La mitad de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental y 52 de ellos están catalogados con una patología aguda
Dos personas con una enfermedad mental grave fueron
protagonistas el pasado lunes en los medios de comunicación de Granada.
Uno, de tan solo 26 años, era detenido como presunto autor de la muerte
de un tío-abuelo suyo en Valderrubio. El segundo acudía como único
acusado de matar de dieciséis puñaladas a un vecino de Diezma hace justo
un año. Dos meras coincidencias, porque las estudios más sesudos dicen
que las personas con patología mental delinquen la mitad, en proporción,
al resto de los mortales y no hay ningún dato demostrativo de que la
esquizofrenia, por citar una patología, convierta a estos enfermos en
más agresivos. Sin embargo, en las cárceles no deja de crecer la
presencia de internos con algún tipo de trastorno mental.
La prisión de Albolote tiene en estos momentos 1.516
reclusos, más o menos la mitad, según las estadísticas de Instituciones
Penitenciarias, que sufren algún tipo de trastorno mental, incluidos en
este apartado los consumidores de estupefacientes. Un fiel espejo de la
calle, pero multiplicado por dos en el caso de los trastornos y de diez
en el de las enfermedades mentales más graves.
Alfredo Maiquez, médico de la prisión de Albolote y
coordinador del programa de salud mental de la cárcel, y Concha Cuevas,
presidenta de Feafes -federación andaluza de asociaciones de familiares y
enfermos mentales- coinciden en lanzar dos mensajes. Uno: «La cárcel no
es el sitio más adecuado para un enfermo mental». Dos: «Muchos llegan
allí porque antes no han tenido un recurso idóneo para tratar su
problema».
No debe olvidarse otro apunte importante: en el penal no
solo hay enfermos mentales, también conviven, al menos, una veintena de
discapacitados intelectuales, personas con una discapacidad
diagnosticada a quienes solamente se le puede hacer más fácil la vida en
la prisión, pero que no requieren un tratamiento como en el caso del
enfermo para superar su problema porque éste forma parte de su vida como
quien tiene un brazo menos o le falta una pierna.
¿Por qué llegan a la cárcel estas personas? «La prisión
puede ser un eslabón más de la cadena, desgraciadamente. La falta de un
tratamiento adecuado o de un recurso asistencial deja caer sobre la
familia todo el peso de la enfermedad. Con bastante frecuencia las
relaciones en casa se rompen. La familia, en muchos casos mal
aconsejada, puede denunciar al enfermo y éste verse en la calle y con
una orden de alejamiento; a partir de ahí o de una situación tensa en el
domicilio familiar puede venir el consumo de drogas o de alcohol que
supone una bomba para estas personas. Marginalidad, calle y delincuencia
son factores que abren las puertas de las cárceles de par en par y
cuando menos lo esperan se encuentran dentro por culpa de un robo, de
una agresión o de una orden de quebrantamiento», señala Concha Cuevas,
quien desarrolla un programa de salud mental en la cárcel de Málaga.
El ordenamiento jurídico contempla la figura de inimputable
para ciertos casos de enfermos mentales. «La diferencia entre ser
imputable o no es una fina frontera. Depende de cada persona, del tipo
de patología, de si ésta ha influido o no en el hecho delictivo, de los
informes de los peritos quienes aportan información para decidir si se
puede imputar o no a la persona con una enfermedad mental. No hay un
criterio general, sino el estudio de cada caso en particular»,
puntualiza el juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada, Pedro Joya.
La imputabilidad o inimputabilidad del detenido con un trastorno mental
grave dependerá de si la condena le impone una pena de cárcel o una
medida de seguridad.
Sobreocupación
La diferencia entre una medida u otra está, sobre todo, en
el lugar donde se cumple la condena, si en una cárcel o en un hospital
psiquiátrico penitenciario, eso sobre el papel porque la realidad es
bien distinta. En España solo hay dos hospitales psiquiátricos
penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Alicante. Un estudio de la
asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la enfermedad mental
en las cárceles de 2007 citaba una sobreocupación de estos dos centros
del 220% y solo en el de Sevilla había ingresados 186 pacientes graves.
Para hacerse una idea solo con los reclusos afectados por una enfermedad
mental grave de Albolote se podría llenar la tercera parte de ese
penal. «En Albolote tenemos 52 personas con una patología mental grave y
en total son 200 los tratadas con algún tipo de psicofármaco». Son las
mentes rotas de la cárcel. Alfredo Maiquez estuvo trabajando como médico
en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla, ahora se deja la piel
junto al resto de profesionales del equipo, formado por sanitarios,
psicólogos, trabajadores sociales y educadores en la prisión de Albolote
para intentar atender a esta población en las mejores condiciones
posibles.
La prisión dispone de un módulo terapéutico donde enfermos
mentales y adictos a las drogas en proceso de desintoxicación comparten
espacios en alguna de las 80 plazas existentes, lejos de los módulos más
conflictivos del penal. La enfermería también acoge a otros 24 enfermos
mentales crónicos o graves. «Módulos terapéuticos solo tenemos nosotros
y la cárcel de Morón en Andalucía». Este tipo de recursos permiten
tener a estos reclusos mejor atendidos: «Se les hace un seguimiento, se
les facilita su medicación y con mucho esfuerzo se trabaja en terapias
para mejorar sus capacidades, muchos están mejor controlados que cuando
se encuentran en la calle». Todo ello parte de un sobreesfuerzo de los
profesionales de este centro penitenciario, porque más del 50% de su
jornada laboral la emplean en desarrollar tareas destinadas a esta
población que cualquier médico de atención primaria no las desempeña a
diario.
Déficits de apoyo externo
«Nosotros hacemos un seguimiento continuo, pero echamos en
falta una mayor presencia de profesionales de la salud mental ajenos al
centro penitenciario. Hay otros programas como los de deshabituación de
drogas que cuentan con el apoyo de instituciones como el Centro
provincial de Drogodependencias con sus psicólogos y educadores que
vienen a tratar a los reclusos. Aquí solo reciben la visita de un
psiquiatra del SAS una vez cada dos semanas. Lo demás corre por nuestra
cuenta». No solamente eso, muchos vienen sin informes clínicos porque no
hay una conexión directa entre los servicios de salud e instituciones
penitenciarias. «Muchas veces es como empezar de cero. Ellos no vienen
con un informe donde diga que son enfermos mentales, aquí los tenemos
que diagnosticar, poner un tratamiento, hacer un seguimiento. En
definitiva hacer todo lo posible para que su paso por prisión no suponga
una parada en su tratamiento», apunta Maiquez. Todos aquellos con ficha
de tratamiento están alejados de los módulos más conflictivos donde son
mucho más vulnerables, aunque los únicos que evitan la vida en común
con el resto de los reclusos son los ingresados en la enfermería y en el
módulo terapéutico, algo más de treinta, el resto convive en celdas
repartidas por la prisión. «Hay mucho por hacer todavía con esta
población en la cárcel y fuera de ella».
Laura Ladrón de Guevara es la trabajadora social de la
asociación de familiares y enfermos mentales de Granada, Agrafem, y
recuerda que una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a
lo largo de su vida y en 2020 será una de las patologías con mayor carga
asistencial. «No podemos seguir cerrando las puertas a estas personas.
Hacen falta muchos recursos para su atención, las familias no pueden
seguir aguantando cargas que no les corresponden. Y ya está bien de
estigmatizar por ignorancia al enfermo mental».
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