PP y PSOE presentaron ayer en el Congreso sendas propuestas de resolución, aparentemente antagónicas, en relación con la actuación de Bildu en las diputaciones y ayuntamientos vascos y navarros.
De la distancia que separa a los dos grupos dan buena cuenta los enunciados de dichas propuestas; la popular, «para la defensa de la democracia en las instituciones vascas y navarras»; y la socialista, para el «acatamiento de todas las resoluciones judiciales»; la primera, en alerta frente a Bildu; la segunda, en defensa de su legalización por parte del Tribunal Constitucional.
Así, de hecho, se cuidó de explicar su propuesta el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Eduardo Madina, «tras asistir en las últimas fechas», dijo, «a la mayor campaña de ataque directo y de desprestigio al Constitucional por parte de la derecha a propósito de las últimas resoluciones emitidas, y de las barbaridades que se han dicho sobre los magistrados».
Madina puso el acento en la defensa del TC, pese a que el breve texto de la propuesta socialista número 89 también contempla una advertencia a los ediles de Bildu: «En relación con las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales, el Congreso de los Diputados manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación que a todos los poderes públicos corresponde de cumplir y hacer cumplir la ley».
Muy al contrario, en la presentación de su propuesta de resolución, la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, puso el acento en el cúmulo de «circunstancias» que apuntan ya al incumplimiento de la ley por parte de los cargos electos de Bildu y que, sobre el papel registrado ayer por su Grupo, son seis: «El acoso a concejales del PP y el PNV, como en el caso de Elorrio; la retirada de símbolos constitucionales en los ayuntamientos; la prohibición de acceso a los escoltas en consistorios gobernados por Bildu; la presencia de destacados dirigentes de Batasuna en las tomas de posesión y en los equipos directivos de los Gobiernos de Bildu; los discursos reivindicativos de las posiciones defendidas por ETA-Batasuna que se escuchan en boca de los nuevos electos de Bildu, y, muy especialmente, la negativa a condenar la violencia terrorista de ETA y pedir su disolución».
En su exposición de motivos, el PP llega a afirmar que todos ellos son «indicios» que avalan la tesis del Supremo, esto es, «que los electos independientes de Bildu no son sino una continuación de Batasuna».
Sin embargo, la beligerancia popular se detiene prácticamente en este punto. Porque, en un texto tan medido o más que el socialista, la propuesta rebaja las expectativas abiertas por Rajoy en su discurso de la víspera en el Debate sobre el estado de la Nación, y elude por completo una exigencia explícita de desalojo o expulsión de los electos.
De hecho, y a diferencia de lo apuntado por Rajoy, la propuesta popular ni siquiera apela a la «incompatibilidad sobrevenida» que la reciente reforma de la Ley Electoral recoge para expulsar a los ediles de sus cargos. Muy probablemente, según los expertos, porque esto sólo es posible previa ilegalización de Bildu.
Sea como sea, los populares son muy cuidadosos con el Constitucional, al rescatar del texto de su sentencia la referencia a «una panoplia de instrumentos de control a posteriori», contenida en las últimas reformas legales, y para la que, según el texto popular, «sobran argumentos».
En definitiva, lo que textualmente propone el PP es que el Gobierno «extreme la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los electos de Bildu, a fin de evitar que utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna ETA». Y ello, «desde la lealtad al Pacto Antiterrorista», lo que significa que Rajoy no está dispuesto a romperlo si el Gobierno desatiende su petición.
El Grupo Socialista no ignoró la propuesta popular, y decidió enmendarla para reducir el reclamo al Gobierno de que «vigile» por el de que «impida las amenazas», asegurando, eso sí, el respeto a las víctimas. También remarca la necesidad de respetar la sentencia que permitió su concurrencia en las elecciones. El PP la calificó de «inaceptable».
Ex ediles de ANV, HB y Batasuna, en el gobierno de Bildu en Guipúzcoa
Alduntzin, ex alcalde por Batasuna, Errekondo, ex edil de HB, y el ex alcalde de por ANV, Errazkin, son algunos de los miembros del equipo.
Tras las vacaciones, el presidente del Congreso elevará el asunto a la Comisión de Nombramientos. PSOE y PP aceptarán la propuesta.
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Si en la primera jornada los portavoces del PNV y de CiU agradecieron al presidente «sus servicios» al país, ayer vimos al representante del BNG elogiar su disposición al diálogo y a una diputada de CC recordando las conversaciones privadas sobre sus hijas y el sacrificio que ha supuesto la dedicación a la política.
El contrapunto a esta complacencia lo puso Rosa Díez, que subrayó que «no habrá días para perdonar» a Zapatero por su responsabilidad en la legalización de Bildu. La dirigente de UPyD aseguró que el presidente deja a España «en situación de emergencia» y que lo único que le resta es marcharse «como hace la gente después de despedirse».
Según la encuesta que publicamos hoy, el 50% de los españoles es partidario de que Zapatero adelante las elecciones generales. El 39,7% cree que Rajoy ganó el Debate sobre el estado de la Nación, mientras solamente el 26,9% da al presidente como vencedor. Es la primera vez que Rajoy derrota claramente a Zapatero, probablemente porque la mayoría de los ciudadanos valora muy negativamente la gestión del presidente.
Ciertamente, cuando se vaya en otoño o en primavera, dejará un país bastante peor que el que encontró en 2004, por mucho que estos días haya intentado culpar al Gobierno de Aznar de la crisis que estamos atravesando.
Igual o más grave todavía es su error estratégico de buscar alianzas desde el entreguismo con los partidos nacionalistas, que, además de sacar al Gobierno importantes compensaciones políticas y económicas, se han crecido en sus reivindicaciones. El ejemplo más claro es el sondeo realizado por un instituto de la Generalitat en el que el 43% de los encuestados responde que votaría a favor de la independencia en una consulta. Solamente el 28% votaría en contra. Lo significativo es que es la primera vez que se hace una encuesta sobre una opción que es claramente inconstitucional desde un organismo oficial y financiada con fondos públicos.
El resultado del sondeo es la consecuencia de la política de condescendencia de Zapatero hacia el independentismo catalán, del clima sembrado por los Gobiernos tripartitos de Maragall y Montilla y del espíritu y la letra de un Estatut que rompe la Constitución. Estas concesiones se han traducido en el avance de un independentismo insaciable. Pero todo comenzó el día en que Zapatero declaró que el concepto de nación es «discutido y discutible».
En lugar de plantarse ante los continuos chantajes nacionalistas, Valeriano Gómez declaró ayer que no ve «inconveniente» en que la Seguridad Social comprara la deuda que las comunidades autónomas no son capaces de vender a nadie. ¿Invertiría Gómez su dinero en esos títulos?
Parecida perplejidad suscita la decisión de elegir a la San Sebastián gobernada por Bildu como Capital Europea de la Cultura en 2016 por su «compromiso en la lucha contra la violencia» como si Córdoba, Zaragoza o Burgos estuvieron menos comprometidas. Esta es la España que deja Zapatero.
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