EL GALLINERO PENITENCIARIO III: Acorralados por el estigma Se les llama locos, pero son enfermos mentales.

Se les llama locos, pero son enfermos mentales. Se les asocia a delitos y crímenes, pese a que es un falso binomio. El estereotipo persigue a un 9% de españoles

Bijan Alizadeh, iraní de 31 años, mantuvo en vilo el lunes a un barrio entero de Bilbao. Salió del Metro y la emprendió a cuchilladas con quien se cruzaba en su camino mientras murmuraba frases incomprensibles. Mató a un profesor jubilado e hirió a otras seis personas. Bijan —educado, amable y cultivado— vivía en Baracaldo, serigrafiaba camisetas y aspiraba a convertirse en un pintor de éxito. Le habían diagnosticado esquizofrenia, una enfermedad que según su hermano Reza «no se trataba». Se negaba a tomar la medicación prescrita y probablemente abjuraba incluso de su padecimiento; la eterna combinación de las enfermedades mentales, tal y como explica el psicólogo clínico Pedro Rodríguez. Peligrosos, impredecibles, sin control... Son algunas de las etiquetas que colgamos a este tipo de enfermos cuando protagonizan crímenes sangrientos como los ocurridos en las últimas semanas: Bilbao, Gerona (un padre decapitó a su bebé), Madrid (asesinato de una embarazada y su bebé) o Jaén (una madre asfixió a sus dos hijos). Casi siempre las personas amadas son el objeto de su furia. La esquizofrenia, las psicosis o la depresión están detrás de cada página de horror y como «remedio» se ataja con un sistema que aplica la venganza en lugar de la justicia o la compasión.

«Hay una presión social ante la enfermedad mental para que prime la seguridad frente a la rehabilitación; esos pacientes crónicos, sin control y sin apoyo social, acaban empeorando y con comportamientos antisociales, en ocasiones reiterados y finalmente graves», señala José Manuel Arroyo, subdirector general de Sanidad de Instituciones Penitenciarias, médico en cárceles desde hace 25 años y psicólogo.

Los expertos, con los datos en la mano, niegan la asociación entre enfermedad mental y delincuencia. «Los estudios demuestran que solo entre el 3 y el 4 por ciento de los enfermos mentales cometen delitos, exactamente la misma proporción que el resto» —detalla el psicólogo Pedro Rodríguez—. «Hay asesinos a los que la Prensa se refiere como perturbados o locos, critica, y no lo son; son psicópatas. No tiene nada que ver».

José Manuel Arroyo suma otro elemento: «No hay relación directa entre enfermedad mental y delincuencia, sí con la marginalidad y la vulnerabilidad social; de ahí que exista mayor riesgo de que una parte acabe en la cárcel». Arroyo incide en que ese pequeño sector ni protagoniza los delitos continuados ni los más agresivos, sí los más «llamativos» y con frecuencia en su entorno directo, cuando los túneles de la esquizofrenia, la psicosis u otro trastorno grave los ciegan.

Cuando un padre como Marcelo Ruiz decapita a su bebé porque se lo pide «el diablo» (el pasado día 10 en Gerona) es que la enfermedad ya ha suprimido los resquicios de cordura. La versión oficial señala que había sido tratado por «problemas de depresión» sin ahondar más. «Es probable que sufriera una descompensación o que directamente no estuviera medicado», aventura Pedro Rodríguez. Los forenses que lo examinaron determinaron que Marcelo necesita ser sometido a tratamiento y vigilancia psiquiátrica. Después de matar a su hija, llamó a los Mossos d'Esquadra pidiéndoles que llegaran cuanto antes porque «tenían que salvar» a su hija mayor, de ocho años, que estaba viendo la televisión.

A Ruth no la perseguía el diablo, pero tenía miedo de que sus niños, de 3 y 11 años, se quedaran solos cuando ella muriera. El pasado 29 de septiembre en su casa de Jaén los sedó con un tranquilizante que ella había tomado para la depresión y los asfixió. Luego llamó a su cuñada. «No es normal que alguien con depresión actúe así. Tenía que padecer algo más, estar bajo los efectos de un delirio místico o mesiánico», señala el psicólogo Pedro Rodríguez. «La depresión equivale a pasividad».

La mitad, ingresados antes

El último estudio de Instituciones Penitenciarias sobre salud mental es revelador: el 78 por ciento de las personas ingresadas entre 2007 y 2009 en los dos psiquiátricos penitenciarios españoles, el de Foncalent y Sevilla, no habían tenido un control ambulatorio antes de cometer su delito; y una vez ingresados, es decir, tratados, ocho de cada diez se estabilizaron. No les habían controlado, pero el 56 por ciento, más de la mitad, había estado ya ingresado en un hospital por problemas psiquiátricos. Foncalent y Sevilla son los dos únicos hospitales penitenciarios. Sus presos fueron juzgados, no condenados; aunque la mitad cometieron crímenes muy graves (homicidios) el tribunal consideró que no sabían lo que hacían, que sus facultades estaban anuladas por la enfermedad mental. Son inimputables. Hasta hace no tanto el Código Penal les llamaba «enajenados»; hoy, se distingue entre inimputables y semiimputables, donde se reconoce solo una atenuante de su responsabilidad.

Los especialistas recalcan que una conducta violenta suele coincidir con un abandono de los fármacos, o puede darse cuando la enfermedad aparece. ¿Cuáles son los riesgos de que se desencadene esa conducta? «No hay ningún elemento objetivo; es la subjetividad del terapeuta la que debe primar y cuantos más ojos estén atentos mejor», señala Arroyo.

El psicólogo Rodríguez añade: «Son las incertidumbres con las que nos toca convivir. No podemos encerrar a alguien porque en el futuro pueda tener una conducta agresiva». Y aquí conviene echar mano de cifras objetivas. El 9 por ciento de los españoles padece algún tipo de trastorno mental, es decir, más de cuatro millones, según datos del Ministerio de Sanidad; un porcentaje que la Confederación Española de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) rebaja al 4 por ciento. Esquizofrenia, psicosis o trastorno bipolar son su infierno particular, pero se hace más cuesta arriba por culpa del estigma. Como contó Reza, el hermano de Bijan Alizadeh: «él no sabe lo que hace. Está muy enfermo».

Ocho de cada diez no recibían tratamiento

Un enfermo mental, declarado no imputable y sometido a una «medida de seguridad» pasa más tiempo encerrado que un «cuerdo» que haya cometido el mismo delito y que sí consigue progresar de grado. De hecho, el 98 por ciento agota hasta el último día de «condena», pese a que tres de cada diez podrían salir antes, según las conclusiones del último estudio de Instituciones Penitenciarias.

¿Por qué se da esta paradoja? Por desconocimiento, dejadez, comodidad, estigma, descoordinación de la administración y falta de medios. Luis Rodríguez Ramos, abogado y catedrático de Derecho Penal, apunta una de las razones: «En muchos casos, cuando enfermos que han cometido delitos muy graves cumplen su medida de seguridad, el fiscal insta a que se les incapacite, es decir a que continúen encerrados en un hospital psiquiátrico por su peligrosidad, si esta persiste».

A primera vista suena a encierro preventivo para soslayar las etiquetas que arrastran los enfermos mentales durante toda su vida. «Los jueces —prosigue Rodríguez Ramos— tienen miedo de que queden libres, cometan un delito y ellos sufran un reproche», admite. Reitera este experto en Derecho Penal, que además ha defendido casos en los que solicitó la inimputabilidad de su cliente —fue el abogado de Javier Rosado, el conocido como «asesino del Rol»— la dificultad a la hora de dejar en libertad a determinados pacientes. «El diagnóstico no siempre está claro y, por tanto, es muy complejo hacer un pronóstico».

El médico y psicólogo que aúna en su persona José Manuel Arroyo se muestra en completo desacuerdo y denuncia las «actuaciones erráticas de la Aministración con estos enfermos, a los que se debería mantener al cuidado de terapeutas para rehabilitarlos y al tiempo sometidos a la tutela de los tribunales». Pero hoy, afirma Arroyo, es algo «extraordinariamente raro». Aporta un dato de escalofrío. Tras el estudio, se ha determinado que el 30 por ciento de los pacientes ingresados en los psiquiátricos penitenciarios —donde conviven personas que han asesinado con otras que sufren retraso mental— «no deberían estar ahí y la mitad estarían perfectamente tratados en un centro de media o larga estancia». Pero hay pocos centros y muchos candidatos. Un ejemplo del anormal funcionamiento de las autonomías lo encontramos aquí: Navarra y País Vasco llevan a sus enfermos que han cometido delitos a hospitales. Andalucía no tiene hospitales psiquiátricos, de forma que el 90 por ciento de los que están encerrados en el penitenciario de Sevilla son de esa comunidad. Otras, como Madrid o la Comunidad Valenciana, suelen rechazar a quienes proceden de Foncalent. La situación es tan surrealista que a veces se ha tenido que llevar a un enfermo que ya había cumplido su «pena» a las urgencias de un hospital cualquiera porque la alternativa era dejarlo en la calle.