La asociación de malhechores que integra el politburó del PSOE pretende una reforma del proceso penal que les permita delinquir a sus anchas

Reformar el proceso penal, pero no así

El Gobierno aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ambiciosa iniciativa que supone una completa reforma del proceso penal pero que nace muerta porque no hay tiempo material para sacarla adelante. Incluso si Zapatero decidiera no disolver las Cámaras hasta después de las Navidades, un texto de tanta complejidad técnica como trascendencia jurídica en ningún caso podría tramitarse en las Cámaras durante sólo un periodo de sesiones. Es difícil discutir la necesidad de esta reforma puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente data de 1882, aunque ha sido modificada en 65 ocasiones. En este sentido, el reproche que se le puede hacer al Ejecutivo es que haya esperado hasta el final de la legislatura para abordar la modernización de algo tan esencial para los ciudadanos como es el procedimiento penal.

El texto de la norma contiene 789 artículos y regula aspectos como las garantías del acusado, el papel de los jueces y fiscales, el procedimiento, la práctica de las pruebas y la custodia del material incriminatorio, los juicios y la ejecución de las sentencias. No hay duda de que en muchos aspectos el anteproyecto supone mejoras sustanciales sobre la legislación vigente, pero la iniciativa del Gobierno tiene un vicio de origen: sitúa al fiscal como responsable de la investigación penal.

Esto es lo habitual en otros países, aunque no en todos, como interesadamente señala la propaganda gubernamental. En Francia, por ejemplo, el Gobierno ha intentado una reforma parecida, pero la presión de los jueces la ha paralizado. En España, la alternativa de sustituir al juez instructor por un fiscal instructor, es, sencillamente, la peor. Por la sencilla razón de que la Fiscalía es una institución jerarquizada que depende del Gobierno, que es quien nombra al fiscal general del Estado. Ello supone que el fiscal no puede actuar con independencia cuando se trata de delitos relacionados con el poder político, como nos hemos cansado de observar en las últimas décadas. Hay una casuística interminable de asuntos en los que la Fiscalía se ha plegado al poder en diferentes sumarios. Sobre todo con gobiernos del PSOE, pero también en la etapa del PP. Por citar el último, el fiscal ha pedido que se retire la acusación de colaboración con banda armada a los tres acusados por el chivatazo de El Faisán, con el pretexto de que no hubo afinidad ideológica con ETA. Anteriormente, la Fiscalía había pedido inutilmente el archivo de la causa.

El control político de esta institución convierte el anteproyecto en inaceptable. Únicamente sería planteable en el supuesto de que se modificara el estatuto del fiscal para suprimir la dependencia del Ejecutivo. Otro de los aspectos que también merece nuestro rechazo es el secreto que se pretende imponer sobre la personalidad del acusado hasta que el llamado juez de audiencia preliminar no decida que hay que celebrar el juicio. Esto es inasumible en una democracia puesto que supondría una mordaza para los medios. Dicho con un ejemplo, este periódico no podría haber informado durante años de la investigación penal que afectaba a Barrionuevo y Vera hasta que el Supremo no hubiera decidido sentarles en el banquillo. El anteproyecto excluye también a los partidos políticos de la acción popular y exige una justificación para ejercerla, aunque mantiene que basta para que se celebre el juicio aunque el fiscal no acuse. Un detalle que nos parece esencial. En resumen, puede ser necesaria una reforma del actual proceso penal, pero más pensada y, sobre todo, con el consenso de las principales fuerzas políticas, tratándose de un tema de Estado. Una condición que no se da, puesto que el PP rechaza la reforma. Pérdida de tiempo, en suma

ETA y los vídeos de Hollywood

EL PNV cree que la fecha de las generales está pendiente de un comunicado de ETA anunciando el abandono de la violencia.

Zapatero podría alargar la legislatura hasta marzo para rentabilizar el final de la banda. Sería una vergüenza que Zapatero hiciera depender las elecciones de esta circunstancia.

Puede que el candidato Rubalcaba se agarre a esto como a un clavo ardiendo, de la misma manera que recurre al marketing para moldear una imagen que la sociedad española tiene bastante clara. Primero fue «llámame Alfredo» para humanizar su perfil, ahora son depuradas técnicas de Hollywood en sus vídeos.

En el último producto de la factoría de Ferraz, es un actor que encandiló y emocionó al público en su discurso del 9 de julio. La película está bien rodada, pero no es probable que le den el Oscar.

epsimo y EL MUNDO________________________

ETA exige al Gobierno que excarcele a todos sus presos durante los próximos cinco años

ETA reclama también la derogación de la ‘doctrina Parot’ que debate el Constitucional. Consideran que la liberación de los reclusos supondría un “activo político” y un “triunfo” para Batasuna.

Jáuregui asegura que el chivatazo no afectó a la lucha contra ETA

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, arremete contra el Partido Popular por el chivatazo del Faisán y tacha de “hecho” la delación y acusando a los populares de “utilización partidista”.

Pumpido se inventa la “adhesión ideológica a ETA” para salvar a Rubalcaba y Camacho .
Los fiscales del Gobierno