Las cartas boca arriba sobre las autonomías

.EL CONGRESO rechazó ayer las enmiendas a la totalidad de la ley de presupuestos con los votos de la mayoría absoluta del PP. Esta circunstancia llevó a la oposición socialista, los partidos de izquierda y los nacionalistas a subrayar la soledad parlamentaria del Gobierno. A esta consigna propagandística respondió Mariano Rajoy, con buen criterio, resaltando la fortaleza de su Ejecutivo en la Cámara y recordando que no en todos los países europeos sucede lo mismo, ya que hay gobiernos que no disponen de la mayoría absoluta para llevar a cabo las reformas necesarias con el fin de superar la crisis. Lo acabamos de ver en Holanda, donde el primer ministro liberal se ha visto obligado a convocar elecciones ante la negativa de sus socios de extrema derecha a votar en el Parlamento el plan de ajuste impuesto por la UE.
No hay duda de que si el PP no hubiera logrado una mayoría rotunda para aprobar las medidas de ajuste que se nos exige desde los organismos internacionales podríamos haber seguido la senda de Grecia o Italia, cuyos gobiernos fueron impuestos desde fuera. Rajoy, además, bien podría haber añadido aquello de que mejor solo que mal acompañado, dado que para contar con los votos de CiU habría tenido que ceder a la exigencia inasumible de transferir cientos de millones a la Generalitat, como reclama Artur Mas.
Dejando al margen la demagogia del PSOE y el resto de los grupos de izquierda, cuya alternativa a los presupuestos del Gobierno era directamente declarar a España insumisa ante las directrices de la UE, el debate parlamentario ha dejado sobre la mesa la crisis que se avecina para los próximos meses. El Ejecutivo, por boca del ministro de Hacienda, endureció ayer su discurso sobre las autonomías, una vez aprobada en el Senado la ley de estabilidad que permite intervenir las comunidades que incumplan las cifras de déficit. «Si hay que intervenir alguna autonomía que no esté en la senda de consecución del déficit público, se hará». Montoro incluso cargó contra los nacionalismos por «mirarse el ombligo» y les advirtió que está en juego «España y el propio euro». Seguramente no por casualidad, el Gobierno ha elevado el tono después de romperse la posibilidad de acuerdo con CiU para los presupuestos.
El discurso del Gobierno es el correcto y de ninguna manera puede permitirse el lujo de quedarse únicamente en la amenaza, cuando todos los informes de las instituciones europeas y mundiales indican que España está siendo castigada en los mercados por el descontrol del gasto autonómico. Los nacionalistas de CiU han querido ponerse la venda antes de la herida y durante toda la semana han insistido en que si el Gobierno decide intervenir Cataluña, Artur Mas convocará elecciones. Las cartas de ambas partes están, pues, sobre la mesa.
A nadie se le oculta la dificultad política que supone tomar la decisión de intervenir una comunidad autónoma. La catalana, por cierto, no es la única que se encuentra en el ojo del huracán. Las cuentas valencianas -hoy publicamos que la Fórmula 1 costará este año 40 millones- son el talón de Aquiles del PP. Ahora bien, el problema sería aún mayor si, habiendo impulsado una ley de estabilidad, el Gobierno no la aplicara por temor a las reacciones que pudiera provocar. Nadie lo entendería fuera de nuestras fronteras, que es donde tenemos que ir a buscar el dinero para financiarnos. Desde estas páginas hemos defendido una reforma del Estado desde su origen, que es la Constitución. El Gobierno ha optado por un atajo, pero ya no le queda más remedio que poner fin al descontrol por la vía de los hechos. 

epsimo EL MUNDO