Ante la existencia de noticias por las que algunos grupos solicitan el acercamiento de los presos etarras y su disfrute de beneficios penitenciarios como forma de aplicación de la ley, el Sector Nacional de CSI·F de Instituciones Penitenciarias, quiere realizar las siguientes matizaciones:
- La primera exigencia legal es respetar la Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, principio inspirador que rige en, antes y después de la ley y no resulta superable por un mero principio de oportunidad.
- Cumplir la ley es comprender que el sistema legal vigente llamado de individualización científica exige un estudio técnico e individualizado de cada interno y no apreciaciones políticas.
- Cumplir la ley es saber que la ley penitenciaria no exige que un preso cumpla en su ciudad o región. Todo al contrario, la vinculación socio familiar puede ser positiva si sirve para el fin de la reinserción, o negativa cuando como en este caso constituye una constelación crimino-valente que impide un hipotético arrepentimiento y propósito de enmienda.
- Cumplir la Ley es conocer la Ley Orgánica 7/2003 de cumplimiento íntegro y efectivo (refrendada en su filosofía por la reciente reforma del Código Penal) que exige un cumplimiento más estricto para terroristas y organizaciones delictivas.
- Cumplir la ley es conocer la reiterada Doctrina del Tribunal Constitucional que exige como fines legítimos, necesarios y complementarios la reinserción social pero también la prevención general y la retribución. Asimismo la reinserción no es posible sin arrepentimiento y es más que un derecho fundamental una obligación de los internos.
No es verdad que a estos internos se les haya discriminado, todo al contrario son conocidas las dudosas salidas a hospitales, la nueva prisión vip del País Vasco con todos los lujos de un hotel, la masiva aplicación del alegal principio de flexibilidad, por el cual aún renunciando al tratamiento muchos de ellos cumplen en un régimen asimilable al segundo grado.
- No es verdad que hayan renunciado hasta ahora a sus beneficios. Recordemos su abusivo disfrute de redenciones ordinarias y extraordinarias llegando a reducir en años sus condenas.
En conclusión, hay que cumplir la ley, exigir un elevado grado de cumplimiento de cada uno de ellos en un medio alejado de su entorno delictivo, no ceder ante las presiones, procurar la efectiva entrega de las armas, su sincera petición de perdón que excluye una equiparación entre víctimas y verdugos y dotar de legitimidad procesal en sede penitenciaria a las víctimas de los delitos, auténticas excluidas del sistema. Sólo de esta forma se satisfará la premisa en la que Gobierno y oposición han coincidido: el final de la banda sin concesiones. Sólo de esta forma las víctimas confiarán en la justicia y obtendrán la dignidad que legítimamente reclaman.
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