La nueva terapia, financiada por la sanidad pública, duplica la tasa de curación
Los médicos advierten de que saldrá más caro abordar casos de cirrosis o cáncer
El Ministerio del Interior ha restringido por falta de presupuesto un
tratamiento que duplica las opciones de curación para los presos que
sufren la forma más habitual de hepatitis C, una enfermedad que afecta a
casi el 25% de la población reclusa, según los datos que maneja la
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En diversos escritos
remitidos a los responsables médicos de las prisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
asume que no hay dinero para tratar a todos los reos que pueden
beneficiarse de los nuevos fármacos, por lo que ha establecido un “cupo”
de pacientes y ha creado una lista de espera para irles tratando en
función del presupuesto.
La Agencia Española del Medicamento
aprobó a finales de 2011 un nuevo tratamiento que aumenta las
expectativas de curación de los enfermos de hepatitis C, especialmente
los infectados por el genotipo 1, que es la forma más común en la que se
presenta el virus (el 75% de los casos). El tratamiento se basa en una
triple terapia que une un nuevo fármaco (boceprevir o telaprevir) a los
medicamentos habituales que se empleaban hasta ahora para este tipo de
hepatitis (interferón pegilado y ribavirina).
Según diversos estudios manejados por la agencia del medicamento, con
la medicación clásica se curaban entre el 40% y el 50% de los
infectados por el genotipo 1; con la triple terapia, se cura más del
75%.
La agencia estableció en febrero de 2012 unas recomendaciones de uso
de este tratamiento en las que especifica para qué tipo de pacientes es
apropiado. Estos son los criterios que emplean los servicios públicos de
salud de las comunidades autónomas, donde la triple terapia lleva
administrándose un año, aunque, según una denuncia de la Asociación Española para el Estudio del Hígado,
algunas comunidades como Asturias, Baleares, Aragón o Canarias están
poniendo pegas para que los enfermos accedan a la nueva terapia, que
incrementa el coste del tratamiento. Expertos consultados cifran el
precio de la medicación clásica en unos 6.000 euros por año (que es la
duración estimada de la terapia). Con los nuevos fármacos, aumenta entre
44.534 y 59.629 euros, según una publicación de la Dirección General de
Farmacia de la Comunidad Valenciana.
Pero la incidencia de la hepatitis C en las cárceles es muy superior a
la que se da fuera de ellas. Los datos recogidos por la Agencia
Española del Medicamento sitúan la tasa de infectados por este virus en
el mundo occidental entre el 1,5% y el 3% de la población. Entre los
presos, cuya atención sanitaria depende de Instituciones Penitenciarias,
la tasa es superior al 25%. La Subdirección General de Coordinación de
Sanidad Penitenciaria asumió las recomendaciones de la agencia del
medicamento para el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, pero impuso
nuevas condiciones. Entre otras, que los pacientes sean “penados”, es
decir, que no estén en prisión preventiva, y tengan “una expectativa de
permanecer en prisión el tiempo necesario para completar el
tratamiento”.
En una circular remitida el 1 de agosto de 2012 a todas las cárceles,
Prisiones avisa de las restricciones para estos fármacos: “En la
Institución Penitenciaria se ha establecido un cupo de pacientes a
tratar, en función de la disponibilidad presupuestaria”. Desde entonces,
según Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria, en las cárceles españolas se han cursado, al
menos, una quincena de peticiones para que se autorice la administración
del fármaco a enfermos que cumplen los requisitos y a los que un
especialista ha prescrito el tratamiento, pero, según López Burgos, solo
se ha autorizado uno. El médico asegura que Interior ha llegado a
adelantar la puesta en libertad de un reo para eludir el gasto y ha
negado el tratamiento a otro al que respaldó un juez de vigilancia
penitenciaria.
En Cataluña, la única comunidad que tiene transferida las
competencias en prisiones, se han autorizado cinco tratamientos de la
triple terapia para una población de 10.000 presos, frente a los más de
65.000 reclusos que albergan el resto de cárceles españolas. “Son
pacientes muy delicados. Tenemos que intervenir ahora o podemos
perderlos”, señala López Burgos, que advierte que, sin tratamiento, la
hepatitis C suele derivar en cirrosis y cáncer hepático, en cuyo caso la
única opción de supervivencia puede ser un trasplante de hígado, que es
mucho más caro de afrontar.
El hijo de Trinidad Barrera, una mujer de 72 años vecina de Sevilla,
es uno de los reclusos que está a la espera de recibir la triple
terapia. Un médico del hospital Virgen del Rocío se lo prescribió hace
meses, pero el tratamiento no llega. “El viernes estuve hablando con el
médico y me ha dicho que mi hijo necesita estas medicinas, que se las
tienen que dar ya”, cuenta Trinidad entre lágrimas. Su hijo Manuel
Jesús, tiene 40 años y lleva cinco preso por pequeños robos y menudeo.
La mujer ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz,
que ha tramitado una queja ante Instituciones Penitenciarias. La
respuesta de Interior, fechada el 22 de enero, confirma la restricción
por falta de dinero: “Se ha confeccionado un registro de este tipo de
enfermos (...) y se irán tomando medidas para irles facilitando el
respectivo tratamiento a todos los enfermos, con la periodicidad que
permitan los recursos disponibles ante la imposibilidad presupuestaria
de atender de forma inmediata y concurrente a todos los casos”.
Trinidad, que lleva dos meses sin poder ver a su hijo, cuenta que está
pensando en vender su casa para costear la terapia. “Yo lo que pido es
que no se me muera en la cárcel”, solloza la mujer.
Sin médicos por las tardes
R. R.
Las restricciones para acceder a la triple terapia contra la
hepatitis C no es el único recorte denunciado en los últimos meses por
los médicos de las prisiones españolas. Hasta ahora, las prisiones más
grandes contaban con un servicio médico las 24 horas, pero desde el
pasado 1 de enero varias se han quedado sin facultativo por las tardes.
“Se está haciendo una paulatina retirada de guardias médicas de
presencia física que responde a un criterio de recortes, dado que no se
han aportado estudios que justifiquen el ahorro económico que supondría
este cambio”, señala Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad
Española de Sanidad Penitenciaria. Esta medida ha afectado, entre otras,
a las prisiones de Murcia I, Jaén, Valladolid y Madrid I.
“No se puede obviar el aislamiento de las prisiones, situadas en la
mayoría de las ocasiones a bastantes kilómetros de distancia de un
centro hospitalario”, señala el médico, que advierte que estas
situaciones retrasarán, “en ocasiones dramáticamente”, la asistencia
médica de urgencias de los reclusos.
Los sanitarios denuncian también las limitaciones impuestas por
Interior al editar una guía farmacoterapéutica en la que se concretan
los medicamentos que pueden prescribir los médicos. Cuando un
facultativo considera más apropiado otro tratamiento, tiene que pedir
autorización a una comisión de farmacia centralizada en Madrid.
“Frecuentemente te dicen que no, sin más justificación que el coste
económico”, señala López Burgos, que afirma que esta práctica supone una
restricción en la libertad de prescripción.
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