El terror en la retaguardia durante la guerra española sigue
siendo una cuestión abierta. Tan es así que el anterior Gobierno hizo
de ella un instrumento político. Pero también lo es desde el punto de
vista histórico, como demuestra el hecho de que se siguen haciendo
aportaciones valiosas. La última es El terror rojo, de Julius Ruiz.
Esa improbable combinación entre el nombre y el apellido se debe a que
este hispanista británico es de origen español. El autor le agradece a
su padre no ya el conocimiento de nuestro idioma, sino el interés por la
historia de nuestro país. Un interés que se ha centrado en la represión
de retaguardia y en la del primer franquismo. A este último asunto le
ha dedicado un libro, editado por Oxford University Press.
¿Cómo refleja el autor el terror rojo que anuncia en el título? Por comenzar por lo más llamativo, Ruiz sostiene que los paseos
con que los milicianos conducían a la muerte a millares de madrileños
fue un fenómeno similar al registrado en el mundo del hampa
norteamericano de aquellos años, reflejado en las películas de entonces,
que por supuesto se veían también en Madrid. Ese fue el modelo, dice
Ruiz, más que las checas, palabra que los republicanos de entonces, afirma, no utilizaban.
El asesinato de Calvo-Sotelo, el detonante del alzamiento, contiene
según Ruiz todos los elementos que luego se repetirán en los siniestros paseos:
En primer lugar, lo llevó a cabo una brigada mezcla de policías y milicias. (...) En segundo lugar, [el asesinado] fue víctima del gangsterismo: lo llevaron a dar un paseo en el asiento trasero de una camioneta de la Policía y se deshicieron de su cadáver en el cementerio de la ciudad. En tercer lugar, los dirigentes socialistas proporcionaron protección política a los autores del asesinato.
El Gobierno de Giral repartió armas entre el pueblo, que es el
eufemismo con que la izquierda se refiere a las organizaciones
políticas autorizadas. Pero recibieron una cantidad pequeña en
comparación con la que obtuvieron por otros medios. Con ellas
recorrieron las calles, acudieron a comercios y viviendas, en busca de fascistas. Ruiz describe, con cierto detalle, cómo campaban por sus respetos quienes perpetraban esta violencia espontánea, mientras el Gobierno limpiaba las fuerzas del orden de desafectos y creaba una estructura que proporcionase seguridad frente al enemigo interior.
De la detención a la ejecución muchas veces no había paso intermedio
alguno, sólo apenas unas horas. Los responsables del Gobierno
intentaron, paso a paso, ejercer control sobre el terror. La situación
era alarmante. El 25 de julio el alcalde ordenó a los médicos que no
realizaran más autopsias a los cuerpos arrojados a las calles, debido a
su "gran aglomeración", sino que se limitaran a "certificar la
defunción". El ambiente está captado por estas palabras de Buñuel,
sacadas de sus memorias:
La mayoría de los coches llevaba un par de colchones atados al capó para protegerse de los disparos. Era peligroso hasta sacar la mano para indicar un giro, puesto que este gesto podría ser interpretado como un saludo fascista y hacer que recibieras una rápida ráfaga de disparos.
La
violencia/justicia/seguridad revolucionaria corría a cargo por un lado
del Gobierno y por otro de los partidos. Las relaciones entre éstos y
aquél no siempre fueron fluidas; de hecho, un factor muy importante en
el desarrollo de los acontecimientos fue el miedo de las autoridades a
enfrentarse al pueblo. Las detenciones que practicaban los miembros de los distintos partidos de izquierda acabaron creando el problema de las prisiones. Y a tal aumento de la población reclusa se le buscó una trágica solución.
El Comité Provincial de Investigación Pública, el CPIP, controlado por
los partidos, practicaba detenciones pero también hacía las veces de
tribunal revolucionario. En el CPIP estaban todos, empezando por la
gente de Izquierda Republicana y Unión Republicana: Ruiz nos advierte de
que no debemos pensar que fueron menos crueles que otros.
El CPIP fue el centro de la represión roja en Madrid. Nadie pudo jamás acabar con las ejecuciones extrajudiciales.
"La magnitud del CPIP indica la legitimidad de la que disfrutaba en el
Madrid antifascista", dice el autor. A finales de agosto decía Luis
Araquistaín, lo más cercano a un intelectual dentro del caballerismo:
Todavía [se tardará] algún tiempo en barrer de todo el país a los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio.
Para finales de octubre, "un mínimo de 4.000 personas habían sido detenidas, si no asesinadas, por el CPIP".
¿Qué juicio merece la posición de los responsables republicanos ante
esta maquinaria de represión de ciudadanos desafectos? De nuevo Ruiz:
La red de asesinatos, aunque no estaba basada en ningún plan, fue forjada por organizaciones del Frente Popular en conjunción con una Dirección General de Seguridad que ya había sufrido una purga. El centro fue el Comité Provincial de Investigación Pública, una organización oficialmente consentida, que proporcionaba justicia las veinticuatro horas del día. Aun así, hubo denuncias de violencia incontrolada procedentes de líderes de la izquierda a lo largo del verano de 1936. ¿Podría haberse creado esa red de terror sin su aprobación?
Todo lo anterior fue antes de que comenzasen las matanzas de
Paracuellos. El relato se apega a las razones y los avatares de las
sacas masivas. Que Ruiz identifica con los paseíllos, sólo que no en rápidos y modernos coches, sino en autobuses de dos pisos.
¿Ordenó el Ejecutivo que la Dirección General de Seguridad pusiese en marcha Paracuellos?
No hubo directivas del Gobierno para que se realizaran esas matanzas, pero los ministros clave aceptaron la solución de CPIP para el problema de las prisiones. Aquello no fue sólo pecar por omisión. Aunque el CPIP actuó por propia iniciativa, recibió la legitimación retrospectiva por sus acciones de manos de Ángel Galarza y Manuel Muñoz en forma de órdenes de la DGS de evacuación. Dicho de otro modo, el ministro de la Gobernación y su Dirección General de Seguridad mantuvieron una atmósfera permisiva que dejó que las sacas continuaran sin obstáculos hasta el 6 de noviembre.
¿Y cuál es, finalmente, la responsabilidad de Santiago Carrillo? Ruiz
no alberga la menor duda, y aporta un argumento muy interesante:
La distribución espacial del poder dentro de la Consejería de Orden Público indica que la ignorancia de su jefe fue poco probable. El despacho de Carrillo se encontraba en un palacete en la esquina de la calle Lista con Núñez de Balboa que antes de la guerra pertenecía al financiero Juan March. Situado en el corazón del barrio de Salamanca, estaba a unos minutos de la cárcel de Porlier y de las oficinas del Consejo de Investigación de la DGS de Poncela, situado en un edificio ministerial de la calle Serrano número 37. La comandancia de las MVR, la principal fuente de mano de obra para las sacas masivas, se encontraba seis portales más adelante. La proximidad geográfica de los centros neurálgicos de poder de la Consejería da credibilidad a la afirmación de Torrecilla de que Carrillo se reunía a diario con Poncela para hablar sobre la labor del Consejo de Investigación. Fue revelador que Carrillo le contara a Gibson por error, en septiembre de 1982, que trabajaba desde la calle de Serrano número 37, la base del Consejo de Investigación.
Ruiz muestra, en definitiva, cómo la violencia, ejercida desde los
partidos de izquierda con sus propias fuerzas o en colaboración con el
Estado, se dio desde el primer momento y a gran escala, antes incluso de
Paracuellos. Y que si terminó fue porque la escala de las matanzas
hacía ya imposible su ocultación a los países a los que se solicitaba
apoyo. Además, enmarca tal violencia en el esfuerzo de guerra, en la
convicción izquierdista de que había una peligrosa quinta columna derechista que podría conspirar con el ejército de Franco, que cercaba la capital.
El terror rojo es una gran contribución a la comprensión de
este período y de la represión en el Madrid republicano. Pero tiene
carencias. La explicación de la violencia como parte del esfuerzo de
guerra es insuficiente. ¿Por qué se dio tan pronto y a tal escala? ¿Qué
significado tienen los testimonios que hablan de "limpiar" la
retaguardia como paso necesario para la reforma social? ¿Por qué la
izquierda era violenta desde mucho antes de que empezara la guerra?
Tales carencias, ya señaladas por Pío Moa, tendrá que suplirlas el
lector con otras referencias. Pero no por ello renuncie a recorrer estas
páginas si nuestra última guerra civil le resulta de interés.
JULIUS RUIZ: EL TERROR ROJO. Espasa (Madrid), 2012, 480 páginas. Traducción de Jesús de la Torre.
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