Tanto los acusados, como la Fiscalía y sus terminales mediáticas han intentado llevar el debate al terreno de los tecnicismos jurídicos para poner en pie una doctrina contraria al sentido común, destinada a evitar problemas políticos al candidato Rubalcaba y al actual ministro del Interior, que temen que sus subordinados puedan «tirar de la manta». Según publicamos hoy, los procesados han amenazado con denunciar a sus jefes políticos. ¿Quién puede defender aplicando la lógica más elemental que dar un chivatazo a ETA para evitar detenciones no es colaborar con ETA? Esto es, literalmente, lo que están defendiendo quienes han elaborado una doctrina jurídica ad hoc sin tener en cuenta el contenido del Código Penal, sino apelando a cuestiones políticas o sociológicas. De tal forma que avisar a la banda de unas detenciones sólo sería un delito de revelación de secretos, como cuando un funcionario filtra un documento administrativo cualquiera. La jurisprudencia en asuntos de terrorismo está muy clara: para ser condenado por colaboración con banda armada no hace falta compartir sus fines. Hay bastantes personas condenadas por colaborar con ETA por evitar que algún terrorista fuera detenido -que es lo que sucedió en el caso Faisán-, o por intermediar en el cobro del llamado impuesto revolucionario, sea con fines lucrativos o compasivos. En términos estrictamente jurídicos, el Código Penal no exige para el delito de colaboración con banda terrorista el llamado «elemento subjetivo de lo injusto».
CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: Delito de colaboración con banda terrorista. Imputados Faisán amenazan con «tirar de la manta».
Los procesados por el caso del chivatazo policial a ETA del bar Faisán se han movido y han lanzado mensajes al Ministerio del Interior en los que dejan claro que están dispuestos a tirar de la manta si se mantiene la acusación de colaboración con banda armada contra ellos.
Fuentes de la investigación explicaron a este periódico que uno de los tres acusados lanzó estas advertencias tras el auto de procesamiento del juez Ruz y la salida del Gobierno del ahora candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los procesados advierten de que obligarán a sus superiores políticos a asumir sus responsabilidades. Y no hablan únicamente de tirar de la manta en el caso del chivatazo sino también sobre las negociaciones políticas del Ejecutivo de Zapatero con la organización terrorista ETA
La tensión aumenta. Conforme se avanza hacia el final del caso del chivatazo, las presiones a todos los niveles se multiplican. Y entre ellas también están las de los propios procesados.
Según informaron a EL MUNDO fuentes de la investigación, al menos uno de los imputados envió un claro mensaje antes de verano al Ministerio del Interior: no está dispuesto a comerse el marrón, no está dispuesto a ser condenado sin que sus superiores, los responsables políticos, respondan también de sus actuaciones.
Son tres los imputados en la causa: el que fuera director general de la Policía con Rubalcaba y Camacho, Víctor García Hidalgo; el actual jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros.
Este mensaje llegó a Interior poco después de que el juez Ruz, el tercero de los instructores de la causa del Faisán, dictase un auto de procesamiento contra todos ellos.
La advertencia fue enviada por uno de los tres pero, desde el principio, en el Ministerio del Interior se interpretó que era una maniobra conjunta y que iban todos en el mismo saco.
Estas fuentes indicaron que ese imputado aseguró que no iba a ir a prisión, que no iba a consentir ir a la cárcel condenado por colaborar con la organización terrorista ETA.
Así comenzó una dura negociación para saber hasta dónde se podía ceder a esta amenaza. La jugada era a tres bandas: Ministerio del Interior, tribunales e imputados. El juez había procesado a los tres por dos delitos: colaboración con banda armada y revelación de secretos. Los contactos se multiplicaron durante los meses de verano.
Finalmente, encima de la mesa se le puso a ese imputado la posibilidad de que únicamente fuera acusado de revelación de secretos. Esto significaría que el caso saldría de la Audiencia Nacional y sería juzgado en Irún.
La respuesta fue positiva: si es juzgado en Irún, seguirá en silencio; si se mantiene en la Audiencia Nacional, tirará de la manta. Estas fuentes no aclararon si eso significa únicamente dar nombres y apellidos de los que están detrás de la orden política del chivatazo, o se trata de algo más. Esos medios entienden que tirar de la manta puede suponer también aportar datos de cómo el Ejecutivo llevó a cabo las negociaciones con la organización terrorista ETA. No en vano, el teléfono móvil con tarjeta prepago que llevaba García Hidalgo es el que mostró como salvoconducto uno de los terroristas que participaba en la logística de los contactos entre el Ejecutivo y la banda.
Y es que, tras el auto de procesamiento y la salida de Rubalcaba del Ministerio del Interior, los nervios entre los que están en el punto de mira de la Justicia se desbordaron. Ya en sus declaraciones judiciales, dos de los tres procesados dejaron caer mensajes claros de por dónde podía derivar su actitud si continuaban en el centro de las investigaciones. Así, la última pregunta que le hizo a José María Ballesteros, uno de los imputados, su propio abogado fue si se había limitado a cumplir órdenes. A lo que el inspector de la Policía contestó con un sí. También en su alegato ante el juez, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, lanzó algún recado a quien le quisiera escuchar y habló de «interferencias políticas» en su trabajo policial.
| Exclusiva: la cinta en la que se grabó la conversación entre Elosúa y su yerno ya no existe
La cinta que contenía la grabación de la conversación entre el dueño del bar y su yerno ya no existe. El juez Ruz la reclamó el pasado martes para satisfacer una demanda de la defensa del procesado Pamies.
El SUP confirma la destrucción de la cinta.
La sustracción se produjo pese a que el alto el fuego implica no llevar a cabo acciones de captación ni de aprovisionamiento de material.
Los procesados del 'caso Faisán' amenazan con tirar de la manta
¿TENDRÁN GÜEVOSSSSSS?
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La vía griega del PSOE
¿QUIÉNES PAGARÁN PATRIMONIO?_____________________________
El despilfarro:
El titular de Política Territorial adjudica el contrato hasta julio de 2012. El PP hará una reestructuración total de esta cartera si gobierna.
ESTACAZO JUDICIAL A LA JUNTA DE ANDALUCÍA:
El Supremo autoriza a la juez de los ERE a ver las actas del Gobierno andaluz
Ve improcedente el requerimiento de inhibición presentado por la Junta de Andalucía, que alegaba que se trataba de dopcumentos
Los sobrinos de Chaves, colocados con un expediente académico insuficiente
'Anonymous' amenaza con difundir datos del 11-M y del Faisán antes del 20-N
¡OJALÁ!
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