EL
ARTÍCULO 28 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores «en defensa de sus intereses». Nada hay que objetar, pues, a
los ciudadanos que libremente hayan decidido no acudir a su puesto de
trabajo, aunque creemos que la huelga convocada para hoy por CCOO y UGT
sólo va a servir para empeorar la ya deteriorada situación de nuestra
economía.
A este respecto, resultan especialmente ilustrativas
las declaraciones de Cristóbal Montoro, que advirtió que «España está en
una situación límite». Sus palabras no son una exageración, ya que ayer
mismo un informe de Citigroup apuntaba que nuestro país está cerca de
tener que ser rescatado, mientras Le Monde afirmaba en su portada que
España es «la mayor preocupación de Europa».
Todo indica que la
prima de riesgo -en torno a los 350 puntos- se está manteniendo gracias a
las compras masivas de deuda española del BCE, sin cuya intervención
sería imposible colocar títulos a un precio razonable. Por esta razón,
Cristóbal Montoro y Luis de Guindos advirtieron ayer que el Gobierno no
dará marcha atrás en la reforma laboral ni en los ajustes pendientes.
Parece
claro que esta huelga sólo va a agravar nuestra pésima situación. Pero
aun así cada uno es dueño de sus decisiones. Dicho esto, la misma
libertad que tiene cada individuo para sumarse a una huelga que es
perfectamente legal resulta exigible para quienes quieran ejercitar su
derecho al trabajo. Los poderes públicos deberían garantizar que todos y
cada uno de los españoles que quieran trabajar puedan hacerlo sin
obstáculos.
Eso es lo que precisamente dice también la
Constitución en ese artículo 28 al señalar «la ley que regule el
ejercicio de este derecho [de huelga] establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad». Unos servicios esenciales que deberían asegurar que cada
ciudadano pueda acudir a puesto de trabajo y, además, garantizar la
movilidad de las personas para desplazarse libremente. Esto incluye a
los niños, los jóvenes, los jubilados o los parados que no tienen la
opción de hacer huelga y que van a ver hoy injustamente entorpecida su
vida cotidiana.
A pesar de que la Constitución entró en vigor en
1978, ningún Gobierno ha sido capaz de promover esta ley que debería
regular el ejercicio del derecho de huelga y los servicios mínimos. Sin
duda, porque ningún gobernante se ha atrevido a enfrentarse a los
sindicatos, que prefieren que no exista regulación alguna.
En
esta ocasión, ha habido ocho comunidades autónomas que han dictado un
decreto de servicios mínimos tras la falta de acuerdo con los
sindicatos, que ya han sugerido que no los acatarán al considerarlos
abusivos. Hoy veremos cómo se comportan, pero nadie mínimamente
imparcial puede considerar excesivos servicios públicos de transporte
que sólo garantizan una pequeña frecuencia de los autobuses y los
ferrocarriles. A nuestro juicio, se quedan muy cortos.
Otra de
las cuestiones que siempre se plantea en una huelga es la de los
piquetes. Los sindicatos dicen con un eufemismo que los piquetes son
legales porque tienen un carácter meramente «informativo». Todos sabemos
que no es así. Los ciudadanos ya están informados por los medios de
comunicación. Lo que los piquetes hacen es coaccionar a quienes quieren
ir a trabajar e impedir que funcione el transporte público. Por eso, nos
parecen acertadas las declaraciones de Esperanza Aguirre, que pidió a
los ciudadanos que cuelguen en las redes sociales fotos y vídeos de los
excesos de los piquetes. Tal iniciativa no debe tener un sentido sólo
testimonial sino ayudar a la Policía y la Fiscalía a proceder contra
quienes cometan delitos casi siempre impunes. Antes no existía esa
posibilidad tecnológica, pero ahora es perfectamente posible. En
cualquier caso, veremos en las próximas horas si se cumplen los
servicios mínimos y si hay o no coacciones, dos requisitos esenciales
para que el ejercicio del derecho de huelga no lesione otros derechos
igualmente respetables y democráticos.
epsimo y EL MUNDO
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