Miguel Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España, ha pedido a través de una carta abierta desde la prisión las mismas condiciones penitenciarias de las que se beneficiarían los etarras en caso de pedir perdón a sus víctimas o entregar las armas para el resto de internos.
En el escrito, el reo se pregunta por qué no se ofrecen «las mismas condiciones» a los presos comunes de las cárceles españolas, la gran mayoría por delitos no relacionados con sangre, que a los de ETA.
«Llevamos toda la vida presos, sometidos a los abusos del sistema», lamenta Montes, que asegura que los internos comunes también pueden pedir perdón a las víctimas de sus actos y entregar las armas de las que aún dispongan.
«La sociedad lo que quiere es que no haya terrorismo, pero no le importa si hay delincuencia», señala el interno, al tiempo que lamenta que para los delitos comunes «no haya perdón» ni posibilidad alguna de rehacer y volver a comenzar con normalidad la vida.
En la carta hace además referencia a la «infinidad de errores» que en su opinión alargan su encierro en prisión y se pregunta dónde están los juristas de las prisiones para analizar su expediente y demostrarle si está o no equivocado en sus peticiones.
Una vida entre rejas
Montes, que ha solicitado el indulto al Gobierno, señala que si tardan en darle la libertad preferiría incluso la eutanasia, puesto que no aguanta mucho más esa permanencia en prisión «lenta e inútil».
Ingresó por primera vez en la cárcel en 1966 y desde 1976 ha ido enlazando condenas y fugas de forma ininterrumpida. Desde 1978 a 1986 protagonizó seis fugas hasta que volvió a quedar en libertad condicional en 1994.
Regresó a la cárcel en 1997 tras cometer diversos delitos y volvió a evadirse de la cárcel en otras dos ocasiones, una en 2003, cuando estuvo tres años fugado, y la última en 2009 aprovechando un permiso extraordinario por la muerte de su madre.
Actualmente cumple en la prisión de Albolote (Granada) tres condenas por robo con violencia, allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ilícita de armas, que terminará de cumplir en 2021.
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