EL AUTO de la Sala del 61 del Tribunal Supremo en el que falla en contra de la legalización de Sortu reviste una extraordinaria importancia, porque pone en evidencia que el nuevo partido de la izquierda abertzale forma parte de la hoja de ruta trazada por ETA para volver a negociar con el Gobierno. El Supremo basa en buena medida su decisión en un documento incautado en abril de 2010 por la Guardia Civil a la abogada Arantza Zulueta, impulsora de Sortu, en su despacho profesional. Ese documento fue redactado por ETA en agosto de 2009, un año y medio antes de la creación del nuevo partido que ahora pretende concurrir a las elecciones.
El auto del Supremo deniega la inscripción de la nueva formación al entender que Sortu es un artificio político creado por ETA. Así lo demuestra este informe interno en el que la banda se atribuye «el papel de abrir el proceso o de tutelar los pasos que se van dando», según afirma el Supremo. Esta idea queda muy clara en el propio documento de ETA incautado en el que la organización afirma que quiere convertirse en «garante activo del proceso democrático como consecuencia de su papel histórico y político». La banda observa que «la lucha» que sostiene contra el Estado ha producido «un empate infinito» en el que «ni nosotros ni el enemigo cede».
Admite posteriormente que «como consecuencia de su ilegalización, la izquierda abertzale ha mostrado debilitada su capacidad de influir», por lo que concluye que «el objetivo es abrir un proceso que levante los topes de los Estados de las raíces del conflicto político».
ETA considera prioritario que la izquierda abertzale pueda volver a desarrollar su acción como un partido legal, pero sin renunciar a «la lucha armada» que «debe estar abierta como posibilidad potencial», según sus palabras. El Supremo observa que ETA incluso está dispuesta a aceptar que el nuevo partido «denuncie sus propios atentados en un esquema acomodaticio», lo que supone el colmo del cinismo.
Más alto y más claro no se puede decir: lo que la banda está propugnando en esos papeles es la creación de Sortu en una primera fase, que acabaría con su vuelta a las instituciones. En una segunda fase, ETA negociaría de nuevo con el Gobierno porque, como subraya la banda, «sin mesa de negociación ETA-Estado no hay proceso democrático». ¿Es posible escuchar algo más repugnante de labios de una banda de asesinos?
La resolución del Supremo desenmascara el discurso de los promotores de Sortu, que habían manifestado su repudio a la violencia y su aceptación de las vías democráticas. Todo es una farsa diseñada por ETA con las mismas marionetas que ha utilizado siempre.
La gran cuestión que plantea este documento es si el Gobierno está de acuerdo con esta hoja de ruta de ETA y aceptaría en el futuro una nueva mesa de negociación política con la banda tras una hipotética legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, los representantes del Gobierno que negociaron con ETA parecían estar de acuerdo con ese guión, según se desprende de las actas incautadas a López Peña.
EL MUNDO revela hoy que Jesús Eguiguren, presidente del PSE, declaró ante el juez que «podría» haber habido 65 reuniones con ETA antes de junio de 2006. Como la banda declaró su tregua en marzo de ese año, el dato indica que los socialistas llevaban negociando desde hacía mucho tiempo antes, a espaldas del PP.
Rubalcaba calificó ayer de «bazofia» el contenido de las actas de ETA. Por una vez, estamos de acuerdo: realmente es una bazofia lo que dicen en esas reuniones los representantes de un Gobierno que aceptó una negociación política de tú a tú con unos terroristas y la mantuvo después de que volaran la T-4.
epsimo y EL MUNDO_____________________
Más cerca de los asesinos que de los asesinados
Lo más grave de lo revelado en las actas de la negociación con ETA, que está ahora bajo la lupa del juez Ruz, no es sólo que los emisarios del Gobierno hayan podido incurrir en delitos como colaboración con banda armada.
El Gobierno pactó con ETA excarcelar a De Juana y luego alegó "motivos humanitarios"
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