Al final de 'El halcón maltés', cuando se descubre que bajo la capa de pintura que la recubre no está la preciosa reliquia de los templarios, sino una vulgar estatuilla de plomo y preguntan a Bogart/Sam Spade de qué está hecha, responde con una cita de la obra de Shakespeare 'La tempestad': "del material con que se hacen los sueños". Ese material son las palabras. Podría parecer que las palabras son siempre las de un Gobierno cuyo presidente tiene por divisa "las palabras han de estar al servicio de la política, etc." pero a veces son los hechos. Continuamos con la falacia de los acercamientos de presos y excarcelaciones que tratábamos ayer. El pasado 28 de marzo, Luis Rodríguez Aizpeolea publicó en El País una información de la que mucha gente ha sacado la conclusión que el Gobierno de Zapatero hizo menos concesiones a ETA en 'el proceso de paz' que el Ejecutivo de Aznar durante la tregua de Lizarra, porque Mayor Oreja acercó presos y Rubalcaba no. No era seguramente la intención del redactor, puesto que se refería y contestaba expresamente a expresiones del dirigente de ETA, Thierry, que expresaba su convicción de que el Gobierno haría ambas cosas, pero la cuota gubernamental de las tertulias de la tele lo ha contrapuesto a "Mayor Oreja sí acerco":
"Ni se derogó la doctrina Parot ni hubo acercamiento de presos"
Vayamos a la hemeroteca justiciera. El 19 de noviembre de 2007, el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba explicaba el porqué de la cuestión:
"El Gobierno no acercó presos porque ETA no lo pidió".
Ayer se aportaron datos suficientes para despejar la falacia del acercamiento, que podría resumirse así: El PSOE colabora con entusiasmo, sumándose a la iniciativa parlamentaria de su hoy ministra de Medios (Ambiente, Rural y Marino) del 10 de noviembre de 1998 para acercar los presos y con más entusiasmo aún en la iniciativa del PNV y EA de 15 de junio de 1977, con una proposición propia (que finalmente transaccionó y retiró) para afear al Gobierno de Aznar su falta de diligencia en el acercamiento. Años después, tras fracasar su negociación, el PSOE y sus palmeros en las tertulias acusan al PP de haber acercado presos.
Escarbemos un poco más. El acercamiento de los presos es una cuestión bastante irrelevante, por tratarse de una medida reversible. Si la cosa no funciona siempre quedará el Salto del Negro. Es, además, una medida discrecional del Gobierno que yo jamás discutiría. Recientemente han sido noticia acercamientos a Nanclares de presos a los que Instituciones Penitenciarias considera más alejados de la ortodoxia de la banda y más 'maduros'
Es perfectamente legítimo. La función de las políticas de dispersión y alejamiento puestas en marcha por un Gobierno de Felipe González en la segunda mitad de los años ochenta tenía como objetivo romper la coherencia interna de la organización terrorista y no otra cosa.
La primera parte de la frase: "Ni se derogó la doctrina Parot..." se refiere, como queda dicho, a una expresión de Thierry, que expresaba la promesa que habría hecho el Gobierno de "derogar la doctrina Parot".
Aclaremos en concepto para viandantes, porque en este asunto también se sustancia uno de los sofismas más usados en las tertulias: "El PP excarceló presos". Se llama doctrina Parot a la establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia 197/2006 de 28 de febrero, en la cual rechaza el recurso de casación del terrorista preso Henri Parot Navarro, por el que el recluso solicitaba que se sumaran todas las condenas (26 sentencias por 82 asesinatos con casi 4,800 años de cárcel) con el fin de resumirlas en el cumplimiento máximo, 30 años, aplicarle el descuento 2x1, que lo deja en veinte y otros beneficios penitenciarios. Calculaba este tipo, cuyas cifras son fronterizas rebasan el asesinato múltiple para frisar el genocidio, que habiendo sido detenido en abril de 1990 y habiendo rebasado ya los quince años de cumplimiento, podía estar muy próximo al cumplimiento de la pena. El Supremo opinó que no, que los beneficios debían descontarse de cada una de las condenas, por lo cual la suma seguía siendo extraordinaria y el cumplimiento de la pena se quedaba en 30 años.
Es ocasión de citar un par de casos. Carlos Torrecilla, condenado a 114 años de reclusión, fue el último preso etarra en beneficiarse del cómputo antiguo. Fue puesto en libertad el 20 de febrero de 2006, tras 16 años en la cárcel. Mercedes Galdós, condenada a más de 700 años de cárcel por 17 asesinatos, fue puesta en libertad el 3o de septiembre de 2005, cuando llevaba 19 años en la cárcel. Nadie acusó al Gobierno de haber puesto en libertad a estos dos terroristas, ni podría hacerlo, salvo caso de estupidez congénita o sobrevenida, porque fueron excarcelados por los jueces, como es natural. Como Iñaki Bilbao Goikoetxea.
Un Gobierno no puede excarcelar a un preso salvo que haga uso de su prerrogativa de indulto. Lo que sí puede hacer un Ejecutivo es enredar con los grados penitenciarios en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar la clasificación de los reclusos, para pasarles del segundo al tercer grado y concederles la prisión atenuada. Lo que no puede el Gobierno es 'derogar' una sentencia del Supremo. Puede, eso sí, enviar un proyecto de Ley que interprete el cumplimiento de las penas en un sentido generoso.
No había razón para esperar que lo hiciera. Una característica en las actuaciones del Gobierno es optar por la chapuza en vez del respeto al procedimiento. Podría haberse ahorrado las mentiras y denunciar el pacto antiterrorista en cuanto Jesusito de mi Vida empezó a negociar con Otegi, haber hecho derogar la Ley de Partidos y llevar al Congreso una interpretación más favorable a los etarras del cumplimiento de sus condenas. Pero no había por qué, ya digo. Era mucho mejor mantener los principios, acusar al PP de no respetar el Pacto Antiterrorista y violarlo a la chita callando, que los hombres decentes siempre hemos ido de picos pardos discretamente: de noche y por el callejón.
Las actas y los actos
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