El director de Trabajo dio una ayuda irregular que ha ocultado a la juez
El alto cargo andaluz admite la subvención en una grabación que tiene la Guardia Civil
El actual director general de Trabajo andaluz e imputado en el caso de
los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Daniel
Rivera, concedió al menos una ayuda de manera arbitraria y bajo la
fórmula que la juez Mercedes Alaya considera irregular por carecer de
procedimiento. Se da la circunstancia de que este expediente no ha sido
enviado al juzgado por la Junta.
La ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, también imputada por el escándalo de las falsas prejubilaciones, ha entregado a la Guardia Civil una grabación hecha con su móvil -a la que ha tenido acceso EL MUNDO- en la que Rivera reconoce que otorgó una subvención excepcional a Industrias Elizana SA, dedicada a fabricar muebles y con sede en Lucena (Córdoba).
La conversación tuvo lugar el 15 de marzo de 2011, días después de que se conociera que la Junta había prejubilado al menos a tres intrusos tras la salida de Javier Guerrero de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el mismo día en que los periódicos se hacían eco de la imputación del ex consejero Antonio Fernández.
«Por dinámica y por confianza como habéis llevado mejor o peor el trabajo, pero tú sabes que yo no he metido a ninguna persona [...]. Lo único que ha venido ha sido lo de Elizana, que es lo único [a lo] que le he dado alguna cosa y ya está», le dice el alto cargo de la Junta a su entonces subordinada.
De acuerdo con la documentación que obra en poder de este periódico, la Consejería de Empleo dictó una resolución el 14 de septiembre de 2010 por la que concedía una ayuda de carácter excepcional por importe de 700.000 euros para el pago de prejubilaciones a 49 trabajadores de Industrias Elizana. El gasto se imputó a la partida presupuestaria 31L, que el ex director general de Javier Guerrero definió en su declaración ante la Policía Nacional como fondo de reptiles.
Rivera fue la persona que otorgó la subvención y quien, dos semanas después (30 de septiembre), firmó la resolución por la que ordenaba a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el pago del 75% de la ayuda: 525.000 euros.
Para materializar el abono de esta subvención, la Consejería de Empleo recurrió una vez más a la transferencia de financiación de explotación de la Agencia Idea, organismo dependiente de la Consejería de Innovación que se encargaba de materializar el pago. En sus autos, la juez Alaya ha dejado claro que este tipo de subvenciones debió tramitarse como subvención excepcional y no mediante la transferencia de financiación de explotación, que implica «ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas».
Ni a ésta ni a ninguna de las ayudas concedidas con cargo a la partida presupuestaria 31L a partir de la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 se les dio publicidad, dado que no se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En la conversación, Rivera le pregunta a María José Rofa si cree que él ha tomado «alguna decisión ilegal». Y la empleada responde: «No, creo que todos hemos estado trabajando dentro de la sistemática que había, intentando no caer en más cosas de las que ya se habían heredado y alguna que entró en la misma dinámica de lo que se había heredado».
Según puede escucharse en la grabación, Daniel Rivera amenaza con despedir a Rofa -a la que trajo a Sevilla Juan Márquez, director general de Trabajo entre 2008 y 2010- al acusarla de filtrar información. «Tú has contado cosas del trabajo que yo no quiero que cuentes, cosas de tu trabajo», le espeta.
Rivera está imputado desde el pasado mes de enero por la instructora del caso de los ERE, que le acusa de ordenar pagos para la póliza de prejubilados de Surcolor, en la que había dos intrusos.
Tampoco pasó por alto la juez Alaya que el actual director general de Trabajo alegara como normativa de aplicación la Ley de Subvenciones cuando -según determina ésta- «él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión».
Este periódico intentó ayer conocer la versión de Rivera sobre la concesión de la ayuda excepcional a Industrias Elizana, pero el alto cargo eludió realizar comentarios.
La ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, también imputada por el escándalo de las falsas prejubilaciones, ha entregado a la Guardia Civil una grabación hecha con su móvil -a la que ha tenido acceso EL MUNDO- en la que Rivera reconoce que otorgó una subvención excepcional a Industrias Elizana SA, dedicada a fabricar muebles y con sede en Lucena (Córdoba).
La conversación tuvo lugar el 15 de marzo de 2011, días después de que se conociera que la Junta había prejubilado al menos a tres intrusos tras la salida de Javier Guerrero de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el mismo día en que los periódicos se hacían eco de la imputación del ex consejero Antonio Fernández.
«Por dinámica y por confianza como habéis llevado mejor o peor el trabajo, pero tú sabes que yo no he metido a ninguna persona [...]. Lo único que ha venido ha sido lo de Elizana, que es lo único [a lo] que le he dado alguna cosa y ya está», le dice el alto cargo de la Junta a su entonces subordinada.
De acuerdo con la documentación que obra en poder de este periódico, la Consejería de Empleo dictó una resolución el 14 de septiembre de 2010 por la que concedía una ayuda de carácter excepcional por importe de 700.000 euros para el pago de prejubilaciones a 49 trabajadores de Industrias Elizana. El gasto se imputó a la partida presupuestaria 31L, que el ex director general de Javier Guerrero definió en su declaración ante la Policía Nacional como fondo de reptiles.
Rivera fue la persona que otorgó la subvención y quien, dos semanas después (30 de septiembre), firmó la resolución por la que ordenaba a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el pago del 75% de la ayuda: 525.000 euros.
Para materializar el abono de esta subvención, la Consejería de Empleo recurrió una vez más a la transferencia de financiación de explotación de la Agencia Idea, organismo dependiente de la Consejería de Innovación que se encargaba de materializar el pago. En sus autos, la juez Alaya ha dejado claro que este tipo de subvenciones debió tramitarse como subvención excepcional y no mediante la transferencia de financiación de explotación, que implica «ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas».
Ni a ésta ni a ninguna de las ayudas concedidas con cargo a la partida presupuestaria 31L a partir de la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 se les dio publicidad, dado que no se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En la conversación, Rivera le pregunta a María José Rofa si cree que él ha tomado «alguna decisión ilegal». Y la empleada responde: «No, creo que todos hemos estado trabajando dentro de la sistemática que había, intentando no caer en más cosas de las que ya se habían heredado y alguna que entró en la misma dinámica de lo que se había heredado».
Según puede escucharse en la grabación, Daniel Rivera amenaza con despedir a Rofa -a la que trajo a Sevilla Juan Márquez, director general de Trabajo entre 2008 y 2010- al acusarla de filtrar información. «Tú has contado cosas del trabajo que yo no quiero que cuentes, cosas de tu trabajo», le espeta.
Rivera está imputado desde el pasado mes de enero por la instructora del caso de los ERE, que le acusa de ordenar pagos para la póliza de prejubilados de Surcolor, en la que había dos intrusos.
Tampoco pasó por alto la juez Alaya que el actual director general de Trabajo alegara como normativa de aplicación la Ley de Subvenciones cuando -según determina ésta- «él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión».
Este periódico intentó ayer conocer la versión de Rivera sobre la concesión de la ayuda excepcional a Industrias Elizana, pero el alto cargo eludió realizar comentarios.
epsimo y EL MUNDO
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