Enchufismo en la Junta de Andalucía: daños colaterales

A diferencia de otras regiones, la Junta se niega a asumir 6 millones en sueldos de los promotores de empleo, pero gasta 37,7 millones en formación para los exempleados de la Faffe

Desde la presentación del plan de ajuste, con el que ha disminuido en 2.700 millones de su presupuesto, la Junta repite como un mantra que los recortes que hace los hace porque no tiene más remedio y que son culpa del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta afirmación, sin embargo, se contradice con la definición misma de Gobierno autonómico, pues desde que comenzó la descentralización administrativa hace ahora treinta años, las comunidades son las que deciden en sus cuentas dónde se gastan sus recursos.

Esta contradicción se aprecia en los recortes que, por ejemplo, ha aplicado la Junta al sueldo de los funcionarios y que no son generalizados en las diecisiete comunidades. Pero quizás se aprecie con mayor intensidad en el conflicto abierto de los promotores de empleo, donde vuelve a aparecer la sospecha del «enchufismo», aunque aquí como daño colateral.

Los promotores de empleo son puesto laboral creado en 2011 por el Gobierno de Zapatero, ante el incremento del paro, para facilitar la mediación entre trabajadores y empresas, y cuya contratación estaba previsto que finalizaría en diciembre de 2012. En España hay unos 1.500, de los cuales algo más de 400 están en Andalucía.

Los 400 promotores piden que la Junta alargue sus contratos hasta fin de año

Los nuevos Presupuestos Generales del Estado han adelantado el final de la contratación de estos profesionales a junio de este año, motivo por el cual otras comunidades, como Extremadura, Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla-La Mancha han decido asumir su coste. Bien es cierto que algunas como Extremadura cuentan con un plan especial de Empleo del Gobierno, que permitirá continuar la contratación de estos profesionales hasta la fecha prevista y que la Junta ha reclamado a Rajoy un plan de similares características. Sin embargo, el coste de los sueldos de los algo más de 400 promotores de empleo asciende a seis millones de euros, una cifra muy inferior, señalan desde este colectivo, a los 37,7 millones que tiene previsto gastar la Junta en formar a trabajadores de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La formación que van a recibir los 1.500 exempleados de la Faffe asumidos por el SAE es sobre el sistema informático de información laboral Hermes, precisamente el que utilizan cada día en su trabajo estos promotores de empleo.

Los representantes de los funcionarios han definido a la Faffe como uno de los entes de la administración paralela con mayor volumen de «enchufados». En ese sentido, señalan que a diferencia de los extrabajadores de la Faffe, los promotores de empleo son laborales que han debido superar unas pruebas regidas por los principios de mérito y capacidad para acceder a su puesto de trabajo.

Por esta y otras razones, los más de 400 promotores de empleo han planteado movilizaciones contra la Junta -la más reciente el pasado jueves ante el Parlamento- para que mantenga los contratos hasta el próximo 31 de diciembre. Hasta ahora, el consejero de Economía, Antonio Ávila, solo se ha comprometido a contratarlos tres meses más a partir de junio, aunque reduciendo su jornada a la mitad. Esto supone que cobrarán la mitad de su sueldo y que su futura prestación de desempleo también se resentirá. «Están yendo contra los más débiles», señala una de estas empleadas, y lo hacen con «la permisividad de IU».

Los promotores de empleo estaban contratados, fundamentalmente, para gestionar el plan «Prepara», destinados a parados que hubieran agotado su prestación por desempleo. Estos percibían una ayuda de 400 euros, a cambio de recibir formación. Los promotores tramitaban el expediente y derivaban a los desempleados a Andalucía Orienta. Además, estos profesionales realizaban tareas rutinarias en el SAE, ante el aumento de la carga de trabajo por el crecimiento del desempleo a causa de la crisis.

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