Chaves conoce de primera mano el fraude en los ERE desde hace 8 años
Unos mineros denunciaron por carta casos de prejubilados que «no han visto la mina»
El vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, conoce de primera mano desde hace ocho años la existencia de intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta de Andalucía que él presidía. Chaves fue informado directamente por un grupo de siete ex mineros que, en diciembre de 2003, le enviaron un fax denunciando que en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva había personas prejubiladas a pesar de que «no han visto la mina ni por dentro ni por fuera».
Los mineros informaron al presidente de la Junta de Andalucía de que se había prejubilado a «compañeros de Construcciones Mari, que no han sido ni mineros y están prejubilados» y «a compañeros que en su día cogieron los dos millones y medio de pesetas», en referencia a las indemnizaciones de un plan de recolocaciones para los ex trabajadores de la Mina de Tharsis en 1995.
EL MUNDO ha investigado esta denuncia que los ex mineros remitieron a Chaves y ha comprobado -en la documentación a la que ha tenido acceso en el curso de la investigación de la trama de los ERE- que un trabajador que en 1997 percibió 1.250.000 pesetas por su recolocación y otros dos que en 1998 recibieron 2.500.000 pesetas por ser recolocados están prejubilados en el ERE de la Faja Pirítica del año 2003.
Estos tres trabajadores -G. L. G., P. G. D. y T. L. V.- son intrusos, porque el protocolo que el 29 de abril de 2003 firmaron en Huelva el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía impedía prejubilar a mineros que «hayan sido objeto con anterioridad al presente protocolo de alguna medida personal extraordinaria con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía (indemnizaciones personales o a empresas por su recolocación)».
El acuerdo firmado entre la Consejería de Empleo y los sindicatos contemplaba la recolocación de estos trabajadores en tareas de reforestación en la comarca minera llevadas a cabo por la empresa pública Egmasa y no su prejubilación.
Pero las irregularidades que los ex mineros denunciaron por fax a Chaves no quedaban sólo ahí. El escrito refería los casos de una «compañera de Insersa [una mina de la Faja Pirítica onubense] en limpieza y un compañero del surtidor de Alosno». «Aquí hay más delito, porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera, y ahí están prejubilados», señalaban.
Fuentes consultadas por este periódico insisten en que el citado trabajador de una gasolinera de Alosno, actualmente fallecido, se prejubiló en el ERE de la minería de Huelva, a pesar de que llevaba años desvinculado de la explotación Mina de Tharsis.
La alusión a los trabajadores de una constructora «que no han sido ni mineros y están prejubilados» y a la limpiadora de la mina Insersa, prejubilada igualmente, podría hacer referencia a la supuesta manipulación de los coeficientes reductores de la edad de prejubilación que está investigando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la causa de los ERE.
De hecho, el último auto de la juez Mercedes Alaya, fechado el 10 de noviembre y hecho público el martes, ordena investigar un posible falseamiento de los coeficientes reductores de la edad de prejubilación. De ese modo, se habrían prejubilado personas que, por su edad y por el tipo de trabajo desempeñado en las minas -por ejemplo, algunas limpiadoras u oficinistas-, no deberían haberse podido acoger a esa medida.
El escrito remitido a Chaves, además de poner de manifiesto otras irregularidades, podría estar aludiendo también a esta posible manipulación. No obstante, los mineros que se dirigieron al presidente de la Junta de Andalucía dejaron claro que «con esto no queremos dañar a nadie, sólo queremos nuestros derechos igual que los demás». Es decir, que habían sido recolocados y querían que la Junta de Andalucía los prejubilara.
Los ex mineros se dirigieron a Chaves como «estimado señor» y se presentaron ante él como «siete mineros socialistas y ugetistas» que, a su juicio, habían sido «discriminados» por parte de un dirigente sindical, «dejándonos fuera de las prejubilaciones».
El escrito fue remitido por fax desde el Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma La Zarza-Perrunal, perteneciente al municipio onubense de Calañas, el 22 de diciembre del año 2003, cuando los acuerdos estaban cerrados y las prejubilaciones, en marcha.
El documento tenía cuatro páginas incluida la carátula, fue remitido por un único minero, que hablaba en nombre de sus otros siete «compañeros» e iba dirigido a «Manuel Chaves. Presidente de la Junta de Andalucía».
El 11 de febrero de 2011, justo después de estallar el caso de los ERE, Chaves calificó de «infamia» que el PP lo acusara a él o al actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, de conocer «cualquier irregularidad o ilegalidad». EL MUNDO.
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