EL
HASTA hace poco previsible Rajoy aprovechó ayer la rueda de prensa
conjunta con Nicolas Sarkozy para dar a conocer a los españoles, por
primera vez, que está a favor de la tasa a las transacciones financieras
que estudia la UE. Esta tasa gravaría con un 0,1% cualquier operación
en Bolsa o en bonos que se hiciera en un banco europeo. Se trata de un
impuesto nuevo a las instituciones bancarias que adquirió notoriedad
como tasa Tobin y en España ha sido defendido por la izquierda política,
empezando por el PSOE, y por movimientos aglutinados en torno al 15-M.
Esta tasa fue propuesta por el premio Nobel James Tobin en 1971 para
luchar contra la pobreza mundial sacando recursos de la actividad
financiera.
Bruselas
es consciente de que el nuevo gravamen tiene un carácter recaudatorio y
estima que su puesta en marcha haría desaparecer unos 440.000 puestos
de trabajo en los 27 estados en los que se debería aplicar, aunque
podría recaudar unos 57.000 millones de euros al año.
Esa tasa
bancaria no tiene nada que ver con el planteamiento económico
liberalizador del que ha hecho gala el Partido Popular y da la sensación
de que Rajoy ha cambiado de postura para complacer a Sarkozy y asegurar
su apoyo para que España incremente su influencia en el proceso de
construcción europea. Hay que esperar la respuesta de Merkel, más
escéptica sobre la tasa. Además, en el caso español es un nuevo palo que
se coloca en la rueda de la reestructuración de los bancos, a los que
Rajoy quiere imponer otro impuesto, a la vez que les pide que saneen sus
activos inmobiliarios, se recapitalicen -50.000 millones de euros-,
profundicen en las fusiones y empiecen a dar créditos para la actividad
productiva.
Por eso es sorprendente que el presidente del
Gobierno dé otro bandazo -tras la subida del IRPF- y abrace de nuevo esa
inexistente «salida social de la crisis», que recuerda a la propugnada
por Zapatero. Es lógico, pues, que muchos ciudadanos que votaron al PP
el 20-N se pregunten a estas alturas si para este viaje se necesitaban
alforjas. Porque es difícil entender que lo que hace 15 meses era «una
retórica inútil e inaplicable», en palabras de Cristóbal Montoro, hoy
ministro de Hacienda, se convierta ahora en una necesidad urgente. Rajoy
apenas ha necesitado un mes en el poder para dar muestras de que su
previsibilidad es imprevisible. Ayer mismo, al ser preguntado por una
posible subida del IVA en los próximos meses, mostró de nuevo su
intención de no hacerlo para terminar con un desconcertante: «Pero nada
es para siempre», que nos sitúa de nuevo en la incertidumbre.
Lo
peor es que los mercados toman nota de todo. Y las agencias de
calificación también. Por eso Standard & Poor's puso el dedo en la
llaga que más duele ahora al Gobierno. En el informe en el que el
viernes justificaba la rebaja del rating a España, señalaba el alcance
de la reforma laboral como la clave para posteriores movimientos
negativos. Es el siguiente paso al que se ha comprometido el Ejecutivo
en su programa de salida de la crisis. Mientras los agentes sociales
negociaban, miembros del Gobierno hablaban de aplicar una «reforma
profunda» del mercado de trabajo. En cuanto ha acabado el tiempo de las
conversaciones, el ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha
apresurado a decir que el Gobierno no plantea su reforma laboral «en
días por despido». Como afirma el catedrático Juan Antonio Sagardoy en
nuestras páginas, el mercado de trabajo español necesita una reducción
de las indemnizaciones y contrataciones más baratas y sin ellas no habrá
una verdadera reforma. ¿En qué está pensando el Gabinete? «Sé lo que
tengo que hacer», manifestó Rajoy al conocer la rebaja del rating la
semana pasada. Mantenemos el obligado margen de confianza pero su
conducta incita a que empecemos a dudarlo.
epsimo y EL MUNDO 
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