LA LECTURA del auto de prisión incondicional dictado ayer de madrugada
por la juez Mercedes Alaya contra el ex consejero de Empleo Antonio
Fernández produce una mezcla de bochorno y consternación, ya que es
difícil imaginar una malversación tan descarada de los fondos públicos
como la que se ha producido en el llamado «fraude de los ERE».
La juez imputa al ex consejero de Empleo por seis infracciones del Código Penal y le hace responsable de la concesión de ayudas por importe de 395 millones de euros mediante un procedimiento totalmente ilegal, «que servía para justificar la presunta comisión de delitos continuados con un absoluto desprecio al Derecho».
Ese procedimiento «omitía burdamente la normativa estatal y autonómica» para «regalar» favores «de forma institucionalizada» a «un extensísimo grupo de personas, cuyos privilegios provenían de su proximidad a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz».
Según el auto, Antonio Fernández actuó con «total despreocupación por el destino del dinero público», lo que provocó que «buena parte de esas subvenciones encubiertas se haya utilizado para el enriquecimiento personal de sus perceptores».
Llama la atención, según señala la juez, que durante un periodo de 10 años una entidad pública como la Junta de Andalucía «haya podido olvidar el cumplimiento de la ley», permitiendo a personas que no tenían competencia alguna -se refiere al subordinado de Fernández, Javier Guerrero, ex director general de Empleo- el reparto de estas ayudas que nunca fueron fiscalizadas ni por la propia Junta ni por órgano externo alguno.
La juez Alaya sostiene que Antonio Fernández fue quien «ideó y elaboró» en 2001 cuando era viceconsejero de Empleo el mecanismo de «despilfarro continuado de fondos públicos», que se gestionaban a través del Instituto de Fomento Andaluz (IFA) para evitar los controles de la Intervención de la Junta.
No cabe albergar ninguna duda de que el montaje de este tinglado de corrupción y nepotismo fue concebido por Fernández, que tuvo la desfachatez de incluirse en el ERE de González Byass, la empresa en la que había trabajado en su juventud. Él mismo admitió implícitamente su culpa al descargar su responsabilidad sobre Guerrero y otros subordinados, que, según su versión, abusaron de su confianza. Pero resulta totalmente increíble que Fernández pudiera repartir unas ayudas y subvenciones que -si se suman las diferentes partidas- ascienden a más de 600 millones de euros sin que nadie más de la Junta de Andalucía se enterase o colaborara en el fraude, como pretende hacernos creer todavía el PSOE.
La Intervención de la Junta advirtió por escrito en reiteradas ocasiones al propio Griñán cuando era consejero de Economía de la ilegalidad de los procedimientos, pero éste decidió hacer caso omiso de esos avisos. Cuando surgieron las primeras denuncias en los medios, Chaves las tachó de infamias. Y ambos pusieron todo tipo de obstáculos a la investigación de la juez Alaya, empezando por la destrucción de documentos, como reconoció Guerrero.
Ahora, el PSOE y UGT defienden a Fernández y tachan la decisión de la juez de «predefinida» y «desproporcionada». No les queda otro remedio que apoyar a su ex consejero, que, aunque declaró que el procedimiento de los ERE era conocido por sus compañeros en la Junta, no ha querido incriminar directamente a Griñán.
Veremos si surge durante la investigación algún documento o testimonio que le implique, pero lo que está fuera de toda duda es que por sus cargos tenía que conocer una malversación de recursos públicos de esa magnitud y esa extensión. Si Fernández resulta condenado, Griñán tendrá que asumir su responsabilidad política, ya que, primero como consejero de Economía y luego como presidente de la Junta, tenía la obligación de velar por una correcta administración de los recursos públicos. Sea por acción o por omisión, él es responsable político de este gran escándalo.
La juez imputa al ex consejero de Empleo por seis infracciones del Código Penal y le hace responsable de la concesión de ayudas por importe de 395 millones de euros mediante un procedimiento totalmente ilegal, «que servía para justificar la presunta comisión de delitos continuados con un absoluto desprecio al Derecho».
Ese procedimiento «omitía burdamente la normativa estatal y autonómica» para «regalar» favores «de forma institucionalizada» a «un extensísimo grupo de personas, cuyos privilegios provenían de su proximidad a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz».
Según el auto, Antonio Fernández actuó con «total despreocupación por el destino del dinero público», lo que provocó que «buena parte de esas subvenciones encubiertas se haya utilizado para el enriquecimiento personal de sus perceptores».
Llama la atención, según señala la juez, que durante un periodo de 10 años una entidad pública como la Junta de Andalucía «haya podido olvidar el cumplimiento de la ley», permitiendo a personas que no tenían competencia alguna -se refiere al subordinado de Fernández, Javier Guerrero, ex director general de Empleo- el reparto de estas ayudas que nunca fueron fiscalizadas ni por la propia Junta ni por órgano externo alguno.
La juez Alaya sostiene que Antonio Fernández fue quien «ideó y elaboró» en 2001 cuando era viceconsejero de Empleo el mecanismo de «despilfarro continuado de fondos públicos», que se gestionaban a través del Instituto de Fomento Andaluz (IFA) para evitar los controles de la Intervención de la Junta.
No cabe albergar ninguna duda de que el montaje de este tinglado de corrupción y nepotismo fue concebido por Fernández, que tuvo la desfachatez de incluirse en el ERE de González Byass, la empresa en la que había trabajado en su juventud. Él mismo admitió implícitamente su culpa al descargar su responsabilidad sobre Guerrero y otros subordinados, que, según su versión, abusaron de su confianza. Pero resulta totalmente increíble que Fernández pudiera repartir unas ayudas y subvenciones que -si se suman las diferentes partidas- ascienden a más de 600 millones de euros sin que nadie más de la Junta de Andalucía se enterase o colaborara en el fraude, como pretende hacernos creer todavía el PSOE.
La Intervención de la Junta advirtió por escrito en reiteradas ocasiones al propio Griñán cuando era consejero de Economía de la ilegalidad de los procedimientos, pero éste decidió hacer caso omiso de esos avisos. Cuando surgieron las primeras denuncias en los medios, Chaves las tachó de infamias. Y ambos pusieron todo tipo de obstáculos a la investigación de la juez Alaya, empezando por la destrucción de documentos, como reconoció Guerrero.
Ahora, el PSOE y UGT defienden a Fernández y tachan la decisión de la juez de «predefinida» y «desproporcionada». No les queda otro remedio que apoyar a su ex consejero, que, aunque declaró que el procedimiento de los ERE era conocido por sus compañeros en la Junta, no ha querido incriminar directamente a Griñán.
Veremos si surge durante la investigación algún documento o testimonio que le implique, pero lo que está fuera de toda duda es que por sus cargos tenía que conocer una malversación de recursos públicos de esa magnitud y esa extensión. Si Fernández resulta condenado, Griñán tendrá que asumir su responsabilidad política, ya que, primero como consejero de Economía y luego como presidente de la Junta, tenía la obligación de velar por una correcta administración de los recursos públicos. Sea por acción o por omisión, él es responsable político de este gran escándalo.
epsimo y EL MUNDO
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