Querella por prevaricación contra la directora general de Minas y un jefe de servicio
.
Seis técnicos de la Junta de Andalucía han presentado una querella en
los juzgados de Huelva en la que denuncian las «presiones y amenazas»
que están recibiendo de una alto cargo y de su superior jerárquico para
beneficiar a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, donde trabaja
Paula Chaves, la hija del ex presidente de la Junta, ex vicepresidente
del Gobierno y diputado socialista Manuel Chaves.
Los seis técnicos que componen el departamento de Minas, incluido el jefe de la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se han querellado por prevaricación contra la ex delegada en Huelva de este departamento, María José Asensio, que ayer precisamente tomó posesión de su nuevo cargo como directora general de Industria, Energía y Minas en un acto que presidió el consejero, Antonio Ávila.
La querella, interpuesta en los juzgados de Huelva el pasado lunes con el asesoramiento del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta, se dirige también contra el jefe del servicio de Industria, Energía y Minas, Tomás Fernández.
El escrito, al que tuvo acceso EL MUNDO, detalla las presiones ejercidas sobre los seis técnicos para que le den su visto bueno a la propuesta del plan de restauración que forma parte de un proyecto de planta para tratamiento de aguas de interior de mina de la antigua explotación de Sotiel, cuya titularidad pertenece a Matsa.
Presuntamente, y durante los últimos meses, la alto cargo y el jefe de servicio están obligando a sus técnicos a firmar resoluciones a favor de Matsa, a pesar de que la documentación aportada por la empresa no reúne todos los requisitos exigidos por el reglamento de residuos de actividades mineras.
Fuentes oficiales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo señalaron a este diario que este conflicto se debe exclusivamente a «discrepancias técnicas».
Indicaron que la Inspección de Servicios de la Junta ya analizó el caso y las supuestas presiones de la alto cargo en favor de Matsa y descartó que hubiera «infracciones legales». En cambio, otras fuentes negaron que las discrepancias sean técnicas, ya que no se trata de colocar un filtro de un tipo u otro, sino de que el expediente de Matsa no incluye todos los requisitos legales para que el proyecto salga a información pública, como quiere la alto cargo de la Junta denunciada.
Las relaciones de Matsa con las administraciones gobernadas por el PSOE han sido polémicas, más allá del incentivo de casi 10,1 millones de euros cuya concesión ratificó el ex presidente Chaves pese a que su hija, la abogada Paula Chaves Iborra, era apoderada de la empresa minera y, de hecho, fue quien firmó la aceptación de la ayuda.
Los seis técnicos que componen el departamento de Minas, incluido el jefe de la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se han querellado por prevaricación contra la ex delegada en Huelva de este departamento, María José Asensio, que ayer precisamente tomó posesión de su nuevo cargo como directora general de Industria, Energía y Minas en un acto que presidió el consejero, Antonio Ávila.
La querella, interpuesta en los juzgados de Huelva el pasado lunes con el asesoramiento del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta, se dirige también contra el jefe del servicio de Industria, Energía y Minas, Tomás Fernández.
El escrito, al que tuvo acceso EL MUNDO, detalla las presiones ejercidas sobre los seis técnicos para que le den su visto bueno a la propuesta del plan de restauración que forma parte de un proyecto de planta para tratamiento de aguas de interior de mina de la antigua explotación de Sotiel, cuya titularidad pertenece a Matsa.
Presuntamente, y durante los últimos meses, la alto cargo y el jefe de servicio están obligando a sus técnicos a firmar resoluciones a favor de Matsa, a pesar de que la documentación aportada por la empresa no reúne todos los requisitos exigidos por el reglamento de residuos de actividades mineras.
Fuentes oficiales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo señalaron a este diario que este conflicto se debe exclusivamente a «discrepancias técnicas».
Indicaron que la Inspección de Servicios de la Junta ya analizó el caso y las supuestas presiones de la alto cargo en favor de Matsa y descartó que hubiera «infracciones legales». En cambio, otras fuentes negaron que las discrepancias sean técnicas, ya que no se trata de colocar un filtro de un tipo u otro, sino de que el expediente de Matsa no incluye todos los requisitos legales para que el proyecto salga a información pública, como quiere la alto cargo de la Junta denunciada.
Las relaciones de Matsa con las administraciones gobernadas por el PSOE han sido polémicas, más allá del incentivo de casi 10,1 millones de euros cuya concesión ratificó el ex presidente Chaves pese a que su hija, la abogada Paula Chaves Iborra, era apoderada de la empresa minera y, de hecho, fue quien firmó la aceptación de la ayuda.
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