POCAS VECES un portavoz se había encontrado en una situación tan forzada y postiza como la de ayer, cuando Marcelino Iglesias se vio obligado a asegurar que las elecciones generales se celebrarán en la próxima «primavera». Cada vez son menos los dirigentes socialistas que se lo creen, entre ellos, José María Barreda, que reconoce hoy en nuestro periódico que el debate está abierto en la cúpula del partido. El líder manchego declara que antes veía «posible» un adelanto electoral a noviembre y ahora lo considera «probable». Desde una posición muy distinta, Francisco González, presidente del BBVA, se pronunció también ayer en público a favor de adelantar las elecciones, subrayando que España «necesita que se tomen decisiones rápidas» y que «se pospongan los intereses personales en aras de los de los españoles». Sus palabras coinciden con el incremento de la prima de riesgo que se ha producido en los últimos días y con las dificultades de grandes empresas como Telefónica y Santander para financiarse en el mercado de capitales.
A la incertidumbre que se respira en el mundo de la economía, se sumó ayer otro acontecimiento que agudiza la crisis integral por la que atraviesa nuestro país que va desde las protestas en la calle a las altas instituciones del Estado. Nos referimos a la dimisión de tres magistrados del Constitucional: Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que renunciaron a sus puestos al considerar que, además de su mandato constitucional de nueve años, se ha agotado su paciencia. Los tres tenían que haber sido reemplazados el pasado 7 de noviembre, pero han seguido ejerciendo su cometido al no haber acuerdo en el Congreso para renovarles. A ello se suma la baja por defunción en mayo de 2008 de Roberto García Calvo, vacante que tampoco ha sido cubierta.
Es evidente que la renuncia de estos tres magistrados -que tendrán que seguir en sus puestos ya que el presidente Pascual Sala no aceptó su dimisión- tiene una motivación de protesta contra la incapacidad del PSOE y del PP para pactar la renovación. Es lo que está sucediendo ahora y lo que pasó en la anterior legislatura cuando los dos partidos tampoco fueron capaces de ponerse de acuerdo y forzaron a María Emilia Casas y a otros dos magistrados a sobrepasar su mandato en tres años.
La imagen del Constitucional se ha deteriorado por muchas razones y los magistrados tienen una importante responsabilidad en ello. Ahí está la sentencia sobre Bildu. Pero también es cierto que el PSOE y el PP están vulnerando la Constitución al no renovar cada tres años el Tribunal por cálculos puramente partidistas.
Habría que cambiar la Carta Magna para garantizar la independencia del Constitucional, pero de momento habría que cubrir esas cuatro vacantes, algo muy complicado en el actual clima de inestabilidad política y de debilidad de Zapatero. Resulta casi imposible creer que la dimisión de los tres magistrados se hubiera producido con un Gobierno fuerte y legitimado por las urnas.
A lo que estamos asistiendo es a una crisis económica, social e institucional agrandada por la descomposición acelerada de un Gobierno, cuyo único objetivo es intentar ganar tiempo para ver si el temporal amaina. Estamos presenciando el convulso final de un ciclo que produce espectáculos tan insólitos como los que vimos ayer. Nadie está contento: ni los barones del PSOE que han perdido el poder, ni los banqueros, ni los miembros de los altos tribunales. Tan cierto es que Zapatero no tiene la culpa exclusiva de todos los males que aquejan a la sociedad española como que es incapaz de resolverlos. Por ello, debe convocar elecciones cuanto antes.
El can Cerbero que revela el rostro de Bildu
EL CAN CERBERO era, en la mitología griega, un perro de tres cabezas y con una serpiente por cola que guardaba la puerta del Hades y se aseguraba de que los muertos no salieran de él y de que los vivos no entraran. Cumplía su misión con tanta diligencia que la palabra ha pasado al castellano como sinónimo de «guarda severo o de bruscos modales». Si Lizarza se ha convertido en un infierno para los demócratas, Bildu ha encontrado en Aimar Altuna el perfecto cancerbero. Altuna es un etarra condenado en Francia a cinco años de prisión por pertenencia a banda armada. Y es el mismo sujeto que el pasado sábado vetó a EL MUNDO y a otros medios su presencia en el Pleno de constitución del Ayuntamiento diciendo que era la «persona autorizada» para impedir el acceso. Es el mejor ejemplo del retorno al pasado que supone la llegada de Bildu a las instituciones. Ayer vivimos otro paso de esta peligrosa escalada: Bildu se hizo con la presidencia de las Juntas de Guipúzcoa al negarse el PNV a pactar con el PSE, con lo que con toda probabilidad conseguirá el puesto clave de diputado general de esa provincia.
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