Resulta inusual que un magistrado se dirija a miembros del Consejo para dar cuenta de una decisión que sólo a él le compete y sobre la que no ha dado explicación alguna a sus compañeros afectados, como es convocar un Pleno para unificar un criterio jurídico. Más insólito todavía es que no lo haga por escrito y con membrete de la Audiencia, sino mediante el envío de un correo que parece sugerir que está ofreciendo esas explicaciones a título personal y fuera de los cauces legales. Pero lo esencial es que lo que Gómez Bermúdez alega para justificar su decisión de remitir el caso al Pleno es sencillamente falto de toda lógica jurídica e incongruente.
El presidente de la Sala Penal de la Audiencia sostiene en su correo que dos de los magistrados de la Sección Segunda a la que corresponde decidir ya manifestaron su criterio de mantener la imputación por colaboración con banda armada, mientras que otros dos se han opuesto a esa calificación jurídica.
A partir de esta suposición, Gómez Bermúdez señala que, dado que los integrantes de la Sección Segunda están divididos, la decisión sobre el caso Faisán dependería de la composición del tribunal, es decir, del «azar». En consecuencia y para evitar este factor de aleatoriedad, Gómez Bermúdez señala que él ha optado por convocar el Pleno, lo que contribuiría a liberar de presión a los magistrados de la Sección Segunda.
En primer lugar, sólo hay constancia de la oposición de un magistrado, José Ricardo de Prada, a que se juzgue a los acusados por cooperación con banda armada. De Prada se pronunció en contra con el peregrino argumento de que el chivatazo estaba justificado para salvar el proceso de paz con ETA, o sea, por razones políticas. Por tanto, da la sensación de que Gómez Bermúdez está utilizando información confidencial, que sólo él maneja como presidente de la Sala. 
¿Cómo sabe que hay un empate a dos? ¿Acaso ha tenido acceso al secreto de las deliberaciones?
En segundo término, lo que está formulando Gómez Bermúdez es un juicio de intenciones sobre los magistrados de la Sección Segunda, presuponiendo que carecen de independencia y que van a decidir conforme a un criterio predeterminado. Ninguno de los cinco se ha pronunciado sobre un auto de procesamiento que contiene mucha información de la que antes no se disponía.
Y, por último, la composición del tribunal la determinan unas reglas establecidas por la Sección y no «el azar», que no es un criterio jurídico. Nada queda a merced de la suerte, sino de la aplicación de unas normas prefijadas que establecen la composición del tribunal.
A Gómez Bermúdez le está pasando lo mismo que a una persona que se encuentra con un chicle pegado en el zapato. Intenta quitárselo pero lo único que logra es pringarse todavía más. Todas sus explicaciones sobrarían si su proceder no tuviera motivaciones que nada tienen que ver con las de la defensa de la legalidad.
El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, justificó ayer en un e-mail enviado a la portavoz del Consejo del Poder Judicial su acuerdo de llevar al Pleno el caso Faisán en lugar de dejar que resuelva la Sección Segunda, a la que correspondía. Bermúdez, que dice que pretende liberar de presión al tribunal para que recaiga sobre él, aduce que la composición de la Sección es aleatoria, lo que dejaría la decisión al azar.Bermúdez aventura que dos miembros de la Sección ven indicios de colaboración con ETA en los mandos policiales encausados y otros dos no. Prejuzga, así, el criterio de unos magistrados que ni siquiera se han sentado a examinar el auto del juez Ruz. Uno de los jueces supuestamente contrarios al procesamiento no ha expresado su posición en resolución alguna, sino sólo en comentarios confidenciales.
Bermúdez envió el e-mail con el encabezamiento «estimada Gabriela» a la portavoz del CGPJ, que a su vez se lo reenvió al presidente, Carlos Dívar. Bermúdez copió al vocal José Manuel Gómez Benítez el texto remitido a Gabriela Bravo tras consultar con la vocal la mejor vía para reaccionar frente a las críticas que ha suscitado su decisión de avocar al Pleno el caso Faisán.
Miembros de la Sala Penal se manifestaron indignados al conocer por los medios de comunicación el correo de Bermúdez, que calificaron de «desfachatez». «Es bestial que el propio presidente de la Sala aventure cuál va a ser la posición de los magistrados antes de estudiar y deliberar el asunto», se quejaron.
La comunicación se llevó a cabo al margen de los cauces oficiales y soslayando el procedimiento sobre difusión de comunicados y notas que aprobó la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional precisamente a propuesta de Bermúdez.
Ninguna previsión legal obligaba al presidente de la Sala Penal a explicarse, sino que lo hizo para salir al paso de las críticas que está recibiendo por su decisión unilateral de arrebatar el caso a la Sección a la que correspondía resolver los recursos contra el auto de procesamiento de los mandos policiales encausados, Sección que hasta ahora ha apoyado sistemáticamente las decisiones del instructor, Pablo Ruz, y que, en abril, calificó el chivatazo a ETA como un posible delito de colaboración con banda armada en lugar de como una simple revelación de secretos, que es lo que defiende la Fiscalía. Esta segunda opción obligaría a que la causa pasase de la Audiencia a los juzgados ordinarios de Irún.
En su correo electrónico a la vocal Gabriela Bravo, Bermúdez dice que la Sección Segunda está compuesta por cinco magistrados, de los que dos, según asegura, ya han manifestado su criterio a favor de mantener la calificación de colaboración con banda armada, mientras que otros dos, dice, se han opuesto a esa calificación jurídica.
Para resolver ahora los recursos contra el procesamiento, la composición de la Sala -de tres magistrados- se decidiría de forma aleatoria, según Bermúdez, con lo que sería el azar el que determinaría qué magistrados entrarían a resolver y, con ello, el fondo de la resolución.
El juez no cita por su nombre a los magistrados cuyo posicionamiento aventura, pero los dos que estarían a favor de calificar los hechos como una colaboración no pueden ser sino Fernando García Nicolás y Julio de Diego, que en abril firmaron un auto en ese sentido. De los otros dos, uno es José Ricardo de Prada, que entonces argumentó que los hechos no constituyen ningún delito.
No obstante, ninguno de los tres se había posicionado acerca de otros aspectos que se deliberarán en el Pleno, como si los indicios son suficientes para procesar a los mandos o si su opinión sobre la calificación jurídica se mantiene después de conocer nueva documentación sin duda relevante, como el informe final del equipo investigador.
El cuarto magistrado al que se refiere Bermúdez sólo puede ser Enrique López o Ángel Hurtado, aunque, según fuentes de la Audiencia,este último únicamente ha hecho algún comentario informal sobre cuál podría ser su posición en reuniones confidenciales.
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Bermúdez manda una carta a Dívar para justificar sus maniobras en el Faisán
Gómez Bermúdez dice en una carta enviada a vocales del CGPJ que la Sección que debía decidir en inicio está dividida en dos posturas encontradas.
...Y LOS ESPAÑOLES NOS CHUPAMOS EL DEDOBermúdez justifica su intento de liberar de la AN a la cúpula policial
El magistrado no quiere dejar "en manos del azar un asunto tan complejo" como 'Faisán'.
Enrique Pamiés y Víctor García Hidalgo.
El jefe de la Policía vasca tiene cosas que aclarar
Pamiés y las preguntas del Faisán
El juez Ruz cree que fue él el que dio el chivatazo
Ha sido el azote de la banda terrorista ETA durante los últimos años. Los que le conocen sólo dicen de él cosas buenas. Su método de trabajo, sus principios, su profesionalidad, su capacidad de echar horas, su compromiso. Un prestigio que ha quedado manchado, quizá definitivamente, tras su supuesta vinculación con el caso Faisán. El juez Pablo Ruz entiende que Enrique Pamiés fue quien dio el chivatazo a ETA en 2006.
A José Luis Rodríguez Zapatero no se le borra la imagen del exministro Barrionuevo y del exsecretario de Estado Vera entrando en prisión, acompañados por Felipe González hasta la puerta de la cárcel. El juez Ruz ha acusado finalmente a la cúpula del ministerio del Interior de colaboración con banda armada en el caso Faisán. Si los imputados y sus adláteres no se conforman con asumir la entera responsabilidad del caso, los ministros Alonso y Rubalcaba y el propio presidente Zapatero pueden resultar procesados y con un horizonte no desdeñable de ingresar en prisión.
Así es que Zapatero se ha quedado en Moncloa, aparte de para colocar a sus paniaguados y paniaguadas, para borrar la presunta colaboración suya y de su Gobierno con la banda terrorista. Desde hace muchas semanas se eliminan todas las huellas de la negociación política, de tú a tú, entre el Gobierno y Eta, aquella indignidad cuyo resultado para los terroristas es que están en las instituciones democráticas y se enseñorean en Guipúzcoa.
En su frenética maniobra para eludir responsabilidades, Zapatero ha conseguido que el juez Bermúdez maniobre para apartar al juez Ruz del caso Faisán. El pleno de la Audiencia Nacional se reunirá en septiembre. El lobby de Moncloa trabajará activamente durante todo el verano con gestiones directas o indirectas sobre cada uno de los jueces para derivar la pesadilla Faisán a otras instancias judiciales más propicias. Nadie sabe si Zapatero será capaz o no de conseguir que la treta de Bermúdez alcance sus objetivos.
Salgado apenas pudo vender el compromiso de que cada autonomía aprobaría, en el plazo de seis meses, una regla de gasto coherente con la del Estado.
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