Un autónomo beneficiario de una ayuda del fondo de reptiles ha
interpuesto una querella criminal contra el ex director general de
Trabajo de la Junta Javier Guerrero por incluirlo, «sin su conocimiento y
falseando datos», en el expediente de regulación de empleo (ERE) de una
empresa en la que nunca había trabajado.
El supuesto desvío irregular de fondos públicos al falso prejubilado se hizo, supuestamente, para pagarle la subvención que le había concedido la Junta de Andalucía cuatro años antes. Es la primera acción judicial que promueve un intruso de los ERE andaluces desde que estalló el caso que instruye la juez Mercedes Alaya.
Antonio Polonio Correa, que imputa a Javier Guerrero los delitos de prevaricación y falsedad documental, ha acudido a los tribunales semanas después de que la Consejería de Empleo de la Junta le comunicara que le ha abierto un expediente de reintegro para recuperar los 180.000 euros que le pagó a finales de 2007.
La historia es rocambolesca e ilustra a las claras el descontrol existente en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Andalucía durante años: una ayuda específica a empresa con cargo a una anualidad presupuestaria determinada que termina pagándose a través de una póliza de prejubilaciones y cuatro años después.
El
1 de octubre de 2003, Antonio Polonio Correa -que es propietario de una
empresa de movimiento de tierras radicada en la localidad sevillana de
Las Navas de la Concepción- firmó un protocolo de colaboración con el
entonces director general de Trabajo autonómico por el que la Junta
andaluza se comprometía a concederle una ayuda por importe máximo de
150.000 euros.
La subvención, según se detallaba en la cláusula primera, se enmarcaba en el apoyo de la Administración autonómica a «sectores en situación de crisis o en vías de desarrollo» en Andalucía.
Según detalla Polonio Correa en su querella criminal, presentada el pasado 22 de marzo ante el juzgado que dirige Mercedes Alaya y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la ayuda la solicitó para la compra de un camión y un remolque que le supuso un desembolso de 161.644,58 euros.
El 17 de febrero de 2005, 16 meses después del protocolo firmado con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Guerrero autorizó al beneficiario a realizar un endoso a favor de la antigua Caja San Fernando para disponer del importe líquido de la ayuda, que se imputaba a la partida presupuestaria 31L -llamada fondo de reptiles- correspondiente a la anualidad de 2005.
El retraso en el pago de la ayuda por parte de la Consejería de Empleo hizo que este autónomo tuviera que renovar hasta en tres ocasiones la póliza de crédito, con sus consiguientes costes financieros.
Aunque un año y medio antes ya había formalizado el endoso, Guerrero firmó en octubre de 2006 otra resolución por la que concedía una ayuda «específica» por 150.000 euros. «Dicha subvención se hará efectiva en los próximos tres meses», se lee en el escrito.
Pasó el plazo previsto y el empresario siguió sin recibir el dinero. El 22 de marzo de 2007 envió una carta al director general de Empleo en la que le hacía ver el grave perjuicio que le había causado a la tesorería de su empresa, ya que tuvo que renovar la póliza de crédito y hacer frente a intereses por 40.000 euros. «Le solicito o le suplico me realice el pago antes de la fecha de renovación de la póliza porque, de no recibir el ingreso, tendrá consecuencias ruinosas para mi empresa», imploraba entonces el empresario.
Tuvieron que transcurrir aún casi otros siete meses para que el dinero llegara a su cuenta corriente.
No sólo le transfirieron los 150.000 euros concedidos inicialmente, sino que le ingresaron 30.000 más en concepto de intereses.
La investigación de los ERE ha permitido conocer que el ex director general recurrió a una póliza de prejubilaciones para saldar la deuda que, en virtud de la subvención a la que se había comprometido en octubre de 2003, mantenía con Antonio Polonio.
En concreto, lo incluyó irregularmente en el seguro colectivo de rentas vinculado al expediente de S. A. Manufactura Española del Corcho (Samec). A Polonio Correa lo incluyeron en esa póliza como podrían haberlo hecho en cualquier otra.
La transferencia a su favor se produjo dos semanas después de que Guerrero manifestara por escrito a la aseguradora belga Apra Leven su conformidad para que se formalizara una póliza para 22 ex trabajadores de Samec. La Junta se comprometía a abonar 3.274.116,41 euros el 1 de abril de 2008.
De los 22 beneficiarios, los que figuran en los puestos 21 y 22 no habían trabajado nunca en esta empresa sevillana. En el puesto 21 aparece José Antonio García Prieto, al que se le reconoce una prima al contado de 68.161,39 euros. García Prieto fue el concejal socialista de Camas que donó la sede al PSOE y que aparece como falso prejubilado en el ERE de Intersur. Como cuando terminó de recibir las rentas por esa póliza aún no alcanzaba la edad de jubilación, se dirigió a Javier Guerrero solicitando nuevas ayudas. Fue así como lo incluyeron en la póliza de Samec.
El listado de beneficiarios lo cerraba Antonio Polonio, del que el estudio actuarial no detallaba ni la edad ni el nivel de garantía que le cubría. Tan sólo el coste de la prima: 180.000 euros.
El demandante destaca en la querella las «consecuencias mercantiles y personales» que la inclusión como intruso en un ERE le están causando, al tiempo que pide que se imponga al ex director general de Trabajo -en prisión desde el 10 de marzo- una fianza de 40.000 euros o el embargo de bienes por ese importe para hacer frente a la responsabilidad civil ex delicto.
Entre las diligencias probatorias solicitadas, Polonio Correa pide que se interrogue a Javier Guerrero y que la Dirección General de Trabajo remita copia certificada del expediente relativo a Samec, a fin de demostrar que no firmó el boletín de adhesión individual a la póliza de prejubilaciones financiada por la Junta de Andalucía.
El supuesto desvío irregular de fondos públicos al falso prejubilado se hizo, supuestamente, para pagarle la subvención que le había concedido la Junta de Andalucía cuatro años antes. Es la primera acción judicial que promueve un intruso de los ERE andaluces desde que estalló el caso que instruye la juez Mercedes Alaya.
Antonio Polonio Correa, que imputa a Javier Guerrero los delitos de prevaricación y falsedad documental, ha acudido a los tribunales semanas después de que la Consejería de Empleo de la Junta le comunicara que le ha abierto un expediente de reintegro para recuperar los 180.000 euros que le pagó a finales de 2007.
La historia es rocambolesca e ilustra a las claras el descontrol existente en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Andalucía durante años: una ayuda específica a empresa con cargo a una anualidad presupuestaria determinada que termina pagándose a través de una póliza de prejubilaciones y cuatro años después.
El
1 de octubre de 2003, Antonio Polonio Correa -que es propietario de una
empresa de movimiento de tierras radicada en la localidad sevillana de
Las Navas de la Concepción- firmó un protocolo de colaboración con el
entonces director general de Trabajo autonómico por el que la Junta
andaluza se comprometía a concederle una ayuda por importe máximo de
150.000 euros.La subvención, según se detallaba en la cláusula primera, se enmarcaba en el apoyo de la Administración autonómica a «sectores en situación de crisis o en vías de desarrollo» en Andalucía.
Según detalla Polonio Correa en su querella criminal, presentada el pasado 22 de marzo ante el juzgado que dirige Mercedes Alaya y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la ayuda la solicitó para la compra de un camión y un remolque que le supuso un desembolso de 161.644,58 euros.
El 17 de febrero de 2005, 16 meses después del protocolo firmado con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Guerrero autorizó al beneficiario a realizar un endoso a favor de la antigua Caja San Fernando para disponer del importe líquido de la ayuda, que se imputaba a la partida presupuestaria 31L -llamada fondo de reptiles- correspondiente a la anualidad de 2005.
El retraso en el pago de la ayuda por parte de la Consejería de Empleo hizo que este autónomo tuviera que renovar hasta en tres ocasiones la póliza de crédito, con sus consiguientes costes financieros.
Aunque un año y medio antes ya había formalizado el endoso, Guerrero firmó en octubre de 2006 otra resolución por la que concedía una ayuda «específica» por 150.000 euros. «Dicha subvención se hará efectiva en los próximos tres meses», se lee en el escrito.
Pasó el plazo previsto y el empresario siguió sin recibir el dinero. El 22 de marzo de 2007 envió una carta al director general de Empleo en la que le hacía ver el grave perjuicio que le había causado a la tesorería de su empresa, ya que tuvo que renovar la póliza de crédito y hacer frente a intereses por 40.000 euros. «Le solicito o le suplico me realice el pago antes de la fecha de renovación de la póliza porque, de no recibir el ingreso, tendrá consecuencias ruinosas para mi empresa», imploraba entonces el empresario.
Tuvieron que transcurrir aún casi otros siete meses para que el dinero llegara a su cuenta corriente.
No sólo le transfirieron los 150.000 euros concedidos inicialmente, sino que le ingresaron 30.000 más en concepto de intereses.
La investigación de los ERE ha permitido conocer que el ex director general recurrió a una póliza de prejubilaciones para saldar la deuda que, en virtud de la subvención a la que se había comprometido en octubre de 2003, mantenía con Antonio Polonio.
En concreto, lo incluyó irregularmente en el seguro colectivo de rentas vinculado al expediente de S. A. Manufactura Española del Corcho (Samec). A Polonio Correa lo incluyeron en esa póliza como podrían haberlo hecho en cualquier otra.
La transferencia a su favor se produjo dos semanas después de que Guerrero manifestara por escrito a la aseguradora belga Apra Leven su conformidad para que se formalizara una póliza para 22 ex trabajadores de Samec. La Junta se comprometía a abonar 3.274.116,41 euros el 1 de abril de 2008.
De los 22 beneficiarios, los que figuran en los puestos 21 y 22 no habían trabajado nunca en esta empresa sevillana. En el puesto 21 aparece José Antonio García Prieto, al que se le reconoce una prima al contado de 68.161,39 euros. García Prieto fue el concejal socialista de Camas que donó la sede al PSOE y que aparece como falso prejubilado en el ERE de Intersur. Como cuando terminó de recibir las rentas por esa póliza aún no alcanzaba la edad de jubilación, se dirigió a Javier Guerrero solicitando nuevas ayudas. Fue así como lo incluyeron en la póliza de Samec.
El listado de beneficiarios lo cerraba Antonio Polonio, del que el estudio actuarial no detallaba ni la edad ni el nivel de garantía que le cubría. Tan sólo el coste de la prima: 180.000 euros.
El demandante destaca en la querella las «consecuencias mercantiles y personales» que la inclusión como intruso en un ERE le están causando, al tiempo que pide que se imponga al ex director general de Trabajo -en prisión desde el 10 de marzo- una fianza de 40.000 euros o el embargo de bienes por ese importe para hacer frente a la responsabilidad civil ex delicto.
Entre las diligencias probatorias solicitadas, Polonio Correa pide que se interrogue a Javier Guerrero y que la Dirección General de Trabajo remita copia certificada del expediente relativo a Samec, a fin de demostrar que no firmó el boletín de adhesión individual a la póliza de prejubilaciones financiada por la Junta de Andalucía.
epsimo y EL MUNDO
Griñán ha sido el responsable desde 2004
Tras ocho años como responsable de
la entidad pública, Griñán opta ahora por el control externo de las
ayudas. A tal fin destinará 800.000 euros durante dos años
ES UNA PRUEBA "VÁLIDA" Y "LÍCITA"
En un auto contra el que no cabe recurso, rechaza los escritos presentados por Fernando Mellet y Daniel Ponce.
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