CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El PSOE andaluz metió a un empresario autónomo en un ERE El 1 de octubre de 2003, Polonio firmó un protocolo de colaboración con el director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, por el que la Junta se comprometía a concederle una ayuda por importe máximo de 150.000 euros. La subvención se enmarcaba en el apoyo de la Administración autonómica a «sectores en situación de crisis o en vías de desarrollo» en Andalucía.
Con esta resolución, el 17 de febrero de 2005 el dueño de Transportes Polonio -una empresa de movimiento de tierras radicada en la localidad sevillana de Las Navas de la Concepción- firmó con Guerrero un endoso a favor de Caja San Fernando por el importe líquido de la subvención, que se imputaba a la partida presupuestaria 31L, la del fondo de reptiles.
El retraso en el pago hizo que este autónomo tuviera que renovar hasta en tres ocasiones la póliza, con los consiguientes costes financieros.
Este caso ilustra claramente el descontrol que existía en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Aunque un año y medio antes ya había formalizado el endoso, Guerrero firmó en octubre de 2006 otra resolución por la que concedía una ayuda «específica» por 150.000 euros. «Dicha subvención se hará efectiva en los próximos tres meses», se lee en el escrito.
Pasó el plazo previsto y el empresario siguió sin recibir el dinero. El 22 de marzo de 2007 envió una carta al director general de Empleo en la que le hacía ver el grave perjuicio que le había causado a la tesorería de su empresa, ya que tuvo que renovar la póliza de crédito y hacer frente a intereses por 40.000 euros. «Le solicito o le suplico me realice el pago antes de la fecha de renovación de la póliza porque, de no recibir el ingreso, tendrá consecuencias ruinosas para mi empresa», imploraba el empresario.
Tuvieron que transcurrir aún casi siete meses para que el dinero llegara a su cuenta. No sólo le transfirieron los 150.000 euros concedidos, sino que le ingresaron 30.000 más en concepto de intereses.
La transferencia se produjo dos semanas después de que Guerrero manifestara por escrito a la aseguradora belga Apra Leven su conformidad para formalizar una póliza para 22 ex trabajadores de Manufactura Española del Corcho (Samec). La Junta se comprometía a abonar 3.274.116,41 euros el 1 de abril de 2008.
De los 22 beneficiarios, los que aparecen en los puestos 21 y 22 no habían trabajado nunca en esta empresa. En el puesto 21 aparece José Antonio García Prieto, al que se le reconoce una prima al contado de 68.161,39 euros. García Prieto fue el concejal socialista de Camas que donó la sede al PSOE y que aparece como falso prejubilado en el ERE de Intersur. Como cuando terminó de recibir las rentas por esa póliza aún no alcanzaba la edad de jubilación, se dirigió a Guerrero solicitando nuevas ayudas. Fue así como lo incluyeron en el ERE de Samec.
El listado de beneficiarios lo cerraba Polonio, del que el estudio actuarial no se detalla ni la edad ni el nivel de garantía que le cubría. Tan sólo el coste de la prima: 180.000 euros.
Guerrero recurrió a una póliza de prejubilación para saldar la deuda que, en virtud de la subvención a la que se había comprometido en octubre de 2003, mantenía con Antonio Polonio. Y lo incluyó irregularmente en el ERE de Samec como podría haberlo hecho en cualquier otro
epsimo y EL MUNDO______________
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