viernes, 8 de junio de 2012

EL MAL QUE AQUEJA A LA REGIÓN. Estafas y corruptelas en Andalucía: de la Seguridad Social a solares y comisiones

Ayer se desvelaron casos de estafas y corrupciones que dan cuenta del estado de la comunidad autónoma con más población y mayor retraso de España.
Operación Picones
Se refiere a la trama desarticulada en Cádiz y que habría conseguido, a través de empresas falsas, que más de 200 personas lograran subsidios de desempleo fraudulentamente. Ayer el comandante jefe de la Policía Judicial, Luis Martín, responsable de la "Operación Picones", explicó cómo se había llegado a la detención de 91 personas y a la imputación de otras 213 dentro de una trama que ha destapado seis empresas "fantasma" a través que hacían contratos falsos para que sus beneficiarios obtuvieran subsidios de desempleos u otros tipo de ayudas sociales.
Según EFE, las investigaciones que dieron pie a la operación se iniciaron un año antes, en abril del pasado año, cuando la Guardia Civil de Arcos de la Frontera (Cádiz) recibió varias denuncias de personas muy humildes y que se estaban enfrentando a embargos porque figuraban como administradores de empresas de las que, decían, no habían oído hablar. Tirando de este hilo, los agentes descubrieron que las empresas no tenían ninguna actividad o no existían y que sin embargo habían tramitado contratos laborales para muchos supuestos trabajadores.
Era el caso de un supuesto bar de una pequeña localidad de la Sierra de Cádiz que habían contratado a 35 personas. Los agentes descubrieron entonces que las personas que figuraban como administradores eran "hombres de paja" de una trama de fraude a la Seguridad Social que se había aprovechado de sus condiciones o debilidades para hacer que firmaran documentos, en ocasiones a cambio de una simple botella de alcohol.
En la cúspide de la trama estaban tres hombres, dos hermanos y un primo, que residían en Jerez de la Frontera y en Ubrique, con antecedentes penales por estafas similares y cuyo apellido, Picones, ha servido para bautizar esta operación.
Los dos hermanos eran los cabecillas y el primo hacía las veces de "comercial" de la trama, para entre otras cosas cobrar a las personas que acudían a la red para conseguir un contrato de trabajo y poder así completar su cotización a la Seguridad Social para obtener un subsidio de desempleo o una ayuda social.
La red abastecía así de contratos falsos a todo tipo de personas, entre ellas, presos que necesitaban un contrato para acceder a un tercer grado penitenciario, extranjeros que querían justificar arraigo en España, pero sobre todo quienes, sin tener derecho a ello, querían disfrutar del subsidio de desempleo.
La trama no necesitaba mucho aparato de publicidad porque, de boca a boca, se extendió como la pólvora en una provincia que es la primera en tasas de desempleo, un 37 por ciento.
La Guardia Civil, bajo la coordinación de un juzgado de Jerez de la Frontera, mantiene la operación abierta aunque considerada cerrado el capítulo de detenciones, imputaciones y puesta a disposición judicial de todos los implicados por delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social, unos delitos que en el caso de los cabecillas se completarán con el de banda organizada.
Aunque fuentes de la Guardia Civil han apuntado que el fraude podría alcanzar los cinco millones de euros, el subdelegado del Gobierno en Cádiz ha señalado que aún queda "mucho trabajo por hacer" para cuantificar el daño.
La Administración ya ha anulado a las seis empresas fantasmas, una de ellas el bar y otras cinco de la construcción, y ya ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para anular las altas de 261 trabajadores y además poner en caso en manos de la justicia penal llevará adelante las pesquisas para establecer las infracciones administrativas en que hayan podido incurrir los detenidos e imputados.
Tanto el comandante de la Guardia Civil como el subdelegado del Gobierno en Cádiz, como Miguel López Aranda, director de la Tesorería General del Estado en Cádiz y Josefina Galindo, jefa de la Inspección de Trabajo han coincidido en señalar que esta operación debe servir como para advertir a los defraudadores que el Estado va a poner "todo el acento" en la lucha contra ellos.
Estas investigaciones permitirán también, según han dicho, mejorar la eficacia y los mecanismos de control del grupo que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha para luchar contra este tipo de fraudes, mejorar los protocolos de coordinación de información e incluso configurar "un mapa de riesgo de empresas ficticias".
La "Operación Picones" tiene como escenario una zona de Cádiz en la que también se han producido otras sonadas estafas similares, como la Operación Karlos, contra una red que ayudaba a conseguir pensiones de incapacidad laboral.
El caso de los 500 solares
El Pleno del Ayuntamiento de Burguillos aprobó ayer la recuperación del aprovechamiento de más de 500 solares valorados en más de 30 millones que suman 78.069 metros cuadrados, y que habían sido cedidos en 2007 por el anterior gobierno socialista a la empresa Burguillos Natural, controlada por el ex alcalde socialista José Juan López hoy imputado por diversos cargos, en concurso de acreedores, como "financiación por ejecución de obras".
Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado "nulo de pleno derecho" el acuerdo de cesión de estos terrenos. El Pleno aprobó ayer la medida sin la presencia de los ediles de PSOE e IU, que se ausentaron. El alcalde, Domingo Delgado, criticó la "deleznable" actitud del PSOE, que, en su opinión, ha demostrado su "irresponsabilidad y absoluta falta de interés por los asuntos de los vecinos".

El caso Ayamonte
El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez (PSOE) compareció ayer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ayamonte, imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio vinculado a una presunta trama de irregularidades urbanísticas en el núcleo costero de Isla Canela.
El regidor ha declinado hacer algún tipo de declaración a su entrada en el Palacio de Justicia ayamontino, si bien el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Francisco José Álvarez, dijo a Efe, tras excusar a Rodríguez, que esta comparecencia ha supuesto "un alivio" ya que el alcalde "ha podido dar su versión sobre los hechos", una versión que no ha trascendido.
Junto con Rodríguez están imputados en la causa, que se encuentra en fase inicial, su antecesor en el cargo, Rafael González (PSOE), a quien se le imputan delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, estafa y cohecho y cuya declaración, así como las de otra siete personas más, miembros de la corporación municipal, también se prevé hoy.
Según ha adelantado el diario Huelva Información los orígenes de este caso se encuentran en una investigación desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil que desembocó en el registro del Ayuntamiento en febrero de 2010 en el que se intervinieron documentos en los que la Fiscalía halló indicios de la comisión de varios delitos relacionados con el urbanismo, decidiendo abrir diligencias informativas en marzo del año pasado.
El asunto está relacionado con el cambio en la calificación de suelo de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de 800 viviendas residenciales con vistas al mar.
El cambio de calificación fue respaldado en noviembre de 2004 por el grupo socialista municipal que entonces lideraba Rafael González, a espaldas, presuntamente, de la Junta de Andalucía quien obtuvo las primeras noticias sobre los hechos en la primavera de 2008 y en 2009 declaró su nulidad por considerarlo contrario a la normativa.

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