Investigan la participación de Griñán en los ERE
EL REQUERIMIENTO de la juez que investiga los ERE fraudulentos para que la Junta de Andalucía informe sobre si Griñán autorizó las ayudas cuando era consejero de Economía coloca al presidente andaluz en una situación muy incómoda. El paso dado por Mercedes Alaya indica que rastrea la responsabilidad de Griñán en las prejubilaciones ilegales. Si en sus indagaciones la magistrada viera indicios suficientes de la comisión de delito, debería inhibirse en el Tribunal Superior de Justicia andaluz, al ser Griñán persona aforada. Esa situación, que es la que, en términos parecidos, está viviendo el ministro Blanco, podría así repetirse, esta vez con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Todo ello en un momento en el que se acaba de conocer que la Junta supo que había fraude en varios ERE y guardó un silencio cómplice
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga si José Antonio Griñán autorizó ayudas con cargo al fondo de reptiles durante su etapa como consejero. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, trata de averiguar si el actual presidente andaluz dio su aprobación a ayudas «ilícitas» concedidas a al menos 21 empresas sin cumplir los requisitos de libre concurrencia e información pública.
La instructora del caso de los ERE fraudulentos amplía así la investigación en torno a una posible responsabilidad del actual presidente del Gobierno andaluz en la concesión de ayudas públicas durante su etapa como consejero.
En un auto dictado el pasado 15 de julio, Alaya ya instó a la Junta a aclarar un desvío de 7,4 millones de euros al fondo de reptiles. Esa propuesta de aprobación de la modificación presupuestaria la firmó Griñán el 15 de noviembre de 2007 y, entre otros motivos, se justificaba por la necesidad de «atender las necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas».
En el marco de la investigación por la «concesión ilícita de ayudas públicas» en la última década, la juez pone de nuevo el foco sobre la gestión de Griñán en su etapa como consejero de Economía y Hacienda de la Junta.
En concreto, ha requerido documentación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) para conocer si las «operaciones de endeudamiento» superiores a 1,2 millones de euros contaban con la autorización del titular de Economía y Hacienda, trámite preceptivo antes de su ratificación por el Consejo de Gobierno. Así lo plantea la magistrada en un auto dictado el pasado 10 de noviembre, un día después de que el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra afirmara que Alaya mantiene una «relación fuerte personal» con el popular Juan Ignacio Zoido, actual alcalde de Sevilla y magistrado en excedencia.
En efecto, los estatutos de la Agencia Idea plantean que, en las operaciones de endeudamiento, la autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda «será previa» a la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno.
La redacción de la juez puede resultar equívoca, por cuanto enumera acto seguido las 21 empresas que han recibido «cantidades iguales o superiores» a 1,2 millones de euros (casos de Delphi, Santana, Faja Pirítica, Pickman o Altadis). Éstas son ayudas sociolaborales o a empresas en crisis -no operaciones de endeudamiento-, por lo que no requerirían la autorización previa del titular de Economía.
La Junta salió ayer al paso de las interpretaciones periodísticas acerca de la investigación a Griñán que cabe deducir de la lectura del último auto y consideró que la juez «se limita a solicitar información requerida por la representación del Partido Popular sobre la base de una falsa premisa».
«La prescripción legal que se menciona no afecta a los casos investigados, no afecta a la concesión de subvenciones, sino a operaciones de endeudamiento de la Agencia Idea. A eso se refiere el artículo 10 de los estatutos que se citan en el auto», precisó la Junta.
El Ejecutivo andaluz asegura que las actas del Consejo de Gobierno que ya están a disposición del juzgado «dan respuesta a la información interesada por la representación del PP». «El Gobierno deplora la confusión deliberada, provocada por el PP», añadió.
La juez que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha incluido en la causa a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), sociedad apoderada por Paula Chaves, hija del ex presidente de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves. Se trata de la misma empresa a la que se le concedió una ayuda de 10,1 millones de euros en un Consejo de Gobierno presidido por Chaves.
En su último auto, fechado el 10 de noviembre y notificado ayer a las partes, la juez Mercedes Alaya reclama «la vida laboral de la empresa» Matsa y requiere a la Agencia Tributaria «que remita los ingresos percibidos de la Junta de Andalucía por dicha sociedad».
La vida laboral de Matsa, en la que aparecerá probablemente la hija de Manuel Chaves, «se incorporará a las actuaciones así como el listado de sus trabajadores», señala la juez en su auto.
Además, pide a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que, «ante la ausencia de datos en el expediente [del ERE de la minería de Huelva] y las informaciones contradictorias halladas», informe sobre «las fechas del cierre efectivo» de siete minas: Riotinto, Almagrera, Navan Resources, Filón Sur, Nueva Tharsis, La Herrería y Minas de Aguas Teñidas.
La Junta contraataca con hechos ya conocidos al auto que implica a Griñán en el caso ERE
EL DESPILFARRO:
La ayuda llega sólo un día después de que el candidato del PSOE a los próximo comicios generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, fuera recibido por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en la sede del sindicato en Madrid.
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