La noticia de una negociación entre los mareros
encarcelados y el Gobierno para rebajar la violencia ha provocado una
fuerte polémica en El Salvador.
Hace unos días, el diario salvadoreño El Faro
publicó una información que ha traído fuertes críticas en el país
centroamericano: una negociación entre el Gobierno del presidente Mauricio Funes
y los principales líderes de las Maras encarcelados para que éstos sean
trasladados a cárceles de menor seguridad a cambio de un cese de los
asesinatos ocasionados por estos violentos pandilleros.
Según dicha información, los beneficiados por este acuerdo son los principales líderes de Barrio 18, entre ellos los peligrosos Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias Viejo Lin; Carlos Alberto Rivas Barahona, alias Chino Tres Colas; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke, y Frank William Martínez, alias Cholo William. También están otros 12 de la Mara Salvatrucha como Borromeo Enrique Solórzano, alias El Diablito, y Ricardo Adalberto Díaz, alias La Rata. El Faro
señala que "nunca antes tantos reos de alta peligrosidad que pertenecen
a pandillas habían sido trasladados en un solo movimiento a cárceles de
menor seguridad".
Lo que estaría buscando con esto el Gobierno, siempre según El Faro,
es que los líderes pandilleros ordenen el cese de los asesinatos en El
Salvador. De hecho, aporta un dato y es que desde que los traslados se
hicieron efectivos, las muertes violentas han bajado en varias zonas del
país. Sin embargo, hay algo que no está claro: lo que cede el país.
Hay dos teorías: la primera es que además de estos cambios, también se
les estaría dando a las familias de cinco líderes encarcelados hasta 10.000 dólares en efectivo. La otra es que el beneficio del traslado incluye también mejoras de las condiciones carcelarias.
Hasta ahora las condiciones eran extremas como en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, una de las dos cárceles junto a Zacatrás
desde donde se trasladó a algunos de los delincuentes. Ahí, los presos
más peligrosos sólo tienen un acercamiento con sus allegados a través de
un cristal y, además, sólo pueden ver la luz solar durante apenas tres
horas al día. La seguridad se extrema aún más cuando vuelven de
audiencias judiciales o de visitas médicas: son obligados a permanecer
en una celda de aislamiento hasta defecar frente a los guardias para así asegurarse de que no intentan introducir ningún objeto prohibido.
Como es evidente, esta posible negociación ha traído mucha polémica en El Salvador. El Faro se comunicó con el director general de Centros Penales, Nelson Rauda,
para pedirle una explicación. El funcionario se limitó a señalar que
"por órdenes superiores" se trataba de una "información confidencial" y
que el único portavoz en esa materia era Munguía Payés,
ministro de Justicia y Seguridad. Sin embargo, no lograron obtener
respuesta alguna del general pese a las numerosas llamadas que hicieron
tanto a su despacho ministerial como a su móvil personal.
Días después, más concretamente este pasado domingo, Payés dio una
respuesta en una entrevista televisiva aunque lo negó todo: "No estamos
negociando con pandillas, nuestro gobierno no tiene ninguna negociación
con los pandilleros. La relación que tenemos con las pandillas está
enmarcada en los planes para combatirlas. No hay día de la semana que no
tengamos una operación para golpear a las estructuras". El diario La Prensa Gráfica
reflejó otras palabras del ministro: el traslado es "parte de la
estrategia de seguridad". Otros medios recordaron otra de sus
justificaciones: "Debido a que la ley establece que los reos sólo pueden
permanecer un 10% de la pena en penal de máxima seguridad".
Ante la duda, otros diarios también han ampliado la investigación. Por ejemplo, Diario Digital ContraPunto
aseguró que había hecho sus propias averiguaciones: "Pudimos confirmar
que ha habido esa negociación entre las partes, en la que están
involucrados altos personeros del actual gabinete de seguridad y los
líderes de las dos maras más importantes". Además, el diario cree que
"el gobierno difícilmente reconozca esa negociación porque 'puede ser
políticamente correcta, pero un disparate ético: ¿negociar con delincuentes?'".
En su editorial de este lunes, El Faro
subrayó que "la información fue confirmada por muchas personas de
diferentes círculos, que no tienen ni relación entre sí ni comunicación
ni intereses comunes" y respondió al ministro Payés, quien hace unos
días dijo que "el trabajo de El Faro era muy arriesgado y que
podíamos estar en peligro" al tiempo que pidió "que recordaran lo que le
sucedió al documentalista Cristian Poveda", en relación al asesinato del fotógrafo hispano-francés ocurrido en septiembre de 2009.
Libertad Digital
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