justifican, al menos en parte, las elevadas cifras de enfermos de sida y otras patologías derivadas del consumo de estupefacientes, como hepatitis C, tuberculosis y problemas de salud mental.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puso en marcha el pasado 2 de marzo el “Plan de Intervención General en materia de drogas en la institución penitenciaria”, que ha sido distribuido en todas las cárceles para reducir el tráfico y consumo de estupefacientes, que afecta de manera importante al funcionamiento del establecimiento. Además, “Se ve afectada la imagen institucional –dice el documento-, así como la percepción por el ciudadano y las personas vinculadas con los internos, que no detectan una intervención eficaz en este ámbito”.
Controles insuficientes
La instrucción reconoce que, aunque el consumo de droga por vía intravenosa se ha reducido considerablemente en los últimos años, “sigue siendo frecuente entre las personas que ingresan en prisión, ya que el 11,7% eran consumidores de drogas por vía intravenosa en el mes previo al ingreso”. Esta circunstancia hace que el número de enfermos de sida tienda a reducirse, pero que se incremente el de afectados por enfermedades mentales. El documento dice que aunque la Administración Penitenciaria dispone de medios para evitar la introducción y tráfico de drogas en las cárceles, en ocasiones “estas actuaciones de control por sí mismas no aportan los resultados deseados”.
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