EL GOBIERNO designó la semana pasada una comisión de expertos para
reformar los planes de estudio de la universidad. A la espera de sus
conclusiones y tras reunirse con los consejeros autonómicos, el ministro
de Educación anunció ayer una subida de las matrículas universitarias
de hasta un 50% de media para el curso que viene. Ese porcentaje sería
mucho mayor para los alumnos repetidores, que sufrirían una fuerte
penalización hasta llegar a tener que desembolsar una cantidad muy
cercana al coste real.
La recaudación por matrículas o tasas permite a las comunidades recaudar alrededor del 15% del coste de una carrera, que oscila entre 6.000 y 9.000 euros por curso. El incremento de las matrículas, que pasarían de una media de 1.000 a 1.500 euros, permitiría elevar ese porcentaje hasta el 25%. Según los cálculos de Educación, ello supondría -junto a otras medidas- un ahorro para las comunidades de unos 3.000 millones de euros.
Aunque lo ideal es que se hubiera producido de manera más suave y escalonada, en una situación tan dramática como la que atravesamos, parece bastante coherente esa subida de las matrículas. En cualquier caso, el alza de las tasas es una recomendación y no una obligación y, por ello, algunas regiones como La Rioja han anunciado que no recurrirán a ese aumento. La mayoría sí lo va a aplicar al no poder financiar los servicios.
Otra de las iniciativas que el Ministerio de Educación planteó ayer a las comunidades es la reducción del número de títulos universitarios. En la actualidad, España tiene 74 universidades públicas y privadas, un número totalmente desproporcionado en relación a la población. Esa cifra es insostenible, máxime cuando existen casi un 30% de las titulaciones que no llegan a los 50 alumnos de matriculación en primer curso, el umbral mínimo para justificar la existencia de unos estudios.
La tercera de las medidas que se acordó ayer con las comunidades es acabar con el fraude generalizado de los profesores que cobran una parte de su sueldo por unas investigaciones que no realizan. A estos docentes se les va a mantener su remuneración, pero se les exigirá que den clases por las horas que no investigan.
Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Madrid revelaba el mal uso de los fondos de la Universidad Complutense en los proyectos de investigación, con numerosos casos de picaresca. Hoy EL MUNDO revela el contenido de otro informe del Tribunal de Cuentas que, al auditar el gasto autonómico, ha encontrado que existen 1.400 catedráticos y profesores universitarios jubilados que están cobrando el doble de su pensión legal porque las comunidades les remuneran un complemento anual de 30.000 euros. Esta cantidad se paga al margen de la legalidad y por razones no justificadas.
Ello corrobora que, como sucede en otras instituciones, existe una importante falta de control en el gasto de las universidades, al igual que fallan los medios para evaluar el rendimiento real y la dedicación del personal docente, que en algunos casos es muy bajo. Nos parece, por tanto, necesaria la iniciativa del Ministerio de Educación de abordar una política de racionalización del gasto de acuerdo con las comunidades, que son las que financian la universidad pública. Pero también es muy importante acometer la reforma de los contenidos y de los planes de estudio, cuyo nivel académico se ha ido degradando.
La reforma de la enseñanza superior es un asunto muy complejo y de difícil consenso, pero ha llegado el momento de llevar a cabo una refundación de una universidad pública esclerotizada y burocratizada por unos intereses corporativos con los que hay que acabar.
La recaudación por matrículas o tasas permite a las comunidades recaudar alrededor del 15% del coste de una carrera, que oscila entre 6.000 y 9.000 euros por curso. El incremento de las matrículas, que pasarían de una media de 1.000 a 1.500 euros, permitiría elevar ese porcentaje hasta el 25%. Según los cálculos de Educación, ello supondría -junto a otras medidas- un ahorro para las comunidades de unos 3.000 millones de euros.
Aunque lo ideal es que se hubiera producido de manera más suave y escalonada, en una situación tan dramática como la que atravesamos, parece bastante coherente esa subida de las matrículas. En cualquier caso, el alza de las tasas es una recomendación y no una obligación y, por ello, algunas regiones como La Rioja han anunciado que no recurrirán a ese aumento. La mayoría sí lo va a aplicar al no poder financiar los servicios.
Otra de las iniciativas que el Ministerio de Educación planteó ayer a las comunidades es la reducción del número de títulos universitarios. En la actualidad, España tiene 74 universidades públicas y privadas, un número totalmente desproporcionado en relación a la población. Esa cifra es insostenible, máxime cuando existen casi un 30% de las titulaciones que no llegan a los 50 alumnos de matriculación en primer curso, el umbral mínimo para justificar la existencia de unos estudios.
La tercera de las medidas que se acordó ayer con las comunidades es acabar con el fraude generalizado de los profesores que cobran una parte de su sueldo por unas investigaciones que no realizan. A estos docentes se les va a mantener su remuneración, pero se les exigirá que den clases por las horas que no investigan.
Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Madrid revelaba el mal uso de los fondos de la Universidad Complutense en los proyectos de investigación, con numerosos casos de picaresca. Hoy EL MUNDO revela el contenido de otro informe del Tribunal de Cuentas que, al auditar el gasto autonómico, ha encontrado que existen 1.400 catedráticos y profesores universitarios jubilados que están cobrando el doble de su pensión legal porque las comunidades les remuneran un complemento anual de 30.000 euros. Esta cantidad se paga al margen de la legalidad y por razones no justificadas.
Ello corrobora que, como sucede en otras instituciones, existe una importante falta de control en el gasto de las universidades, al igual que fallan los medios para evaluar el rendimiento real y la dedicación del personal docente, que en algunos casos es muy bajo. Nos parece, por tanto, necesaria la iniciativa del Ministerio de Educación de abordar una política de racionalización del gasto de acuerdo con las comunidades, que son las que financian la universidad pública. Pero también es muy importante acometer la reforma de los contenidos y de los planes de estudio, cuyo nivel académico se ha ido degradando.
La reforma de la enseñanza superior es un asunto muy complejo y de difícil consenso, pero ha llegado el momento de llevar a cabo una refundación de una universidad pública esclerotizada y burocratizada por unos intereses corporativos con los que hay que acabar.
epsimo y EL MUNDO
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