El sindicato lamenta que la Defensora del Pueblo deje en saco roto la petición de amparo de 2.6 millones de empleados públicos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, reclamó hoy al Gobierno que atienda las recomendaciones del Defensor del Pueblo
y devuelva a los empleados públicos por lo menos una parte de la paga
extra de Navidad. Esta parte corresponde a la cuantía de la paga extra
no devengada, teniendo en cuenta que el Real Decreto se publicó el 13 de
julio y la paga extra se empieza a calcular, a partir del mes de
junio.
No obstante, CSI-F considera esta disposición insuficiente y
lamenta que la Defensora del Pueblo se hay inhibido en la presentación
del recurso de inconstitucionalidad en favor del Parlamento de Navarra, institución que ha presentado un recurso previo.
Para CSI-F, la Defensora del Pueblo es un órgano independiente,
encargado de velar por los derechos del conjunto de los españoles, y
con esta decisión deja en saco roto la petición de amparo de 2,6
millones de empleados públicos del conjunto de las Administraciones
Públicas, y por extensión de sus familias.
Por ello, CSI-F y el resto de los sindicatos de la función pública
próximamente darán traslado de los mismos argumentos políticos a los
grupos parlamentarios para que emprendan un recurso similar ante el Constitucional.
En la misma línea, CSI-F pedirá a los grupos parlamentarios que enmienden el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año
para que habiliten fórmulas adicionales a las aportaciones a planes de
pensiones y contrato de seguro colectivos, de modo que puedan
beneficiarse todos los empleados públicos afectados por la medida.
La Defensora del Pueblo señaló ayer en sus recomendaciones la
necesidad de modificar el Real Decreto para concretar su alcance y
ampliar fórmulas de resarcimiento futuro. “Esta afirmación
supone un reconocimiento implícito de que el Gobierno ha volcado
injustamente el peso de los ajustes sobre los hombros de los empleados
públicos”, concluye CSI-F.
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