Una huelga al borde del precipicio

ESPAÑA VIVIRÁ mañana la octava huelga general desde la reinstauración de la democracia. Y lo va a hacer en el momento económico más delicado de los últimos 30 años, con un Gobierno que tiene que empeñarse a diario por demostrar a sus socios europeos que está decidido a cumplir con todos sus compromisos. Por eso, desde el punto de vista económico es improcedente la convocatoria de este paro. Porque UGT y CCOO protestan por una reforma laboral después de dejar que el desempleo superara los cinco millones de personas poco menos que sin rechistar ni plantear iniciativa viable alguna para modernizar el anquilosado mercado de trabajo español.

Ahora, cuando por fin un Gobierno afronta la realidad e intenta alinear las relaciones laborales con las de los países con los que compiten nuestras empresas, los que se autodenominan representantes de los trabajadores se enrocan en sus posiciones y plantean un desafío al Gobierno que lo único que puede conseguir es proporcionar un empujón a quien se encuentra al borde del precipicio. No hay una sola razón de utilidad, pues, que justifique esta huelga perjudicial para el futuro del país.

Pero tras las elecciones en Andalucía y en Asturias la huelga general ha tomado un marcado cariz político que nadie puede soslayar. Tanto PSOE como IU han entendido como un castigo de los ciudadanos al Gobierno el resultado de los comicios autonómicos y quieren aprovechar el paro para debilitar más la posición del Ejecutivo.

Los socialistas no han llamado a la huelga, pero han dado muestras de apoyarla. El PSC expresó ayer su deseo de que «tenga éxito» y sus parlamentarios donarán mañana el salario a entidades no lucrativas, mientras que los diputados socialistas del Congreso leerán una declaración de rechazo a la reforma laboral y tendrán libertad para acudir a las manifestaciones. Así, la izquierda política y social pretende colocar al Gobierno entre la espada de los ajustes y la pared de las exigencias de Bruselas. Una actitud que si en los sindicatos se puede tachar de irresponsable, en el principal partido de la oposición, cuyo nefasto desgobierno nos ha conducido a la precaria situación actual, es absolutamente reprochable.

Porque España se encuentra en una encrucijada. La economía ha entrado oficialmente en recesión, como confirmó ayer el Banco de España; los ingresos por impuestos continúan cayendo y la prima de riesgo ha vuelto al nivel de los 350 puntos básicos que no se veía desde semanas atrás. Además, la continuidad de un gobierno socialista apoyado por IU en Andalucía, partidario de aumentar el gasto público, dificultará aún más el control del déficit por parte del Ejecutivo central.

Como estamos en el punto de mira, sindicatos y partidos deben ser conscientes de que esta huelga no castiga al Gobierno, sino al país. Porque no hay otra política económica posible y no hay margen para planteamientos fuera de la realidad, como el que reflejaba el obispo de Ciudad Real al criticar en una pastoral la reforma laboral.

Incluso con un apoyo mayoritario de los españoles al paro, el Gobierno no se podría echar para atrás, porque lo que es exige la Comisión es profundizar en las reformas. Así lo expresa Bruselas en el documento confidencial titulado España, actualización sobre la política presupuestaria y las reformas financieras y estructurales, del que hoy informamos en exclusiva. La Comisión hace una valoración positiva de la labor de Rajoy y reconoce las «ambiciosas» reformas emprendidas desde diciembre. Pero, a la vez, empuja al Ejecutivo a ir más allá en dos cuestiones relacionadas directamente con la huelga de mañana: la reforma laboral y el ajuste presupuestario en las autonomías. Bruselas dice que el Gobierno debe rectificar aspectos clave de la reforma, como la excesiva duración de la prórroga de los convenios cuando acaba su vigencia. O dedicar más recursos a la formación y menos a subvencionar la contratación.

 

Donde la exigencia comunitaria se torna radical es en la necesidad de «una revisión integral» de los gastos de las comunidades autónomas. Las cuentas regionales se han convertido en el talón de Aquiles de la economía española y el Gobierno no transmite que pueda ponerle remedio. Rajoy afirmó ayer desde Seúl que los Presupuestos contemplan una reducción del 15% en el gasto de los ministerios y Montoro insinuó que habrá subidas de impuestos -«modificaciones», dijo-.

Pero la sensación que cunde entre los ciudadanos es que mientras ellos soportan el peso de los ajustes, las administraciones caminan mucho más retrasadas. Es cierto que ya se ha aprobado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que algunos ejecutivos regionales están aplicando duros programas de ajuste, pero tiene que ser el Gobierno central el que asuma el reto de aglutinar al resto de las fuerzas políticas para poner en marcha una reforma radical del Estado de las Autonomías.

Convocan paros todos los lunes y viernes desde abril hasta julio 
epsimo y EL MUNDO