Una visita del subdelegado a las cárceles de El Puerto provocó ayer la inquietud del colectivo ante un proceso
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, visitó ayer
los tres centros penitenciarios de El Puerto, donde mantuvo reuniones
con los directores de las cárceles. Era la primera vez que De Torre se
acercaba a las prisiones de la Bahía tras tomar posesión. Los
representantes sindicales de los funcionarios desconocían la cita y la
inquietud fue creciendo conforme pasaba la mañana. Algunos interpretaban
esta toma de contacto como el primer paso a una futura privatización de
parte de las labores de vigilancia de estos recintos. Un proyecto que
maneja el Ministerio del Interior, que se ha desvelado sin concretarse
aún ni cómo se va a hacer ni cuándo o lo que es más importante, si se va
a llevar definitivamente a cabo. Pero las dudas son muchas, sobre todo
en esta provincia con una de las principales poblaciones reclusas del
país.
Por eso, representantes del sindicato de funcionarios
Acaip aprovecharon la oportunidad y le solicitaron al subdelegado una
reunión en la que van a trasladarle esa preocupación y donde pretenden
conocer en qué punto está ese proceso de privatización. Esa idea que
maneja Interior se justifica por la pérdida de empleo que han sufrido
los escoltas privados que trabajaban para personas amenazas por ETA en
el País Vasco. El final de la violencia de la banda terrorista ha
supuesto que este colectivo se quede sin trabajo.
La oficina del subdelegado confirmó ayer mediante una
nota que dicha reunión con los representantes sindicales se producirá en
los próximos días, aunque la fecha está pendiente de concretarse.
De producirse la citada privatización de la vigilancia de
los centros penitenciarios, esta medida afectaría a unos 116 agentes
del Cuerpo Nacional de Policía y unos 44 de la Guardia Civil. Los
primeros se encargan de la custodia del perímetro exterior y las garitas
de acceso de las tres prisiones portuenses; mientras que los
funcionarios de la Benemérita se encargan de las mismas funciones pero
en el centro de Botafuegos (Algeciras).
Fuentes sindicales señalaban a este medio que no tendrían
inconvenientes en que vigilantes privados se hicieran cargo del
perímetro, «pero los accesos deben seguir bajo el mando de la Policía».
Fuentes sindicales del Cuerpo Nacional señalaban que las primeras
informaciones apuntan a que ese personal pasaría a formar parte de
unidades de la Comisaría portuense, «por lo que el impacto debería ser
mínimo». Pero ante la falta de concreción, las especulaciones son
muchas.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se
opone abiertamente a la privatización. En abril, una comisión de la AUGC
se reunió con la Dirección General del Instituto Armado que le confirmó
ese proyecto, aun por definir. «Se ha vuelto a trasladar su
preocupación por el impacto negativo tanto laboral como familiar que
esta decisión política va a tener en los guardias civiles afectados. Si
de lo que se trata es de paliar la falta de personal -se ha reducido
considerablemente la oferta de empleo público y sólo se repondrá una de
cada diez bajas- en la actualidad, hay más de 1.200 guardias civiles
realizando labores de fontanería, electricidad, pintura... y que pueden y
deben ser recuperados para su profesión policial».
Fuentes de la AUGC especificaron que en el caso de los
agentes que trabajan en Botafuegos, pertenecen a una unidad (núcleo de
servicio) que además de la vigilancia de las prisiones, se encargan de
la conducción de presos y que, por tanto, no deberían perder su destino
de aplicarse la privatización.
LA VOZ DE CADIZ
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