LA IMPUTACIÓN de varios sindicalistas por robo y coacciones tras los
asaltos a dos supermercados en Andalucía debería servir de llamamiento a
la sensatez. Si aún no se ha procedido judicialmente contra el alcalde y
diputado autonómico Sánchez Gordillo -uno de los cabecillas que alentó a
saquear los comercios- es por su condición de aforado. Sin embargo,
lejos de dar un paso atrás, desde IU se siguieron justificando ayer
incomprensiblemente las acciones violentas. El portavoz en la Comisión
de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, vino a decir que la propiedad
privada es un derecho discutible. «La propiedad no tiene un carácter
sacrosanto, está en función de la utilidad social», afirmó, negando así
uno de los derechos esenciales recogidos en el Título I de la
Constitución.
epsimo y EL MUNDO
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