Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, teme que
los despidos masivos en adminstraciones públicas comiencen a partir de
septiembre con la entrada en vigor del nuevo Decreto Ley que prepara el
Gobierno. Según Borra, los los trabajadores de ayuntamientos serán los
primeros afectados.
El presidente del sindicato de empleados públicos CSI-F, Miguel Borra,
ha expresado su preocupación sobre el pronto inicio de los expedientes
de regulación de empleo (EREs) en el sector público. Según Borra, los despidos colectivos de funcionarios se iniciarán “a principios de septiembre” y afectarán en primer término a los empleados de ayuntamientos.
Borra ha asegurado que el CSI-F “va a ofrecer alternativas” a los despidos. Según el líder sindical, “el problema no es el número de empleados públicos”. Borra se ha referido a otros aspectos que “están en el tintero” como la movilidad laboral o la evaluación del rendimiento.
El nuevo reglamento sobre los EREs en el sector público especifica que las administraciones podrán proceder al despido colectivo o suspensión de contratos cuando la disponibilidad presupuestaria disminuya, al menos, un 10%.
Borra ha mostrado su preocupación ante esta nueva normativa. En su opinión, las administraciones serán “juez y parte”, pues dispondrán de la “capacidad” para decidir las condiciones presupuestarias y propiciar, por tanto, despidos colectivos cuando les interese. Además, los entes públicos, y no los trabajadores, tendrán la última palabra sobre estos procesos.
El sindicato CSI-F ha llevado a cabo en las últimas fechas diversos actos de protesta para mostrar su rechazo a los recortes del Gobierno en el sector público. Además de participar en las grandes marchas que inundaron las calles españolas el pasado 18 de julio, CSI-f también organiza actos reivindicativos en diferentes puntos del país. En La Rioja, por ejemplo, la unión de funcionarios se manifiesta semanalmente frente a la Delegación del Gobierno, en lo que denominan “Viernes Negros”.
Mariano Rajoy anunció a principios de julio la retirada de la paga extra de Navidad a los trabajadores de las administraciones públicas, lo que supone un recorte del 7% en sus salarios. Con el proyecto de Decreto Ley que regulará los despidos colectivos de funcionarios, CSI-F teme que la situación laboral de los empleados públicos se deteriore aún más.
Borra ha asegurado que el CSI-F “va a ofrecer alternativas” a los despidos. Según el líder sindical, “el problema no es el número de empleados públicos”. Borra se ha referido a otros aspectos que “están en el tintero” como la movilidad laboral o la evaluación del rendimiento.
El nuevo reglamento sobre los EREs en el sector público especifica que las administraciones podrán proceder al despido colectivo o suspensión de contratos cuando la disponibilidad presupuestaria disminuya, al menos, un 10%.
Borra ha mostrado su preocupación ante esta nueva normativa. En su opinión, las administraciones serán “juez y parte”, pues dispondrán de la “capacidad” para decidir las condiciones presupuestarias y propiciar, por tanto, despidos colectivos cuando les interese. Además, los entes públicos, y no los trabajadores, tendrán la última palabra sobre estos procesos.
El sindicato CSI-F ha llevado a cabo en las últimas fechas diversos actos de protesta para mostrar su rechazo a los recortes del Gobierno en el sector público. Además de participar en las grandes marchas que inundaron las calles españolas el pasado 18 de julio, CSI-f también organiza actos reivindicativos en diferentes puntos del país. En La Rioja, por ejemplo, la unión de funcionarios se manifiesta semanalmente frente a la Delegación del Gobierno, en lo que denominan “Viernes Negros”.
Mariano Rajoy anunció a principios de julio la retirada de la paga extra de Navidad a los trabajadores de las administraciones públicas, lo que supone un recorte del 7% en sus salarios. Con el proyecto de Decreto Ley que regulará los despidos colectivos de funcionarios, CSI-F teme que la situación laboral de los empleados públicos se deteriore aún más.
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