Los tres magistrados del Tribunal Constitucional que esperan desde el 7 de noviembre a que el Congreso elija a sus sucesores han tomado la decisión histórica de renunciar a sus cargos para forzar al PSOE y al PP a cumplir de una vez la obligación constitucional de renovar el TC. El presidente, Pascual Sala, al que correspondía decidir sobre las dimisiones presentadas por el vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, acordó por la tarde no aceptarlas aludiendo a la necesidad de «garantizar la continuidad y estabilidad» de la institución y dado el volumen y entidad de los procesos atribuidos al Pleno, cuyo quórum mínimo de funcionamiento es de ocho jueces.
De haber consentido la marcha de Gay, Pérez Vera y Delgado, el Constitucional habría quedado reducido a ocho magistrados, y la ausencia de uno solo de ellos habría dejado inoperante al máximo intérprete de la Constitución.
En todo caso, la renuncia de los tres magistrados es una situación insólita que evidencia el alto nivel de malestar -muchos en el tribunal hablan de indignación- que existe en esta institución clave del Estado con los partidos hegemónicos.
El PSOE y el PP, que han tardado tres años en renovar a los cuatro magistrados del cupo del Senado, llevan desde mayo de 2008 sin cubrir la vacante por fallecimiento de Roberto García-Calvo. Éste era, junto a los tres miembros del TC que han renunciado ahora, el cuarto integrante del cupo del Congreso que terminó su mandato hace más de seis meses.
El Tribunal Constitucional, formado por 12 miembros, se renueva cada tres años por terceras partes, de manera que cada magistrado tiene un mandato de nueve años. Cuatro magistrados son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos son nombrados directamente por el Gobierno y a otros dos los elige el Consejo General del Poder Judicial.
Sólo las primeras sustituciones (1983, 1986, 1989) se hicieron en plazo. La renovación que correspondía al Congreso en 1992 se retrasó cinco meses y la del Senado en 1998 alcanzó una demora de 10 meses.
Ninguna dilación ha sido, no obstante, comparable con los tres años que han tardado socialistas y populares en designar a los sustitutos de María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, que debieron salir del tribunal en diciembre de 2007 y lo hicieron el pasado enero.
Para entonces, la renovación del cupo del Congreso ya acumulaba dos meses de retraso y las perspectivas de que las intermitentes conversaciones entre el PSOE y PP llegaran a buen puerto eran prácticamente nulas.
Javier Delgado, recuperado de una grave enfermedad, comunicó tanto al nuevo presidente, Pascual Sala, como en varias ocasiones al propio Pleno su deseo de marcharse si el bloqueo en la renovación se eternizaba. A él se ha unido Elisa Pérez Vera y, a la zaga de ambos, el vicepresidente Gay.
Ni las gestiones del propio Delgado durante los días en que ejerció como presidente en funciones ni las iniciativas de Sala -que ha hablado con todos los grupos parlamentarios, ha desayunado con Rajoy, se lo ha planteado a Zapatero y ha conversado en varias ocasiones con el presidente del Congreso- han logrado mover a los dos partidos mayoritarios a cumplir la Constitución.
Al comienzo del Pleno del pasado martes volvió a debatirse la situación y, a partir de ese momento, la presentación de las renuncias de Delgado y Pérez Vera era cuestión de días.
Delgado, que formula su renuncia escribiendo esta palabra con letras mayúsculas, apela a «razones personales» y recuerda que «las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución».
Pérez Vera subraya los «motivos institucionales» de su renuncia. «La Constitución diseña un tribunal de características específicas que no pueden alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente», subraya, «y eso es justamente lo que se produce cuando se incumplen los plazos para la renovación».
Gay presentó el pasado miércoles un escrito en el que afirma que, ya en su momento, la falta de renovación del cupo del Senado le produjo la «sensación de formar parte de un tribunal secuestrado», forzado a tener decidir sobre el Estatuto de Cataluña con una composición anómala. Sin emplear la palabra renuncia, Gay reitera «cuanto he venido manifestando desde hace más de tres años y medio sobre la obligación, que no conveniencia o necesidad, de proceder a nuestra renovación en tiempo. En mi caso, la de sustituirme en mis funciones a pesar de no tener causa especial que no sea la muy importante de 'haber expirado el plazo de mi nombramiento', como previene nuestra Ley Orgánica que, de forma expresa, te invoco».
La no aceptación de las renuncias, que ellos ya esperaban, les obligará a permanecer en el tribunal. ¿Para qué han servido, entonces, las dimisiones? «Han sido un aldabonazo, una forma contundente de hacer saber a los diputados que el malestar es grande», indicaron en el TC.
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