La Diputación de Sevilla: la perversión institucional, 7

Permisos de residencia irregulares en Matsa

Interior abortó una investigación sobre regularización ilegal de extranjeros que afectaba a la empresa de la hija de Chaves

La Policía Nacional abortó en 2010, cuando aún estaba al frente del Ministerio de Interior el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en la Oficina Única de Extranjería de Huelva, cuya jefa, María Lucía Paz Vizcaya, habría concedido documentación a varias personas a sabiendas, supuestamente, de que éstas no cumplían los requisitos fijados por ley.

EL MUNDO ha tenido acceso al informe elaborado por un inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional sobre posibles «ilícitos penales» que pudiera haber cometido la máxima responsable de la citada Oficina de Extranjería. Entre otros, el investigador expone el caso de los expedientes de «dos matrimonios de nacionalidad peruana contratados por la empresa Aguas Teñidas [Matsa] y tres hijos menores de edad de uno de los matrimonios», concretamente del formado por Américo Segundo Villafuerte Mogollón, quien fue fichado por la multinacional minera para que se hiciera cargo, como director general, de la explotación que tiene en Valdelamusa, pedanía de Almonaster la Real.

En la nota del inspector policial, se analiza detalladamente toda la tramitación administrativa para la regularización laboral en España del ex director general de Matsa, destacándose irregularidades como que «no se encuentra en el expediente» la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena inicial, que tampoco «presenta nada» para la primera renovación del permiso y que, para la segunda, «sólo» renueva «la residencia» presentando documentos «no válidos por no estar debidamente legalizados».

«Llama poderosamente la atención que las autorizaciones de residencia de primera y segunda renovación tardan en sustanciarse únicamente 33 días la primera y 38 días la segunda», advierte la minuta -como se conoce en la jerga policial-, que recuerda que estos plazos suelen tardar «siete u ocho meses», por lo que el inspector jefe concluye que «es claro y patente que se impulsan, de qué forma, las dos últimas concesiones».

En el caso de la esposa del ex director general de Matsa (Américo Villafuerte ya no trabaja en la mina onubense), se reproduce casi con exactitud el esquema de la tramitación de los papeles. Así, mientras que la tarjeta inicial tardó en resolverse más de nueve meses, «la primera y segunda renovación únicamente tardan en sustanciarse ocho días la primera y 12 días la segunda».

Más llamativo es el caso de la legalización de dos de los hijos de la pareja. Según relata el inspector policial, en ambos casos «el 10.02.10 se presentó [el menor] para hacer la tarjeta. Para hacer la misma, la funcionaria de Policía le solicita la documentación, faltándole el certificado de escolaridad, advirtiendo que sin dicho certificado no puede hacerle la tarjeta. Ante este impedimento, la familia se dirige a hablar con la jefa accidental de la Oficina, quien se dirige al subinspector y le comunica que en la reunión mantenida con el jefe de la Brigada de Extranjería se había acordado no pedir documentación, ya que hubiese sido necesariamente requerida para la concesión del permiso. Se hace la tarjeta sin presentar el certificado de escolaridad por orden de la jefa accidental».

«A mediados de octubre de 2009», añade el informe, «se presentó en la Oficina Américo Segundo para retirar las tarjetas de su esposa y de sus dos hijos. El funcionario policial que le atiende le advierte de que es un documento personal e intransferible, debiendo venir los titulares a retirarlas. Tras reunirse con la jefa accidental de la Oficina, ésta se acerca al funcionario policial y le ordena, bajo su absoluta responsabilidad, que haga entrega de las tarjetas, orden que hizo efectiva».

El inspector policial entiende que de estos hechos se deriva que la jefa de la Oficina de Extranjería podría haber cometido un presunto delito de «prevaricación» con «multitud de favores al propio subdelegado [del Gobierno, Manuel Bago], a políticos y empresarios, no cobrando cantidad alguna por ello, pero sí le sirve para afianzarse en el puesto [Lucía Paz Vizcaya es funcionaria del grupo C, pero como cargo de libre designación ocupa un puesto del grupo A para el que se exige licenciatura] y ganarse la confianza de los poderosos».

El informe fue presentado el 24 de mayo de 2010 al comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, quien acabó ordenando verbalmente al inspector jefe que cerrara la investigación porque, en principio, no estaría implicado en los hechos ningún agente. La inspección sobre la Oficina de Extranjería derivaba de unas diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número dos de Huelva ante la sospecha de que un policía pudiera estar facilitando irregularmente papeles.

A finales del verano de 2006 ya se detuvo tanto a un policía como a un funcionario de esta Oficina bajo la acusación de formar parte de una red de extorsión a inmigrantes extranjeros sin regularizar.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva consultadas por EL MUNDO han mostrado su sorpresa ante esta noticia, ya que desconocían que se hubiera llevado a cabo investigación alguna por Asuntos Internos. Aun así, las fuentes aseguraron que los expedientes de Matsa se tramitaron reglamentariamente.

El juez imputa a dos ex altos cargos de Vara

El Juzgado de Instrucción número 4 de Mérida ha citado a declarar como imputados a dos ex directores generales del Gobierno extremeño de Guillermo Fernández Vara: José Luis Andrade, de Ordenación Industrial, y María Ángeles Pérez, de Calidad Medioambiental. Les atribuye dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por autorizar la ampliación de una cantera de áridos en la localidad de Garrovillas de Alconétar pese a no tener el informe de impacto ambiental y de viabilidad, y de la incompatibilidad por los vínculos familiares de los beneficiarios, según denuncian los propietarios de unos terrenos anexos. La ejecución fue aprobada en un decreto urgente por el penúltimo Consejo de Gobierno presidido por Vara antes de las elecciones autonómicas de mayo.

También han sido citados como imputados la jefa de sección de Minas, María Antonia Valero Jiménez; su marido y director facultativo de la cantera, José Manuel González, y los representantes legales de la empresa GC Minera, S.L., titular de una explota- ción cuya ampliación fue paralizada en agosto por el actual Ejecutivo del PP al afectar a dos yacimientos arqueológicos protegidos, como informó EL MUNDO.

_______________________