Ninguno de los 23 presos que se suicidaron en la
cárcel a lo largo del año 2010 estaba incluido en el Programa de
Prevención de Suicidios puesto en marcha por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y por el que se refuerza la vigilancia y
control sobre estos reclusos en situación de riesgo.
Así consta en
el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo correspondiente a
2011, que destaca la necesidad de que la administración penitenciaria
mejore los métodos de detección de los reclusos con un posible perfil
suicida.
La institución pide también a los responsables de las prisiones que
analicen el comportamiento previo de cada uno de los reclusos que se
quitan la vida, así como las circunstancias que rodearon el suceso para
extraer "elementos de análisis" que eviten nuevas muertes en los centros
penitenciarios.
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior a
la Oficina del Defensor del Pueblo, en 2010 se suicidaron en la cárcel
23 reclusos, todos ellos por ahorcamiento, y hubo otros 56 casos de
tentativa.
De los 23 suicidios consumados en los centros dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siete fallecidos
eran presos preventivos, uno era un internado judicial y el resto
cumplían condena firme, en su inmensa mayoría en régimen cerrado.
Por tipología delictiva, dos de los reclusos estaban en prisión por
delitos sexuales, nueve por delitos contra las personas, cuatro contra
la propiedad y tres más por tráfico de drogas.
En cuanto al perfil de edad, la mayor incidencia de suicidio la
sufren los internos de 41 a 60 años, con diez reclusos fallecidos en
2010, seguidos de la franja entre los 31 y 40 años, con seis casos.
Dos presos tenían más de 60 años, y cinco más entre 26 y 30 años.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo también informa en su memoria
de la actividad de vigilancia del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura (MNP), en sus visitas a comisarías, calabozos judiciales,
prisiones y centros de internamiento de extranjeros.
Durante 2011, el MNP realizó 77 visitas, 25 de ellas a comisarías de
Policía y cuarteles de la Guardia Civil, a fin de detectar cualquier
indicio de torturas o malos tratos a las personas detenidas o privadas
de libertad.
En su labor de vigilancia, que será objeto de un próximo informe del
Defensor del Pueblo, el MNP ha incorporado a sus grupos de visita a
médicos, psiquiatras y psicólogos y se ha entrevistado con detenidos y
reclusos para conocer de primera mano su testimonios.
(EFE)
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