Una cárcel vacía no es siempre una buena noticia. En Figueras (Gerona) se alza una moderna prisión, el CP «Puig de les Basses», convertida en un monumento involuntario a la falta de previsión y a la crisis económica que ha llevado a las administraciones a severas políticas de ajuste presupuestarios. Este penal, ideado por el primer gobierno tripartito tiene una capacidad para 750 reclusos y debe sustituir a las actuales prisiones de Figueras y de Gerona. Se empezó a construir en 2008 y se esperaba inaugurarlo en 2010 pero hasta el pasado junio, según confirmó a ABC el director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Ramon Parés, no se terminaron las obras, con la instalación de la cocina y lavandería.
Ha sido un camino plagado de obstáculos: desde problemas económicos con los constructores hasta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaraba nulo su plan especial. Entre tanto, han ido cayendo fechas de supuestas inauguraciones incumplidas. Ahora, no hay nadie en el gobierno catalán que se atreva a poner fecha al corte de cinta.
El gobierno que preside Artur Mas, sumergido en una oleada de recortes, está enfrascado en recabar los apoyos políticos necesarios —presumiblemente delPP— para lograr aprobar los presupuestos de 2012, que de nuevo serán de carestía. «Sí, espero que “Puig de les Basses” entre en funcionamiento a lo largo de 2012, pero el presupuesto de 2012 nos dirá...», declaró Parés a este diario. ¿El máximo impedimento? «No disponer de recursos para costear su funcionamiento», admitió Parés.
El director catalán de prisiones no cifra cuánto cuesta mantener la cárcel, pero fuentes sindicales estiman el gasto en más de dos millones de euros. Señalan que el 75 por ciento del presupuesto se lo llevará el capítulo dos —mantenimiento, comida, suministros, etcétera—, lo que siembra la duda.
El problema no acaba aquí. Y es que, abierta o cerrada, la cárcel le cuesta a la Generalitat un millón de euros al mes en concepto de «derechos de superficie», una suerte de hipoteca que la administración pagará durante varios años a la constructora, que es quien asumió el coste de las obras, en este caso: unos 110 millones de euros. Es una derivada del llamado «sistema alemán» de financiación de obras públicas, que el tripartito adoptó para éstas y otras infraestructuras, como la Ciudad de la Justicia o la comisaría de Mossos d'Esquadra. En el caso de la nueva cárcel de Figueras, la Generalitat deberá abonar a la constructora (Ferrovial Agroman) un millón de euros al mes durante los próximos 30 años.
«Yo no critico que se use este sistema de financiación para construir una cárcel, pero es un sistema concebido para urgencias o imprevistos, como cuando se hunde un puente y hay que levantar otro cuanto antes», se lamenta Parés, quien asegura que el 60 por ciento del presupuesto para prisiones se destina a pagar derechos de superficie.
Treinta años de «alquiler»
«Es cierto que pagarán este “alquiler” durante 30 años, pero también lo es que si abren “Puig de les Basses”, al menos podrían cerrar las otras cárceles, Figueras y Gerona, que sumadas tienen menos capacidad, 300 presos, y desmasificar el resto de centros, que falta hace», replica Cristina Mérida, de la sección de Prisiones de CC.OO..
Para el director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, el tripartito erró a la hora de planificar la construcción de nuevas cárceles. «Calcularon que en 2012 habría una población de 12.000 reclusos, y estamos en 10.700. Con una media de ocupación de las cárceles del 90 por ciento. Además, la crisis no ha causado un aumento de presos».
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