La dureza en la tribuna del portavoz de CiU, además de asustar al PSOE hasta el punto de que Rubalcaba le convocó a una reunión posterior, puede resumir bien la irritación que el pacto PSOE y PP ha causado en las formaciones nacionalistas -PNV, BNG, ERC-, acostumbradas a inclinar la balanza hacia una u otra mayoría parlamentaria. Acusó Duran a los partidos firmantes de haber roto «el consenso constitucional». CiU tiene escasa autoridad para denunciar que 318 diputados no son bastantes para aprobar la reforma, después de asumir que el nuevo Estatuto catalán fuera aprobado por mayoría absoluta, a pesar de la oposición de un partido como el PP, que representa a media España.
Pero la clave de la oposición de Duran, y la razón por la que amenazó PSOE y PP con un «choque de trenes», no es otra que el apartado 6 del nuevo artículo 135, que impedirá que las autonomías establezcan su propio techo de gasto. El dirigente catalán se quejó de que los socialistas hayan cambiado su posición de que el límite del déficit fuera decidido por los parlamentos autonómicos. Esta irritación de los nacionalistas, a pesar de que el principio es flexible en momentos de dificultad, no puede explicarse únicamente por un precepto tan de sentido común como mantener la disciplina fiscal. Lo que en realidad les molesta es que su sueño de una España confederal se desvanece cuando PSOE y PP llegan a un pacto de Estado, como es el caso. «Sólo se ponen de acuerdo para ir contra nosotros», se lamentó. Es precisamente esa irritación la que demuestra que el acuerdo es bueno para el país. Claro que sería deseable incorporar a los nacionalistas al consenso, pero demasiadas veces en los últimos años han puesto en evidencia su deslealtad con los principios constitucionales. Sería muy deseable para garantizar la viabilidad del Estado -«unitario» mal que le pese a Duran- que socialistas y populares, tras las próximas elecciones, continuaran por la senda de los acuerdos en esta materia.
Más allá de su entendimiento, los portavoces del PSOE y PP dejaron pasar en el debate una oportunidad de oro para aclarar ante la Cámara, y por tanto ante la ciudadanía, la verdadera razón de esta reforma: cumplir las instrucciones del BCE, que como fiador de España en los mercados de deuda, nos ha puesto obligaciones. Alonso y Sáenz de Santamaría obviaron -en un ejercicio de amnesia selectiva- la grave tesitura por la que ha pasado España en el mes de agosto. Es obvio que han tenido que hacer la reforma deprisa y corriendo porque de lo contrario, a lo mejor el BCE dejaba de comprar deuda española, con las terribles consecuencias que ello tendría. Si lo hubieran explicado, habría quedado más en evidencia la demagogia de los portavoces de algunas minorías en defensa del referéndum
Ridao (ERC) asegura que es 'una insolación veraniega' cuyo 'auténtico padre es Aznar'
Erkoreka (PNV) la considera 'funesta' y acusa a ambos grupos de 'pasar la apisonadora'
Fueron 318 votos a favor de tramitar la reforma constitucional y sólo 16 en contra. Y una decena de diputados nacionalistas catalanes que tomaron la insólita opción de estar en el Hemiciclo pero no participar en la votación: ni a favor ni en contra ni con la abstención.
En cualquier lógica democrática el problema estaría resuelto, pero el hecho de que los minoritarios partidos nacionalistas estén fuera de la primera reforma constitucional en 33 años puede llevar, como advirtió el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, «a un choque de trenes de consecuencias impredecibles». Lo cierto es que en el debate de ayer en el Congreso de los Diputados, que solamente era para la toma en consideración de la reforma constitucional que fija la estabilidad presupuestaria en la Carta Magna, algunos portavoces de los partidos nacionalistas protagonizaron los discursos más duros que se han pronunciado en la Cámara Baja en mucho tiempo.
Los portavoces de PNV, ERC o BNG vinieron a decirles a los partidos mayoritarios que dejaran de contar con ellos. Y CiU también, aunque empleó un peculiar modo de dejar la puerta abierta.
Curiosamente, fue Duran Lleida quien activó la Cámara Baja en su primera intervención, con una entrada durísima. Tanto, que aquellos partidos nacionalistas e independentistas que más pudieran verse afrentados por una reforma constitucional que han solicitado en un momento u otro y siempre se les ha negado, palidecieron al lado del catalán.
Prueba de ello fueron las frases en las que acusó al PSOE y al PP de haber «hecho añicos el consenso constitucional» y protagonizado «una agresión» por los fines y contenidos de la reforma que ambos partidos han impulsado. Les reprochó su «falta de ética política» y su frivolidad por querer hacer en una semana una modificación constitucional que calificó de «esperpéntica».
El portavoz de CiU les afeó también que hayan tomado una determinación tan grave sin tener en cuenta a nadie, «cuando España no es un Estado unitario», y lamentó que sólo se pongan de acuerdo para «ir contra» los nacionalistas catalanes, «como con la Ley de Puertos».
El portavoz convergente había iniciado su intervención recordando que CiU y también el Partido Comunista, hoy integrado en IU, participaron en la elaboración de la Constitución y que, por ello, estaban «más legitimados que otros» para ejercer el turno en contra en el debate de la toma de consideración de la reforma.
No le sirvió de nada. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, realizó una intervención en la que, con solemnidad, aseguró que «nuestra norma fundamental es un texto vivo que puede adaptarse a los retos» y defendió que, por eso, reformar la Constitución es «ponerla en valor».
Obviamente, tampoco le sirvió de mucho que la representante popular defendiese que no se trata de rebajar el poder de las autonomías, dado que éstas adquieren las mismas obligaciones que el Estado, que se avanza en la senda de la consolidación autonómica y se desarrolla la «lealtad» entre las administraciones, con los ciudadanos y con las generaciones futuras, que no tienen por qué heredar el «agujero» de los gestores que les precedan.
Durán respondió: «Proceder a la reforma sin contar con nosotros significa una ruptura del proceso constituyente». Y añadió refiriéndose a los diputados del PP: «Existe gracias a todos, y si fuera por algunos diputados de alguna bancada, ni tan siquiera existiría». A los socialistas les reservó otro mandoble. Les recordó que hasta hace una semana no podían ni ver la reforma, y que ahora no conciben que no se acate.
Y ante la argumentación de socialistas y populares de que Alemania ya introdujo este requisito en su Constitución, y Francia e Italia están a punto de hacerlo, respondió que los «lander alemanes participaron» en el proceso constitucional, y que el debate y la discusión de enmiendas se prolongaron durante semanas. «Se sonrojarán si realizan la comparación», afirmó.
Así que Duran dijo que no. Que ya había sido suficiente «humillación» lo ocurrido con el Estatut y que, de seguir con esta actitud, los dos partidos mayoritarios podían encontrarse con un enfrentamiento muy grave -se entiende que entre Cataluña y el Estado-, una idea que ya fue desarrollada por el PSC y por los nacionalistas en los debates de entonces.
No obstante, después de una beligerancia tan acusada, sorprendió que los convergentes utilizasen un subterfugio sin precedentes para abrir un resquicio a la negociación.
Esto es: CiU pudo debatir de forma específica con los partidos promotores de la iniciativa porque empleó el turno destinado a las formaciones que se muestran en contra. Pero después sus diputados optaron por no ejercer el voto, alegando: «Si no hemos estado en el diálogo, no estamos en la votación; ellos se lo guisan y ellos se lo comen».
Así, de este modo tan paradójico, abrieron la posibilidad de entenderse antes del viernes, día de la votación definitiva. «Me están pidiendo una adhesión, pero el movimiento se demuestra andando, veremos si es posible algún tipo de acercamiento», concluyó. Minutos más tarde se le vio dialogando con Rubalcaba por los pasillos, y al candidato hablando, después, con el presidente del Gobierno en el Hemiciclo.
El resto de partidos nacionalistas -ERC, PNV y BNG- se mostraron menos vehementes pero igual de críticos.
Los nacionalistas vascos, que no usaron la trampa de CiU y sí votaron en contra, también le pusieron adjetivos. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, afirmó que la reforma «es funesta» y que los dos grandes partidos se han limitado a «aplicar el rodillo y a pasar la apisonadora sobre las formas y los procedimientos». Aunque admitió que su partido comparte la regla general de que no se debe gastar más de lo que se ingresa, enumeró cinco razones para justificar el rechazo: supone «un atropello en toda regla a los procedimientos democráticos», ya que una reforma de «calado» se ha tramitado en «peores condiciones de transparencia, publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para las leyes ordinarias»; el acuerdo es «irrespetuoso con la estructura compuesta del Estado»; la reforma es «ineficaz» porque «en realidad no satisface a nadie», ni a los mercados, ni garantiza a las administraciones públicas seguir utilizando herramientas fiscales de las que disponían hasta ahora, y, por último, es «antieuropea».
Finalmente, realizó su aportación definitiva, el argumento al que se acogieron los más independentistas. «En cualquier caso», dijo Erkoreka, «si la reforma constitucional antaño tan grave y difícil se ha convertido de repente en algo tan nimio y trivial, nosotros haremos nuestra propia propuesta, que formularemos vía enmienda». No adelantó cuál va a ser, pero desde que el presidente Zapatero anunció la reforma los dirigentes del PNV han estado solicitando la inclusión del derecho a decidir.
Joan Ridao, de ERC, también se acogió a esta salida reprochando a los partidos mayoritarios que siempre hayan dicho que no a este tipo de asuntos por la seriedad y tiempo que requería una reforma de la Carta Magna. La reforma, dijo, es una imposición del Banco Central Europeo, Alemania y la derecha como «oneroso» pago al «rescate» de la deuda española del mes de julio; es una «insolación veraniega» e «ideológicamente muy peligrosa» cuyo «verdadero padre es Aznar», concluyó. Y terció Francisco Jorquera, del BNG, para denunciar que «la soberanía y el autogobierno serán los grandes sacrificados», ya que las comunidades «verán convertida su autonomía en papel mojado».
La avalancha de reproches no hizo que los portavoces del PP y del PSOE añadiesen mucho más a sus primeras intervenciones. Además, ambos están empeñados en dirigir sus mensajes más a los suyos que a los disidentes de la Cámara.
Así, el socialista José Antonio Alonso se dedicó fundamentalmente a explicar que la reforma constitucional no supone ningún riesgo para las políticas sociales, y que se había hecho «para poder garantizar las conquistas sociales, que son nuestra seña de identidad».
La portavoz del PP puso en valor que era una reivindicación de su partido desde hace mucho tiempo, y que se ha conseguido un compromiso esencial para la estabilidad económica y para la prosperidad futura. Aunque sin acritud, no desaprovechó la oportunidad de criticar a los socialistas y a su insistencia en sacar pecho con las políticas sociales. «Nada amenaza tanto las conquistas sociales ni perjudica tanto a los ciudadanos como unas cuentas públicas insostenibles. No hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla. El resto serán promesas vacías de un día pero recortes injustos del día siguiente», advirtió.
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LA GACETA accede en exclusiva a la documentación oficial que demuestra el trato de favor del Gobierno al movimiento 15-M. Piden a los agentes que se alejen de las protestas.
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