CRISTINA FERNÁNDEZ de Kirchner expropió ayer YPF, la filial argentina de
Repsol. Y lo hizo usando toda la parafernalia de un régimen
peligrosamente populista: con una soflama, más que un discurso, ante un
Parlamento domesticado que fue televisada a toda la nación. El texto de
la Ley de Soberanía de Hidrocarburos que ha enviado -nominalmente- al
Congreso decreta en teoría la nacionalización del sector y, en la
práctica, sólo la incautación del 51% de YPF al considerar sus
actividades de «interés público nacional». Ese porcentaje se repartirá
entre el Estado central y las provincias en las que YPF tiene
yacimientos. Para no dejar margen a una ya de por sí casi imposible
reacción, el Gobierno argentino entró ayer en la sede de YPF y expulsó
de sus oficinas a los directivos.
Al atropello que supone la expropiación de YPF a sus legítimos dueños, Kirchner añadió una burla a España y al Rey al justificar la expropiación en la caída de la producción de hidrocarburos en Argentina, en las desinversiones de YPF y en que «la caída de reservas de petróleo se parece a la trompa del elefante», en una clara referencia al accidente de Su Majestad en Botsuana del pasado viernes. Un feo desplante que refleja a la perfección la escasa talla política de la presidenta argentina.
Esa supuesta desinversión de Repsol en Argentina es sólo una estratagema de Fernández de Kirchner. Porque no se entiende que tanto el Estado como las provincias hayan estado mostrando a los directivos de Repsol su satisfacción por la gestión de YPF hasta hace apenas unos meses. Además, es absurdo pensar que si YPF aporta el 50% de la producción de crudo de Repsol, el 40% de sus reservas y el 25% de su beneficio, la petrolera española pretendiera descapitalizar la joya de su corona.
Son datos públicos que en 2011 YPF realizó una inversión histórica de 2.327 millones de euros -el doble que el beneficio obtenido en ese ejercicio- y para 2012 el compromiso era elevar esa cifra hasta los 2.600 millones. La «recuperación de la soberanía hidrocarburífera» que esgrimió Kirchner ante los diputados argentinos es, pues, la coartada para encubrir ante la legalidad internacional la flagrante conculcación de los derechos de los accionistas de Repsol. Argentina se merece las represalias que se adopten porque ha puesto en solfa la legalidad internacional, el derecho a la libre empresa y el de propiedad. El daño a los accionistas ya se reflejó ayer, pues las acciones de YPF, que habían perdido ya un 30% desde comienzos de año, fueron suspendidas de negociación en la Bolsa de Nueva York tras llegar a caer un 18%.
El Gobierno se reunió de urgencia nada más conocer la decisión. Al terminar, los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria denunciaron que la medida «discrimina» a YPF y a sus accionistas y calificaron la expropiación de «hostil» contra España y contra sus empresas. Revelaron la existencia de un pacto verbal entre ambos Ejecutivos para solucionar de forma negociada cualquier contencioso con YPF, que Argentina ha roto unilateralmente.
Margallo y Soria no concretaron anoche ninguna medida, pero sí anunciaron que el presidente del Gobierno tratará del asunto en su visita a México y Colombia y que el Ejecutivo ha solicitado que el Parlamento de Estrasburgo analice la expropiación en el pleno que está celebrando estos días. Y anticiparon que informarán en los próximos días sobre las «medidas contundentes» que tomará España para castigar a Argentina. A la vista de la tropelía, los accionistas de Repsol, el mundo empresarial y toda la sociedad esperan del Gobierno de Rajoy una respuesta directamente proporcional a lo que, como hemos dicho, los ministros calificaron de operación «hostil, discriminatoria» y ajena al derecho de propiedad.
Al atropello que supone la expropiación de YPF a sus legítimos dueños, Kirchner añadió una burla a España y al Rey al justificar la expropiación en la caída de la producción de hidrocarburos en Argentina, en las desinversiones de YPF y en que «la caída de reservas de petróleo se parece a la trompa del elefante», en una clara referencia al accidente de Su Majestad en Botsuana del pasado viernes. Un feo desplante que refleja a la perfección la escasa talla política de la presidenta argentina.
Esa supuesta desinversión de Repsol en Argentina es sólo una estratagema de Fernández de Kirchner. Porque no se entiende que tanto el Estado como las provincias hayan estado mostrando a los directivos de Repsol su satisfacción por la gestión de YPF hasta hace apenas unos meses. Además, es absurdo pensar que si YPF aporta el 50% de la producción de crudo de Repsol, el 40% de sus reservas y el 25% de su beneficio, la petrolera española pretendiera descapitalizar la joya de su corona.
Son datos públicos que en 2011 YPF realizó una inversión histórica de 2.327 millones de euros -el doble que el beneficio obtenido en ese ejercicio- y para 2012 el compromiso era elevar esa cifra hasta los 2.600 millones. La «recuperación de la soberanía hidrocarburífera» que esgrimió Kirchner ante los diputados argentinos es, pues, la coartada para encubrir ante la legalidad internacional la flagrante conculcación de los derechos de los accionistas de Repsol. Argentina se merece las represalias que se adopten porque ha puesto en solfa la legalidad internacional, el derecho a la libre empresa y el de propiedad. El daño a los accionistas ya se reflejó ayer, pues las acciones de YPF, que habían perdido ya un 30% desde comienzos de año, fueron suspendidas de negociación en la Bolsa de Nueva York tras llegar a caer un 18%.
El Gobierno se reunió de urgencia nada más conocer la decisión. Al terminar, los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria denunciaron que la medida «discrimina» a YPF y a sus accionistas y calificaron la expropiación de «hostil» contra España y contra sus empresas. Revelaron la existencia de un pacto verbal entre ambos Ejecutivos para solucionar de forma negociada cualquier contencioso con YPF, que Argentina ha roto unilateralmente.
Margallo y Soria no concretaron anoche ninguna medida, pero sí anunciaron que el presidente del Gobierno tratará del asunto en su visita a México y Colombia y que el Ejecutivo ha solicitado que el Parlamento de Estrasburgo analice la expropiación en el pleno que está celebrando estos días. Y anticiparon que informarán en los próximos días sobre las «medidas contundentes» que tomará España para castigar a Argentina. A la vista de la tropelía, los accionistas de Repsol, el mundo empresarial y toda la sociedad esperan del Gobierno de Rajoy una respuesta directamente proporcional a lo que, como hemos dicho, los ministros calificaron de operación «hostil, discriminatoria» y ajena al derecho de propiedad.
epsimo y EL MUNDO
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