Para esta organización sindical, si llegara a producirse la sustitución
de Agentes de la Guardia Civil por empresas de seguridad privada,
supondría un grave error, representaría un paso adelante en la
privatización de los servicios públicos, no garantizaría un aumento de
la calidad de los mismos y, además, entraría en colisión con la
normativa vigente en la materia.
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